Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en el caso cuyos condenados son ex miembros de Fuerza Aérea, Carabineros, Marina, Ejército y civiles, este “es un fallo que aporta a la construcción del nunca más en nuestro país”.
La acción nace de una denuncia ingresada por el jurista Gene Fernández Llerena por delitos de omisión de enuncia de parte de la jefa de gabinete y por “delitos funcionarios que se podrían haber cometido en el gobierno anterior”.
Esta semana la ACES depuso la toma de la sede del INDH y excluyó a su director de las conversaciones, cuando la Subsecretaría de DD.HH. respondió al petitorio entregado por secundarios que exigen reparación para las víctimas del estallido social.
El senador de Revolución Democrática se refirió a la suma urgencia que el Gobierno decretó para el proyecto de amnistía a los detenidos en el contexto del estallido social y no descarta que a futuro se avance en indultos presidenciales individuales.
Para el abogado Nelson Caucoto, uno de los querellantes en este caso “la verdad siempre termina por imponerse. La Corte dictó un fallo ejemplar, comprobándose que las falsedades de ayer han quedado al descubierto con este fallo”.
La muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel provocó que la Corte Suprema ordenara a Gendarmería disponer de un médico permanente en el recinto penal, un fallo del Máximo Tribunal que reflejó la ausencia de políticas con enfoque de género y la precariedad del sistema penitenciario del país.
El abogado Samuel Donoso ingresó el documento a la Corte de Apelaciones el mismo día en que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la petición para suspender la audiencia donde se debatirá la formalización del ex mandatario. El profesional argumenta que Urrutia demostró no ser imparcial sobre el tema.
La nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos se refirió a la decisión del Ejecutivo de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en materia de delitos cometidos en el contexto del estallido social.
La administración Piñera no ha quedado en el pasado para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esto en cuanto a que el organismo que representa elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario junto a otros ex funcionarios por la perpetración de delitos contra la humanidad durante el estallido social. Un expediente que recientemente fue engrosado con nuevos insumos que darían cuenta que el caso es de la competencia del máximo tribunal.
El expresidente de la comisión investigadora del fraude en el Ejército agregó que “es necesario diseñar una nueva estructura de funcionamiento y en esa estructura queremos quitarle la billetera a los militares”.
La ministra con dedicación exclusiva en el llamado caso “Milicogate” citó al Comandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez Menanteau en el marco de las aristas “Pasajes y fletes” y “Gastos reservados”.
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, informó a través de un comunicado que aceptó la renuncia de Andrés Iturra, quien será investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Oscar Izurieta permanece en prisión preventiva en el Campo de Policía Militar de Peñalolén luego que la ministra en visita, Romy Rutherford, así lo ordenara.
La Organización de Consumidores y Usuarios exige una compensación de 200 millones de pesos ($100 millones por daño material y $100 millones por daño moral) para cada enfermo de cáncer afectado por la exposición al herbicida Roundup de BAYER.
El legislador del PS que impulsó la continuidad de la jueza Romy Rutherford en el caso “Fraude del Ejército”, señaló que las declaraciones con las que el ex Comandante en Jefe reconoció haber transferido fondos de gastos reservados hacia la familia Pinochet, constatan que el ilícito fue deliberadamente perpetrado por los militares, quienes desarrollaron “la maquina de corrupción más grande al interior de la administración pública”.
