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Año XII, 1 de octubre de 2020

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Fiscalía evalúa apelar a la Corte Suprema ante el rechazo al desafuero de Jorge Pizarro

En votación dividida, los magistrados del Tribunal de Alzada desestimaron los argumentos de la fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, quienes pretendían llevarlo a juicio por delitos tributarios. Persecutora a cargo del caso anunció que analizará un posible requerimiento, ahora, ante la Corte Suprema.

Rodrigo Fuentes

  Martes 30 de octubre 2018 18:33 hrs. 
Valparaiso, 30 de mayo de 2018.
Senador Jorge Pizarro ofrece un punto de prensa en el Senado.
Raul Zamora/Aton Chile





Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición de desafuero del senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, en el marco del denominado caso Soquimich.

La decisión fue entregada por la presidenta del Tribunal de Alzada de Santiago, Dobra Lusic, quien informó que 19 ministros votaron por rechazar la solicitud de pérdida de inmunidad parlamentaria y nueve fueron partidarios de concederla.

El legislador DC está imputado por delitos tributarios vinculados a declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, utilizadas para el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de la empresa minera no metálica. Facturas emitidas a SQM por cerca de 45 millones de pesos, entre 2011 y 2012, a través de la empresa Ventus Consulting, firma perteneciente a sus hijos Jorge, Sebastián y Benjamín. Omitiendo, además, declaraciones de impuestos.

El abogado del senador Pizarro, Cristóbal Bonacic, además de valorar la resolución judicial, precisó que el Tribunal de Alzada acogió mayoritariamente los antecedentes que dan cuenta de que no existen hechos constitutivos de delito y, además, que el parlamentario no ha tenido intervención en los mismos.

“Esta resolución viene a confirmar lo que hemos dicho sostenidamente desde el inicio de esta investigación, en abril del 2015: que el Senador no ha cometido delito alguno, que el Ministerio Público ha desarrollado una investigación no cumpliendo con el principio de objetividad y no queriendo ver los profusos antecedentes que se han acompañado, que dan cuenta que no hay delito”, afirmó.

Su contraparte, la fiscal a cargo de la investigación Paola Castiglione, manifestó su sorpresa por el rechazo a la solicitud de desafuero emitido por los magistrados, sin embargo, precisó que, luego de estudiar el detalle los argumentos de la decisión, podría apelar ante la Corte Suprema.

“Naturalmente no es lo que esperaba el Ministerio Público, pero hay que conocer el resultado del fallo para ver cuáles son los fundamentos que ha dado el Tribunal de Alzada para rechazar la solicitud de desafuero y luego evaluar la posibilidad de presentar los recursos correspondientes”, aseguró.

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Para el abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, la resolución de la Corte es una mala noticia, sin embargo, precisó que el principal culpable de la decisión del tribunal es el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez.

Para el representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, el persecutor debió haber ampliado la investigación por actos de corrupción y no solamente cerrarla con delitos tributarios.

“La resolución dictada por una Corte de Apelaciones que rechaza una petición de desafuero no sería apelable, por lo tanto, creo que estamos ante una decisión final. Sin embargo, acá el problema es que la forma como ha enfrentado la Fiscalía el caso SQM es absolutamente equivocada e insuficiente. Acá nos encontramos frente a actos de corrupción, lo que no se ha investigado es que, a partir de estos pagos ilegales, los funcionarios públicos han realizado algún tipo de gestión en favor de dicha empresa”, subrayó.

Después de cuatro años de investigación, la Fiscalía cerró las indagaciones y formuló acusación solo por delitos tributarios en contra de Patricio Contesse, exgerente general de SQM, Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador y contra el propio Jorge Pizarro Soto. Dado que este último, en su calidad de senador, cuenta con fuero parlamentario, lo que le impide ser privado de libertad salvo en caso de delito flagrante, se solicitó retirar este beneficio, con la finalidad de dar pie a la formación de causa en su contra.