Desde la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales valoraron el fallo de la Suprema que otorga derechos de aprovechamientos de aguas a tres comunidades aymaras. Sin embargo, lamentaron que haya que recurrir a estas instancias para hacer valer un derecho.
La organización reconoció pasivos de entre 100 millones y 500 millones de dólares, y activos de solo 50.000 dólares. Al solicitar la bancarrota, el sistema judicial estadounidense decreta la suspensión de los litigios civiles en su contra.
El secretario de Estado, una vez conocidos los hechos, se mostró muy molesto con las declaraciones de Gustavo Hasbún y descartó cualquier tipo de cercanía con el ex diputado.
Los comuneros mapuche llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para pedir indemnizaciones por los perjuicios derivados del conocido montaje policial ocurrido en 2017.
La decisión fue tomada en fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada.
El persecutor no descartó su renuncia y expresó que tal decisión debería ser comunicada a la fiscalía a más tardar la primera semana de marzo para evitar mantener la incertidumbre en el órgano de investigación. Su abogado, Cristóbal Osorio, señaló que la sentencia de la Corte Suprema “deja sin argumentos la arista penal”.
El Ministerio Público lleva adelante investigaciones por los eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias en las que el ex diputado UDI podría ser imputado. En tanto, desde el Gobierno se respaldó la figura del ministro Lucas Palacios.
Klug fue detenido en Italia en un hotel de Parma a inicios de junio pasado, y hasta entonces pesaba sobre él una orden de detención internacional por el llamado caso de las “centrales hidroeléctricas”, en la que se confirmó su participación en octubre de 2014, cuando la Corte Suprema ratificó su condena.
Los recurrentes buscaban el cambio de la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional por la de arresto domiciliario total, lo que fue rechazado por la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el ámbito civil, la sentencia ordena al Fisco una indemnización de poco más de veintiséis millones de pesos.
El caso Arias partió en abril del 2019, luego de que el persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya, lo acusara de una serie de irregularidades.
Cuestionamientos apuntan a la aplicación de leyes más gravosas de lo que correspondería, como ocurre con la Ley sobre Control de Armas y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. “Acudir a ese recurso, respecto de jóvenes, es tan grave como invocarles la Ley Antiterrorista”, asegura la abogada y académica Myrna Villegas.
Nuevamente fueron las redes sociales las que alertaron del hecho públicamente. Carabineros aseguró que una vez informados del hecho procedieron a retirar el carro y que comunicarán el resultado de la investigación sobre el líquido de manera oportuna.
El ex uniformado se encuentra, desde ya, en la Cárcel de Colina 1.
El pasado 30 de octubre Rubén Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos fueron detenidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda acusados de haber instalado barricadas en la línea férrea del tren central. Los tres denuncian una serie de irregularidades en la investigación llevada adelante por la Fiscalía, además de la aplicación de medidas cautelares excesivas.
