Los crímenes cometidos por los militares chilenos durante el régimen pinochetista ya empezaron a ser castigados: algunos miembros del Ejército, Aviación y Carabineros han sido juzgados y condenados. No así los de la Armada, quienes tuvieron importante participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la represión que siguió. El mes pasado, el edificio de la Academia de Guerra Naval –centro de detención y tortura de la dictadura– fue derruido. Víctimas que sobrevivieron a la llamada “Colina del Terror” asumen que con esa demolición la Marina pretende borrar sus huellas criminales.
El 17 de junio de 2014, la Corte Suprema había dejado sin inmunidad parlamentaria al diputado, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ilícitos perpetrados el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
El dirigente estudiantil se refirió a su detención por parte de la policía uniformada y a los últimos hechos de violencia en los cuales ha estado involucrado Carabineros. “La democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura”, señaló.
Más de veinte asociaciones de ex presos políticos iniciaron una toma indefinida de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las agrupaciones exigen el cumplimiento de un petitorio de diez puntos, entre los que se encuentra el fin a los cincuenta años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura, que los beneficios obtenidos se hereden y la homologación de las reparaciones.
El ejercicio de las facultades que tienen las personas o las autoridades en Chile siempre han sido impugnadas. Nunca les gustan a todos. Si la Presidenta (Michelle Bachelet) hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal, y si a la comunidad o a la mayoría de la comunidad no le gusta algo, hay que cambiar la ley”, dijo Hugo Dolmestch.
Violencia desmedida, jóvenes baleados, allanamientos constantes. Hoy la niñez mapuche enfrenta una situación compleja donde diariamente se violan los Derechos Humanos. Las denuncias advierten que furgones escolares y escuelas son abordadas por Carabineros, mientras los colegios son convertidos en retenes policiales.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, manifestó ser partidario de que “se apliquen algunas reglas de decencia y caballerosidad para la gente que está en estado terminal” a raíz del caso de reo de Punta Peuco fallecido este martes. Desde agrupaciones y abogados de DD.HH criticaron los dichos del presidente del máximo tribunal.
Frente a ello, el director regional del Instituto de Derechos Humanos de la Araucanía, Federico Aguirre, consideró el reciente fallo del máximo tribunal como una ratificación de que el procedimiento de Carabineros contravino la medida cautelar de la líder mapuche.
Analistas en políticas internacionales califican como un drama mayor la situación que viven miles de indocumentados en Estados Unidos: “El terror los lleva, incluso, a no salir de su casa por miedo a la policía”, plantea Raúl Sohr. Las reglas de Donald Trump ya han costado víctimas fatales, luego que un hombre decidiera suicidarse tras ser deportado.
La decisión la tomó la Corte Suprema, luego que Paulina Estay, estudiante atacada por Carabineros el 21 de mayo de 2015, pidiera que se le quitara la competencia del caso a la justicia militar que ya había sobreseído a los uniformados investigados. De este modo, los antecedentes de la agresión con luma y escudo serán destinados al Juzgado de Garantía de Valparaíso.
Uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros y el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía, son parte de los aspectos abordados por el Informe Anual de la ONG. Según el texto, 2016 fue uno de los años más dramáticos en términos de vulneración a los derechos fundamentales: 85 homicidios en Colombia y 58 en Brasil son algunas cifras.
La comunidad de Panguipulli asegura que la policía no acude al llamado de los vecinos cuando se denuncian amenazas por parte de la empresa, pero si resguardan sus faenas y las instalaciones de la central.
La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó a los agentes de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Urrich González a penas de 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos de secuestro de tres opositores a la dictadura desaparecidos en el centro de tortura “La venda sexy”.
“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” (…) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población”, se lee en la sentencia.
Según la Agrupación de Marineros Antigolpistas, este hecho borra la memoria histórica del lugar que durante dictadura funcionó como centro de tortura y violación de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, indicaron que detrás de la demolición existe un importante negocio inmobiliario.