El Máximo Tribunal mantuvo la decisión del Corte de Santiago sobre el retiro de las imágenes conmemorativas de Manuel Contreras en dependencias de las Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y de la Academia de Guerra.
La ex ministra habría recibido poco más de 47 millones de pesos en efectivo provenientes de los llamados gastos reservados de la institución uniformada.
En conversación con nuestro medio, el padre de Camilo Catrillanca agregó que su familia aún mantiene la esperanza de que los acusados por el homicidio de su hijo reciban una “condena ejemplar”.
La medida cautelar se decretó tanto para Rubén Gallegos Rivas y Ramón Vargas Cotiart, quien es hermano del concejal RN por Hualaihué, Félix Vargas.
Esteban Bustos, Rubén Rivas y Gilberto Mendoza arriesgan hasta 10 años de cárcel por Ley de Seguridad del Estado.
El tribunal de alzada señala que si las AFPs hubiesen permitido el retiro de los fondos “sí habrían infringido la ley” pues ellos tienen como único fin el de generar pensiones.
Las acusaciones contra el llamado magnate de Hollywood dieron origen a un movimiento mundial de denuncias de abusos y acoso sexual contra las mujeres.
Matías Ugalde es su nombre, mismo que está casado, desde 2003, con Valeria Palma Bancalari, quien también fuera formalizada por la misma causa.
Desde la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales valoraron el fallo de la Suprema que otorga derechos de aprovechamientos de aguas a tres comunidades aymaras. Sin embargo, lamentaron que haya que recurrir a estas instancias para hacer valer un derecho.
La organización reconoció pasivos de entre 100 millones y 500 millones de dólares, y activos de solo 50.000 dólares. Al solicitar la bancarrota, el sistema judicial estadounidense decreta la suspensión de los litigios civiles en su contra.
El secretario de Estado, una vez conocidos los hechos, se mostró muy molesto con las declaraciones de Gustavo Hasbún y descartó cualquier tipo de cercanía con el ex diputado.
Los comuneros mapuche llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para pedir indemnizaciones por los perjuicios derivados del conocido montaje policial ocurrido en 2017.
La decisión fue tomada en fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.
El Ministerio Público lleva adelante investigaciones por los eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias en las que el ex diputado UDI podría ser imputado. En tanto, desde el Gobierno se respaldó la figura del ministro Lucas Palacios.
