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Año XIV, 24 de septiembre de 2022

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Condenan a miembros del Ejército por envenenar a presos políticos en 1981

"Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una "operación especial de inteligencia" (...) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada "toxina botulínica", la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población", se lee en la sentencia.

Natalia Figueroa

  Lunes 20 de febrero 2017 19:53 hrs. 
carcel

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El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones, Alejandro Madrid, condenó a cinco miembros en retiro del Ejército por su responsabilidad en dos homicidios consumados y cinco homicidios frustrados, ocurridos en diciembre de 1981 en la ex Cárcel Pública.

Eduardo Arriagada y Sergio Rosende fueron condenados a penas de veinte años de presidio por los homicidios de Víctor Hugo Corvalán y Héctor Walter Pacheco, y de los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Antonio Aguilera, Elizardo Enrique Aguilera y Adalberto Muñoz.

En tanto, los oficiales Joaquín Larraín, Jaime Fuenzalida y Ronald Bennet deberán cumplir diez años y un día de presidio en calidad de cómplices por estos hechos.

El caso es conocido por los elementos químicos traídos desde el exterior y utilizados por un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) contra los presos políticos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esta sustancia les generó una “intoxicación botulínica”, resultando muertos dos presos comunes quienes se vieron expuestos al envenenamiento por compartir de manera regular los alimentos con los presos políticos.

El abogado representante de Guillermo Rodríguez, Cristóbal Díaz, se mostró satisfecho con la medida que, a su juicio, marca un precedente para las víctimas y para la verdad histórica.

Luego de conocida esta sentencia, la defensa de los condenados podrá apelar a la sentencia o presentar un recurso de casación para revocar la medida que determina además el pago de una indemnización a las víctimas. Asimismo, el Estado debe cancelar por estos términos un total de novecientos cincuenta millones de pesos.

Sin embargo, el abogado dijo esperar que “se confirme la sentencia porque también se castigó a los culpables civiles que apoyaron la operación de inteligencia desarrollada por la Dictadura. Es decir, se ratifica este nexo que hubo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas para la eliminación física de los opositores del régimen”, señaló.

El profesional, también integrante del Comité de Defensa del Pueblo, destacó las diligencias que se desarrollaron en este caso. “Una investigación que no solamente es testimonial sino que es científica. El ministro mandó a citar a los agentes de inteligencia, a a funcionarios de Gendarmería, del Ejército, se asesoró técnicamente sobre el uso del químico y se realizaron peritajes de esta sustancia en el extranjero”, explicó.

Además, agregó que “es el Estado de Chile que debe reparar a las víctimas, de acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque a través de sus agentes se dañó el plan de vida de estas personas que ahora mantienen daños de salud irreparables como problemas respiratorios, estomacales, neurológicos, entre otros”.

“Gastritis aguda” 

En el mes de diciembre de 1981, se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica de Santiago, el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Rodríguez Morales, y los simpatizantes de dicha agrupación política Adalberto Muñoz Jara, Ricardo Antonio y Elizardo Enrique Aguilera Morales, quienes compartían en la denominada “carreta”, los alimentos que les eran traídos por sus familias con los procesados por delitos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Walter Pacheco Díaz.

El 7 de diciembre de 1981 las seis personas comenzaron a presentar graves problemas de salud. A eso de las 15:30 horas fueron internados en la enfermería, donde no se les atendió argumentando que padecían de “gastritis aguda”, siendo devueltos a sus celdas. Sin embargo, las familias de los internos solicitaron, a través de alegaciones mediante la Vicaria de la Solidaridad, la presencia de un médico particular, lo que fue negado por el Alcaide quien le informo al fiscal de la Primera Fiscalía Militar que ninguno de los internos requería de atención médica, pues su estado de salud no era de gravedad.

Pese a esto y atendiendo a su gravedad, se dispuso el traslado de todos los intoxicados al Hospital del Centro de Readaptación Social de Santiago (CERESO). El 10 de diciembre se informó al Tribunal competente que Víctor Hugo Corvalán Castillo había fallecido en el traslado y que el médico a cargo afirmó que el diagnóstico fue “Intoxicación Botulínica”, siendo trasladados a la unidad de Tratamiento Intensivo de la Asistencia Pública de Santiago.

El 20 de diciembre de 1981, se dio cuenta del fallecimiento de Héctor Walter Pacheco Díaz en la Posta Central.

“La sustancia que produjo el envenenamiento de los internos antes mencionados, fue obtenida por el Instituto Bacteriológico, por haber sido solicitado por el director al laboratorio correspondiente en Brasil, siendo luego enviado vía valija diplomática a Chile, recepcionado en la Cancillería y, posteriormente, recibido en un laboratorio secreto del Ejército ubicado en calle Carmen N°339, el cual dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), siendo introducida dicha a la Ex Cárcel Publica de Santiago, ubicada en calle General Mackenna, de esta ciudad”, se lee en la sentencia del caso.

Y agrega: “Los hechos descritos precedentemente, permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” que habría terminado con el fallecimiento de los internos Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor Walter Pacheco Díaz, los cuales eran enjuiciados por delitos comunes y se encontraban recluidos en la galería N°2 de la Ex Cárcel Publica, produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población y, previamente, entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)”.

Los demás intoxicados y destinatarios originales del envenenamiento,  Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Enrique Garrido Ceballos, sufrieron graves lesiones producidas por la ingesta de los alimentos contaminados, logrando sobrevivir –a pesar de la tardanza en el auxilio– por el oportuno y certero diagnóstico de la causa del envenenamiento, por los tratamientos que se les brindaron y por la aplicación de la antitoxina respectiva.

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