Las acciones de cinco de las seis Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están siendo afectadas por el escándalo de la empresa Soquimich, luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) levantara cargos contra el controlador de esta minera no metálica, Julio Ponce Lerou, por delitos asociados a la violación de las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas.
Las entrevistas al ex director de la DINA, Manuel Contreras, reactivaron el debate por los beneficios carcelarios que tienen los condenados por violación a los Derechos Humanos. Tanto gendarmes como abogados destacan que los reos gozan de amplias comodidades, en los penales Cordillera y Punta Peuco, en contraste con el hacinamiento penitenciario existente en el país.
Actualmente, niños, niñas y adolescentes que participan de procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, son interrogados por lo menos cinco veces por distintas personas, las que no necesariamente están capacitadas para trabajar con ellos. Para expertos en temas de infancia, esto revela una despreocupación de parte del Estado en la protección de sus derechos fundamentales.
El Tribunal Oral Penal de Temuco condenó a 541 días de presidio remitido a Emilio Berkhoff Jerez (26) por el delito de maltrato de obra a carabinero con resultado de lesiones menos graves. El ex estudiante de Antropología, sindicado por el Gobierno como uno de los cabecillas de la Coordinadora Arauco Malleco, recibió la pena […]
El capitán de la Fuerza Aérea Jaime Donoso Parra, hecho prisionero y torturado en la Academia de la FACH a partir del 13 de septiembre de 1973, y procesado junto al general Alberto Bachelet y otros, plantea a radio Universidad de Chile una analogía de ciertas declaraciones públicas de los generales Fernando Matthei y Juan Emilio Cheyre.
Luego que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara el proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, organizaciones de Aysén, políticos y abogados afinan detalles para una respuesta judicial que permita detener la construcción de las represas. Los opositores argumentan en la grave amenaza que esta inversión significa para los habitantes, con amplia crítica a la institucionalidad ambiental.
Siguen aumentando las denuncias contra los llamados “instigadores del golpe”. Ahora se trata de Agustín Edwards, por la participación de su consorcio en el caso de los 119 y en manejos comunicacionales que enardecieron los ánimos antes y durante la dictadura.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
El secretario general del Partido Socialista entre 1971 y 1979 prestará declaración en la investigación del ministro en visita Mario Carroza, que busca determinar las responsabilidades de civiles en la gestación del golpe de Estado. Se espera que próximamente sean interrogados el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, y el ex líder de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez.
La Corte Suprema ordenó a la Sociedad Inversiones Torres del Paine restituir a la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), más de 2 mil millones de pesos obtenidos de las operaciones derivadas de la sustracción de instrumentos financieros por ejecutivos del holding Inverlink. En fallo dividido (causa rol 11723-2011), la Tercera Sala del máximo […]
Durante la jornada del jueves se llevaron a cabo los alegatos finales de la apelación de segunda instancia por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos durante la dictadura chilena. Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk fueron detenidos por carabineros poco después del golpe de Estado, cuando pretendían cruzar la frontera con Argentina. Los acompañaban […]
Distintas agrupaciones se sumaron al llamado de algunos diputados opositores, quienes solicitaron ayer al Gobierno que indique “suma urgencia” a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, que deja sin sanción las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1978. Analistas destacan que su vigencia evidencia un retraso a nivel político y judicial, entre otras herramientas que impiden un juicio a los responsables.
El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas solicitó a la embajada norteamericana que interceda ante el gobierno, pese a que se espera una posición de omisión para no levantar críticas contra este modelo de instrucción militar.
La acción judicial es interpuesta en favor de 119 personas, en su mayoría jóvenes -diez de ellos eran menores de edad- e incluida una mujer embarazada, detenidas por agentes de la DINA y cuyo paradero es hasta el día de hoy desconocido.
En una de las primeras acciones luego de la declaración del viernes pasado, el Pleno de la Corte Suprema decidió otorgar herramientas para garantizar una dedicación exclusiva de magistrados que investigan causas de Derechos Humanos, vinculadas a las violaciones cometidas durante el régimen militar.
