La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
El suspendido fiscal de O’Higgins declaró por cerca de cuatro horas frente al persecutor Alberto Ayala, quien sigue el sumario administrativo en su contra.
“Según el testimonio de la madre del menor, los hechos habrían ocurrido en el Colegio San Ignacio de Alonso Ovalle, cuando el sacerdote era rector de dicha institución”, se lee en el comunicado emanado desde la misma Compañía de Jesús.
Desarrollado por la Defensoría Penal Pública, este proyecto visibiliza casos de personas que injustamente han estado en prisión preventiva siendo inocentes. A través de sus testimonios, y una serie de recomendaciones y diagnósticos respecto de los procesos investigativos, la idea es poder mejorar y optimizar este tipo de medida cautelar, evitando así que inocentes estén en la cárcel.
Para el 25 de junio quedó fijada la audiencia contra el líder mapuche acusado por la Fiscalía de participar en un asalto a la caja de compensación “Los Héroes” en abril de 2018. Desde agosto de ese año, los comuneros permanecen privados de libertad, sin ningún tipo de beneficio carcelario.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
Sanciones podrían alcanzar hasta 20 años de cárcel. La diputada PPD, Andrea Parra, llamó al Gobierno a revisar prioridades en materia de seguridad ciudadana.
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
La Fiscalía solicitó un total de 15 años de prisión para el sargento en retiro Carlos Alarcón, quien fue el autor de los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca. En la acusación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, está llamado a declarar en calidad de testigo, sin embargo, para Marcelo Catrillanca el secretario de Estado debiese ser imputado.
A las acciones de protesta, se suma la solicitud de renuncia contra el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Francisco Miranda, después del fallecimiento de la profesional de origen haitiana embarazada, ocurrido este jueves.
A través de una carta dirigida a la directora de la entidad, Consuelo Contreras, los dirigentes de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos evidenciaron los hechos irregulares cometidos, principalmente, por dos jefes de unidad. En la misiva, los suscritos a la AFFINDH exigen tomar las medidas que correspondan y detener las violaciones laborales.
Esto, tras retirar la candidatura de Dobra Lusic por no concitar el apoyo necesario en el Senado.
Por más de 50 años, la denominada Fundición Hernán Videla Lira ha perjudicado gravemente la vida de los residentes de la comuna distante a 19 kilómetros de Copiapó. Después de un nuevo episodio de emanación tóxica, el INDH y vecinos intentan, a través de recursos judiciales, paralizar las faenas de la planta.
24 torres de 15 pisos, casi 2.500 departamentos y más de 4 mil estacionamientos son parte del Proyecto Hijuelas Quilín, que comenzaría su construcción el próximo mes de julio. Representantes de la comunidad afectada expresaron sus reparos ante la comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, donde denunciaron la nula consideración hacia los ciudadanos de una iniciativa empresarial que “solo empeorará la calidad de vida de los vecinos”.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco acudió al Juzgado de Garantía de Temuco junto a su abogado, en donde ampliaron la querella que ya habían interpuesto en contra de Gonzalo Blu y Patricio Marín, incluyendo ahora a los fiscales Sergio Moya y Luis Arroyo, además del ex General Director de Carabineros, Bruno Villalobos.
