La propuesta de los representantes de los mapuche en huelga de hambre de incorporar al Poder Judicial a la mesa de diálogo como garantía de que no se volverá a aplicar la Ley Antiterrorista en sus casos, no cayó muy bien en La Moneda.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter manifestó su disgusto frente a la petición y aseguró que “hay un límite para todo y aquí estamos llegando a él”.

El secretario de Estado recalcó que el Gobierno ha realizado todas las gestiones para poder llegar a una solución en este conflicto y comentó que “no es posible que después de todos los esfuerzos que todas las partes han hecho, se plantee una cosa que nunca estuvo en las conversaciones”.

Hizpeter continuó su crítica diciendo que “no puede ser que un grupo de ciudadanos, por más respetable que sea, crea que puede estar por sobre la ley. Hay 35 comuneros que quieren estar por sobre la ley y exigen que se incorpore a la mesa de negociaciones al Poder Judicial y el Ministerio Público, pero sinceramente sentimos que a lo imposible nadie está obligado”.

El jefe de la cartera de Interior atribuyó este cambio en los términos del diálogo a la influencia de terceros que estarían “mal aconsejando” a los comuneros y a supuestas divisiones entre los huelguistas.

“No sé si esto es producto de las divisiones que ellos han exhibido o de consejos que están recibiendo de personas que no están privadas de libertad o no están en huelga de hambre. Se había avanzado y se habían dado señales positivas. Incluso los propios comuneros y sus abogados dijeron el viernes pasado que iban a haber buenas noticias. Algo pasó. Quizás se dividieron, hay fricciones entre ellos y surgió algo que nunca antes había salido en las conversaciones”, comentó.

Hizpeter aseguró que el Ejecutivo continuará abierto al diálogo y que mantendrá los ofrecimientos que se hicieron en un principio como dejar de patrocinar las querellas en las que se hubiese invocado la Ley Antiterrorista. Sin embargo, acotó que había que hacer “un juicio de realidad” para aterrizar las peticiones.

Por su parte, el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati – quien actúa como mediador en la instancia negociadora – descartó servir como intermediario con el Poder Judicial.

“Fui nombrado como facilitador del diálogo y el Gobierno aceptó eso y no me corresponde constituirme en la misma labor con otros poderes porque eso sería una arrogancia de parte mía”, dijo Ezzati y añadió que “en este caso la tarea es ver de qué manera ellos solicitan a los otros poderes del Estado la posibilidad de sentarse a la mesa, de seguir dialogando sobre sus problemas porque, según su parecer, el ofrecimiento del Ejecutivo no es suficiente porque en sus problemas intervienen otras autoridades”.

Discusiones claves para Ley Antiterrorista

En medio de este tenso escenario, en el Congreso podría vivirse una jornada clave este martes cuando el pleno del Senado vote las modificaciones a la Ley Antiterrorista propuestas por el gobierno.

El lunes se reunió la comisión de Constitución de la Cámara Alta para dar una señal política de preocupación por el tema, pero poco se avanzó en generar nuevas indicaciones a la iniciativa legal para poder acercar posiciones.

Desde la Concertación afirman que nuevamente intentarán sumar las indicaciones que buscan excluir el delito de incendio a la propiedad privada de la Ley Antiterrorista, que ya fue rechazado en dos ocasiones.

“Espero que si llegamos a una comisión mixta y si queremos llegar a un acuerdo, exista una disposición con el objeto de alcanzar posiciones no sólo por concordarlas sino porque suponemos que si el Gobierno busca legislar una Ley Antiterrorista en este momento es porque desea una solución para el problema mapuche y el acuerdo presentado no responde efectivamente a ese propósito”, comentó la senadora DC, Soledad Alvear.

De no producirse acuerdo en el Senado, el proyecto tendrá que pasar a un nuevo trámite legislativo, con la constitución de una comisión mixta, en la que la Alianza por Chile sería mayoría.

El senador UDI Hernán Larraín, indicó que ya existen algunos acuerdos políticos que deberían ser tomados en consideración para que los huelguistas depongan su movilización: “Queremos resolver esto lo antes posible, pero parte de este problema también radica en lo que hagan los comuneros y la forma en que se resuelva el tema en la mesa de diálogo. Estamos atentos a cómo avanzan estas cosas porque van en paralelo. Queremos apoyar y la rapidez con la que hemos tramitado este proyecto de ley tiene que ver con la voluntad de dar al Gobierno y a los comuneros instrumentos de acuerdo para que el diálogo sea fructífero”, indicó el parlamentario.

Otra traba de la discusión legislativa está en la solicitud de eliminar los testigos encubiertos de los procesos a mapuches, lo que se está negociando a través de permitir que la defensa de los comuneros también tengan acceso a interrogar a los testigos protegidos como contraparte.