“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” (…) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población”, se lee en la sentencia.
Según la Agrupación de Marineros Antigolpistas, este hecho borra la memoria histórica del lugar que durante dictadura funcionó como centro de tortura y violación de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, indicaron que detrás de la demolición existe un importante negocio inmobiliario.
Este jueves, la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a Francisco Toledo Puente, ex carabinero condenado por la muerte de Rafael Vergara Toledo. “Uno se lamenta. Le da mucha pena porque son agentes del
Estado que cometieron crímenes contra la humanidad y los dejan libres”, señaló el padre de los jóvenes miristas asesinados, Manuel Vergara,
El beneficiado es Francisco Toledo Puente, ex carabinero que cumplía su condena en Punta Peuco.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a ex prisionero político de los campos de prisioneros de Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos, quien fue sometido a vejámenes entre febrero y julio de 1974.
Mientras países como Estados Unidos adoptan políticas anti migratorias, otras naciones de América Latina proponen nuevas estrategias para proteger los derechos de la población migrante. Tal es el caso de Ecuador, país que aprobó una normativa que dará a los ciudadanos de otros países, así como también a los ecuatorianos en el exterior, diversos beneficios para mejorar su calidad de vida.
De acuerdo a un informe del INDH conseguido en exclusiva por Diario y Radio Universidad de Chile, desde el año 2000 hasta 2014 se han registrado 19 casos, 108 imputados y tan sólo una condena producto de la aplicación de la Ley Antiterrorista. ¿El motivo? La inadecuada tipificación de lo que se entiende por terrorismo en Chile. La validez de esta normativa nuevamente se pone en discusión cuando desde el Senado surge la iniciativa de contemplar la figura de terrorismo individual.
En base a un informe realizado por el Ministerio de Justicia al interior de recintos del Sename, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, agregó que resulta fundamental reformar la institución con un enfoque en los derechos de los niños y adolescentes.
Más de 30 organizaciones han pedido a la ONU que examine el impacto de la ablación en Asia. Aunque la práctica suele estar relacionada con el control de la sexualidad de las mujeres, las formas y creencias varían dependiendo del lugar.
En el contexto del Estado de Catástrofe decretado en algunas regiones del país, comunidades mapuche solicitaron una cita con el Ministro del Interior, Mario Fernández, para que explique la irrupción violenta de militares, premunidos de armamento de guerra, en zonas sin daños ocasionados por incendios. “Aquí se ha sobrepasado todo límite”, señalaron.
Las modificaciones se dan a partir de una queja presentada contra el Ministro Juan Ignacio Correa, quien tramita causas en la Corte de Apelaciones de Valdivia por delitos de torturas, secuestro y usurpación de funciones. Así lo expuso el abogado que realizó la solicitud de remoción, Roberto Ávila.
Este fin de semana el hijo de la lonko Juana Calfunao, Waikilaf Cadin, recibió un disparo en su pierna de parte de efectivos de Carabineros, pese a contar la comunidad con protección decretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, Juana Calfunao acusa que su hijo no está recibiendo la atención hospitalaria necesaria.
La lonko Juana Calfunao de la comunidad de Juan Paillalef, ubicada en la región de La Araucanía, fue violentamente detenida por Carabineros junto a su hijo Waikilaf Cadin quien recibió un disparo en su pierna derecha. Esto, pese a que Calfunao y su familia se mantiene bajo medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esa es la conclusión a la que el Mecanismo Civil de Prevención de la Tortura arribó luego de visitar la cárcel de Colina II y el Centro de Internación Provisoria del Sename en San Joaquín. “La tortura ha pasado a estar en el sistema penal subterráneo (…) El problema es que no hay voluntad política de acabar con esta lacra de la tortura”, señala Alicia Alonso, directora de la ONG Leasur.
Se trata del sargento en retiro de Carabineros José Fritz Esparza de 84 años de edad y de Risiere Altez España de 88 años, ex funcionario de la Policía de Investigaciones, quienes por razones de salud se encuentran en el hospital penitenciario. Sus casos fueron analizados por el Servicio Médico Legal a expresa petición del ministro Mario Carroza.
