Hernán Larraín aseguró que revisará el nombramiento, siendo lo más seguro que se cambie el nombre de quien ocupará la notaría de San Fernando.
Mientras algunos aseguran que se habría firmado el Decreto Supremo ordenando el cierre, desde el Ejecutivo prefieren mantener el secretismo con el que estos días se ha manejado el posible fin del controvertido penal.
El Servicio Electoral impugnó una factura por poco más de treinta millones presentada por la sociedad creada por el jefe de campaña y el jefe de prensa de Marco Enríquez Ominami.
Después de tres años de investigación comenzó a prepararse el juicio oral en el Caso Caval. Lo más destacado de la jornada fue por el procedimiento abreviado contra el síndico de quiebras y las querellas de Compagnon contra los fiscales Arias y Moya.
La contienda de competencia fue promovida por el contralor Jorge Bermúdez ante el conflicto por el traspaso de 1331 funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica al sistema previsional administrado por Capredena. Los argumentos de Contraloría se basan en que el Poder Judicial tiene prohibición de mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.
La máxima autoridad de los persecutores respondió el “téngase presente” enviado por el subsecretario del Interior. En el texto, criticó fuertemente la pasividad de la autoridad de gobierno frente al actuar de Carabineros.
El diputado socialista Leonardo Soto señaló que en reiteradas oportunidades se había solicitado las documentación al Hospital Militar, sin que las gestiones hayan sido exitosas.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
El diputado DC es de la idea de que las instituciones armadas del país gozan de demasiada autonomía. A su juicio se deben establecer mecanismos estrictos de control sobre sus acciones y se debe potenciar el liderazgo del poder civil por sobre el militar. Pilowsky cree que las vacaciones del general Bruno Villalobos son evidencia de un descriterio que debió haber sido la guinda de la torta para su destitución.
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
La causa por obstrucción a la investigación continuará en Temuco. Paralelamente, la abogada Marisa Navarrete dejó la defensa de Álex Smith y de tres funcionarios de Labocar.
La mujer, que habría colaborado en el secuestro de Cristián Edwards, quedó en libertad y deberá presentarse diariamente a firmar, luego de ser detenida el miércoles. El ministro Mario Carroza la procesó y pedirá su extradición.
Durante la tragedia, que ocurrió en febrero de 2017, fallecieron 19 personas.
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.