Desde el Ejecutivo, el presidente Sebastián Piñera envió una carta a su par Emanuel Macron para que este intervenga en el asilo político que se le otorgó al ex frentista, mientras que desde los partidos oficialistas hicieron también entrega de un documento para pedir que el Gobierno francés se pronuncie y revoque la decisión de la Oficina Francesa de Protección a Refugiados y Apátridas (Ofpra)
El ex uniformado se encontraba con su aspecto físico cambiado para evitar ser descubierto por las unidades policiales.
Alberto Espinoza comentó las diversas acciones políticas que se han dado en las últimas horas para revertir el asilo otorgado al chileno en Francia, ante lo que el defensor descartó que la institución gala cambié su decisión y señaló que las solicitudes de extradición no tienen fundamentos en la actualidad.
La movilización se inició a las 0:30 horas de este lunes y considera que los funcionarios no realizan los traslados de los detenidos desde los centros de reclusión hacia los tribunales, ni tampoco permitirán que se realicen nuevos ingresos de personas en los lugares que ellos custodian.
El pasado 9 de octubre la Comisión Mixta que analizó el proyecto de ley de libertades condicionales despachó su informe, el que se espera sea revisado por la Sala del Senado en las próximas semanas. La UDI informó que acudirán al Tribunal Constitucional por el aumento de exigencias que se busca legislar, en particular a lo que refiere a los condenados por delitos de lesa humanidad.
A tan solo una semana de que se presentara el protocolo que regula la Ley de Aborto en tres causales, tal como lo habían advertido, parlamentarios de la UDI y RN llegaron hasta el Tribunal Constitucional para que se revise una parte del documento que sería inconstitucional.
En votación dividida, los magistrados del Tribunal de Alzada desestimaron los argumentos de la fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, quienes pretendían llevarlo a juicio por delitos tributarios. Persecutora a cargo del caso anunció que analizará un posible requerimiento, ahora, ante la Corte Suprema.
Con esta decisión, el organismo jurisdiccional aprobó en todas sus partes la legislación y desechó el “téngase presente” que hace unos días interpusieron diputados oficialistas contra el cambio de sexo registral en adolescentes a partir de los 14 años.
La directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, Lorena Lorca, calificó el acuerdo como un respaldo fundamental al trabajo que vienen realizando desde el año 2009.
El Tribunal de alzada de la región de O’Higgins rechazó recurso de protección presentado por el Obispado de Valparaíso después de los masivos allanamientos ocurridos en septiembre pasado en múltiples arquidiócesis. Con la decisión de la Justicia se podrán reactivar las diligencias.
Si bien el presidente de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones, Miguel Vázquez, aseguró que aún no se falla en torno a una posible reparación económica de la Iglesia católica a las víctimas de Fernando Karadima, la resolución sería inminente. Para expertos, esto sería el punto de partida para una secuencia de recursos legales que deberá enfrentar la Iglesia y que la dejaría en aprietos económicos, como ya ha pasado en Estados Unidos.
La sentencia da por acreditado que la comunidad demandante es descendiente del Pueblo Atacameño y como tal ha habitado desde tiempos precolombinos la zona interior de la Región de Antofagasta, especialmente el Ayllú de Solor, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.
En un comunicado, los tres demandantes y víctimas del ex sacerdote comentaron la decisión de la Corte de Apelaciones y el futuro de la causa. “Entendemos que la iglesia chilena aún puede recurrir a la Corte Suprema para intentar revocar este fallo y alargar aún más este doloroso proceso”.
El 16 de octubre de 1973 aterrizó en el patio del entonces Regimiento Arica –hoy Regimiento Coquimbo del Ejército- el helicóptero que transportaba al general Sergio Arellano Stark junto a su comitiva. Fueron recibidos por Juan Emilio Cheyre quien les indicó, según apunta toda la investigación, a los militantes de izquierda que luego fueron fusilados y enterrados en una fosa común del cementerio de la ciudad.
La nueva acción criminal pide que se dicten diligencias para que los organismos públicos entreguen los antecedentes que han sustentado las medidas decretadas por el gobierno que limitan el funcionamiento de las industrias que estarían contaminando a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví.
