Según el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, los 33 responsables de crímenes de lesa humanidad serán trasladados a Colina 1 en pasillos distintos a la población penal común. En este sentido, el jurista exigió que se debe avanzar en el cierre de “cárceles de lujo”.
Se supone que La Moneda enviará mañana al Congreso el proyecto de división del Servicio Nacional de Menores, que establecerá un ámbito para menores infractores y otro para menores víctimas de abusis. En la antesala, funcionarios de la entidad denunciaron la crítica situación que se vive en el Centro de Til Til, donde se produjo un enfrentamiento que dejó a 10 personas heridas. Acusan que ni la directora, Solange Huerta, ni el titular de Justicia, Jaime Campos, han querido tomar cartas en el asunto.
En los próximos días se llevarán a cabo una serie de actividades para no olvidar los hechos sucedidos en uno de los centros de tortura más crueles de la dictadura cívico militar.
La petición, realizada por la defensa de la autoridad ancestral imputada por el caso Luchsinger Mackay, espera que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.
El ex jefe de la CNI fue condenado junto a otros 32 agentes por el secuestro calificado de seis ciudadanos chilenos ocurrido en el año 1987.
La familia de la comunera mapuche que dio luz engrillada el año pasado, se encuentra a la espera de la resolución de un recurso interpuesto ante la Corte Suprema para evitar este traslado. El fallo podría ser comunicado durante esta semana.
Hasta ahora sólo se ha formalizado a un funcionario. Esto, pese a que desde la familia del joven señalaron que otras dos personas habrían participado en el hecho ocurrido en 2014.
Los crímenes cometidos por los militares chilenos durante el régimen pinochetista ya empezaron a ser castigados: algunos miembros del Ejército, Aviación y Carabineros han sido juzgados y condenados. No así los de la Armada, quienes tuvieron importante participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la represión que siguió. El mes pasado, el edificio de la Academia de Guerra Naval –centro de detención y tortura de la dictadura– fue derruido. Víctimas que sobrevivieron a la llamada “Colina del Terror” asumen que con esa demolición la Marina pretende borrar sus huellas criminales.
El 17 de junio de 2014, la Corte Suprema había dejado sin inmunidad parlamentaria al diputado, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ilícitos perpetrados el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
El dirigente estudiantil se refirió a su detención por parte de la policía uniformada y a los últimos hechos de violencia en los cuales ha estado involucrado Carabineros. “La democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura”, señaló.
Más de veinte asociaciones de ex presos políticos iniciaron una toma indefinida de las sedes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las agrupaciones exigen el cumplimiento de un petitorio de diez puntos, entre los que se encuentra el fin a los cincuenta años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura, que los beneficios obtenidos se hereden y la homologación de las reparaciones.
El ejercicio de las facultades que tienen las personas o las autoridades en Chile siempre han sido impugnadas. Nunca les gustan a todos. Si la Presidenta (Michelle Bachelet) hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal, y si a la comunidad o a la mayoría de la comunidad no le gusta algo, hay que cambiar la ley”, dijo Hugo Dolmestch.
Violencia desmedida, jóvenes baleados, allanamientos constantes. Hoy la niñez mapuche enfrenta una situación compleja donde diariamente se violan los Derechos Humanos. Las denuncias advierten que furgones escolares y escuelas son abordadas por Carabineros, mientras los colegios son convertidos en retenes policiales.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetch, manifestó ser partidario de que “se apliquen algunas reglas de decencia y caballerosidad para la gente que está en estado terminal” a raíz del caso de reo de Punta Peuco fallecido este martes. Desde agrupaciones y abogados de DD.HH criticaron los dichos del presidente del máximo tribunal.
