Además, el sexto estudio que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó que el 83,4% no cree que las personas reciban un pago digno por su trabajo.
La ministra del Interior manifestó que “los equipos de nuestro ministerio, que son parte de este proceso están desde ya estudiando cuáles son las acciones o los mecanismos con los cuales se pueda revertir esta decisión que no comparte el Ejecutivo”.
Los persecutores solicitaron “evaluar suspender la vigencia de la instrucción hasta garantizar la presencia de funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación en los Tribunales de Garantía”.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional consideró fundamental aclarar las eventuales responsabilidades de las autoridades políticas y policiales durante el estallido social y avanzar en medidas de no repetición.
Sin embargo, el Defensor Penal Público Carlos Mora se mostró en contra del lineamiento del Fiscal Nacional. “La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país”, afirmó.
La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer recordó que en el 2019 la organización emitió un estudio que devela que el 81% de las mujeres que realiza una denuncia ante Carabineros por haber sufrido violencia, tiene una mala acogida
La portavoz de la Corte Suprema indicó que la medida anunciada por el Fiscal Nacional de pedir prisión preventiva para extranjeros indocumentados que sean detenidos por las policías, debe ser analizado caso a caso.
La indagatoria se realizará en su oficina y estará centrada en su eventual responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de 2019.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado querellante, Cristian Cruz, afirmó que este caso “demuestra lo complejo y desigual que resulta perseguir la responsabilidad penal de los policías cuando delinquen”.
En fallo unánime, los tres jueces declararon culpable a Rojas por los delitos de violación con homicidio y aborto, crímenes ocurridos en Conchalí en 2020.
El tribunal de Apelaciones de Temuco revocó la resolución que dejó en libertad a los funcionarios del Ejército acusados de simular un fusilamiento en contra de detenidos durante las manifestaciones de octubre de 2019
El abogado señaló que la regla de la legítima defensa privilegiada es un aspecto que es problemático, no tanto por el texto que finalmente salió, sino por las interpretaciones equívocas que le han adjudicado a la norma.
En rigor, la norma debería regir a contar de este lunes, pero las autoridades han señalado que podría aplicarse en el caso de Llolleo, donde un carabinero abatió a balazos a un joven en un control vehicular el sábado pasado.
La académica de Derecho de la Universidad de Chile cuestionó el establecimiento de prisión preventiva a migrantes indocumentados y señaló que, de avanzar en este tipo de iniciativas, se podrían poner en jaque las libertades personales en el país.
Entre las víctimas está un familiar del exalcalde y exministro UDI Joaquín Lavín. El máximo tribunal decidió aumentar las penas de dos de los involucrados y confirmó la condena de 20 años contra el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo.
