Desde Plaza Italia hasta Los Héroes se movilizaron este sábado sindicatos de trabajadores del mundo privado y público, para protestar en contra del sistema de AFP.

Además, los manifestantes exigieron a la denominada Comisión Bravo acelerar los tiempos de entrega del documento que desde 2014 preparar por mandato presidencial.

El representante de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios y vocero de No Más AFP, Luis Mesina, sostuvo que no es posible hacerle correcciones a un sistema que fue concebido con el propósito de desarrollo y mercado de capitales.

“La propia Comisión determinó que en 10 años más la tasa de reemplazo llegará al 23 por ciento del ingreso del trabajador, es decir, sobre la base de un 75 por ciento que gana 350 mil pesos recibirán 82 mil pesos de pensión. Esa cantidad es un insulto, es menos de un tercio del salario mínimo”.

Para los bancarios, un mal ejemplo de cómo presionar a las autoridades fue el de los camioneros. En ese sentido, dijo que de ser necesario utilizarán las mismas medidas de presión. “Los los camioneros demostraron que con prepotencia se puede contar con la complacencia de las autoridades, por lo que se deben evaluar mecanismos de desobediencia civil si es necesario”, advirtió Mesina.

El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) Esteban Maturana, coincidió con Mesina y advirtió que al enfrentarse a un poderoso grupo económico, lo que queda es avanzar hacia un paro nacional total que detenga la producción, tal y como se hizo en Argentina con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

A su juicio, el escenario de recesión mundial que hace que los trabajadores pierdan fondos ahorrados, pero que no merma en las ganancias de los dueños de las AFPs, es el claro ejemplo de desigualdad con el que se rigen: “Es un robo instalado que debemos superar”, dijo Maturana.

El problema no es solo con el sistema de pensiones y la inequidad que en él opera. Para los trabajadores, ni siquiera hay esperanza en las conclusiones que emerjan desde la Comisión Bravo: “No tenemos altas expectativas”, dijo la vicepresidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nury Benítez.

La principal crítica radica en que los 24 expertos que la integran, no provienen desde el mundo del trabajo precario, ni tampoco representan a los pensionados.

Nury Benítez agregó que en la situación actual, donde el “poder económico sigue siendo el gran chantajista del país” es poco lo que se puede avanzar, toda vez que los intereses de las autoridades están cooptados por las grandes empresas.

Tampoco es un buen augurio el accionar del Gobierno, indicó la dirigente. Para quien es claro que las autoridades son débiles a la hora de impulsar las reformas que el mundo social exige.

Entre las propuestas que se manejan por algunos de los sectores asistentes, está el escenario tripartito, donde trabajadores, empleadores y el Gobierno administren en conjunto los dineros recaudados para la jubilación.

Así lo explicó el vicepresidente de la Confederación Coordinadora de sindicatos del Comercio, Manuel Díaz. El representante del sector privado aseguró que en este sistema sería fundamental el cuidar que los dineros se invirtieran en el país, idea que circunda en varias discusiones sobre el tema, principalmente por el ingreso fresco que sostendría la economía nacional.

Sobre la Comisión, Manuel Diaz dijo que lo único que hacen los ma datados por la Presidenta es

” perpetuar el sistema de AFP para no conseguir el reparto solidario que nosotros pretendemos, así que se harán todas las medidas de presión posibles”.

La posición del movimiento social y sindical de trabajadores, cada vez gana más apoyo en el seno del Legislativo. Ahí, nombres como los senadores Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, por ejemplo, comparten la idea de buscar un nuevo paradigma para resolver el sistema de pensiones que rige a Chile desde la ley de José Piñera.

Las conclusiones de la Comisión Bravo se esperaba fueran entregadas la semana recién pasada, no obstante, se aplazó para los primeros días de septiembre. En ellas, una de las principales incógnitas será si se contiene la opción de crear una AFP estatal, medida comprometida por la Nueva Mayoría en su programa de gobierno.

Otras, como el aumento en la edad de jubilación para las mujeres estaría incluida. El punto desata controversia entre los expertos y afectados, no existe una posición común sobre la posibilidad de elevar a 65 años la edad necesaria para que las mujeres accedan a su fondo de pensión.