“Estoy recién llegado” es una de las frases que Ángel Cabeza (56) repite con frecuencia, instalado en la amplia oficina reservada para el director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), en la esquina surponiente de la Biblioteca Nacional.
El arqueólogo de la Universidad de Chile, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y hasta ahora director de Barrios, Patrimonio y Turismo de la municipalidad de Providencia, además de académico de la Universidad Central, acaba de suceder en el cargo a Alan Trampe, quien lo ocupó en forma provisoria desde marzo, cuando el ministro Nicolás Eyzaguirre le pidió la renuncia a la anterior directora, Magdalena Krebs.
La construcción y rehabilitación de museos y bibliotecas regionales aparecen entre sus prioridades, aunque consultado por los principales énfasis de su próxima gestión responde que “la tarea que se nos ha encomendado es cumplir con el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet en el área de cultura”.
Justamente, el principal compromiso del área es la creación del ministerio de Cultura y Patrimonio, tarea que implica insertar a la Dibam en una nueva institucionalidad: “La creación cultural y el patrimonio tienen fronteras comunes y se potencian. No es bueno que estén totalmente separados, pero tampoco que se confundan. La creación cultural se nutre mucho de la conservación del patrimonio y viceversa, no hay patrimonio tampoco sin creación cultural para el futuro”, dice.
Inicialmente se propuso que, en el futuro ministerio, las bibliotecas integren el Servicio de las Artes e Industrias Creativas y no el de Patrimonio. ¿Qué posición tiene usted sobre esa propuesta?
Lo que se me informó en las últimas semanas es que las bibliotecas públicas quedarían en el área del Servicio Nacional del Patrimonio, comprendiendo que la función de las bibliotecas no es solo ser espacios de lectura, sino también patrimoniales; y comprendiendo que la forma de fomentar la lectura es transversal, que no solo se radica en la Dibam o el Consejo de la Cultura, sino que también está en Educación y en distintos servicios y ministerios. Lo que importa es cómo se integran estas distintas acciones para promover la mejor lectura.
No se implementaría esa idea entonces.
La solución es cómo fortalecemos programas de lectura y de fomento del libro, pero no generando este cambio de ubicación de las bibliotecas, que dentro de la Dibam ya tienen una tradición centenaria.
Por eso llamó la atención la propuesta, porque separaba una institución consolidada como la Dibam.
Pero tenemos que incursionar con cierta apertura de mente, porque es necesario pensar en el futuro y no siempre lo que hemos tenido de una manera debe permanecer así, lo que importa es la función. Lo que he leído en los documentos y he conversado con la Ministra es que se entendió muy bien la posición de la Dibam, que también ha entendido el sentido de esta propuesta del Consejo de la Cultura.
Luego que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la gratuidad de los museos de la Dibam, el director del MAC, Francisco Brugnoli, planteó que la medida los perjudicará y que debería ampliarse a todos los museos públicos, como los que pertenecen a la Universidad de Chile. ¿Es posible?
Hay que estudiarlo. Pienso conversar con el director del MAC para ver cómo se puede solucionar el tema, sobre todo porque el MAC está detrás del Museo de Bellas Artes y es muy evidente que en un mismo edificio se cobre en un acceso y no en el otro. Hay que ver cuánto recupera el MAC por ingreso y colaborar para que esta medida sea útil al sistema de museos completo, pero la primera etapa es para los museos cien por ciento estatales, a través de la Dibam. Quizás con el tiempo se haga extensiva.
También hay que ver cómo se comporta la medida, porque no sabemos cuánta gente aumentará. En 2014 han ingresado 300 mil personas al Museo de Bellas Artes y no sabemos cuánta gente más querrá ingresar cuando sea gratuito. Eso implicará que analicemos algunos costos fijos asociados a esta demanda (baños, custodias, seguridad, etc.) y que también reduciremos algunos costos. Habrá que imprimir menos entradas, pero tendremos que cuidar mejor el espacio. Hay que darse tiempo.
También a propósito de esta medida, el director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, planteaba que hace falta una política de museos. ¿Existe esa política?
Desde que se funda el primer Museo de Historia Natural, en 1830, el Estado ha tenido una política de museos, no podemos confundir que no exista nada. Por eso tenemos también una Dibam y desde los comienzos de la República han construido y mantenido museos. Quizás debería haber más recursos, quizás deberíamos tener más museos, pero sí ha sido una función del Estado y de la sociedad en general.
En ese sentido, en 2015 se va a concluir el trabajo para tener una política Nacional de Museos moderna y para eso la Subdirección de Museos de la Dibam va a trabajar en distintas mesas, con distintos profesionales de la institución y de afuera. A fines de año esperamos tener el esbozo o una política nacional para la promoción, conservación y fomento de los museos de Chile.
Hay un caso particularmente conocido en el último tiempo, el del Museo Histórico Nacional, cuyo director, Diego Matte, no seguirá en el cargo. ¿Qué ocurrirá ahí?
Me estoy informando de lo ocurrido. El anterior director, Alan Trampe, me informó del caso y en la práctica es una decisión tomada. Yo estoy dispuesto a escuchar a todos los que han participado de esto, a los trabajadores del museo y al propio afectado, para recabar mayor información. Ahora, la institución ya tomó una decisión, el contrato en este caso era por tres años y concluyó en diciembre. Lo que corresponde ahora es iniciar el proceso de selección para designar al nuevo director.
¿No hay vuelta atrás?
Es una decisión tomada por la institución en el periodo anterior y no cabe otra cosa que respetarla e iniciar un proceso en el cual el propio afectado podría postular. Dadas las disposiciones legales, hay que buscar candidatos al interior de la institución, pero es posible incorporar candidatos externos.
El CMN, una institución que usted conoce, ha tenido muchos problemas en el último tiempo. Hace poco los trabajadores difundieron una serie de problemas laborales. ¿Ya se reunió con ellos?
He conversado con algunos y, previamente, concordé con Alan Trampe que el contrato de la secretaría ejecutiva (de José de Nordenflycht), que concluía en diciembre, no continúe. Es una situación que puede ocurrir con los cambios de administración de una institución como esta. Conozco desde hace muchos años a José de Nordenflycht y yo mismo lo conversé con él. Va a seguir a honorarios durante enero para que haga un informe del trabajo realizado y, mientras, buscaremos al hombre o mujer que asuma esta tarea, que es muy compleja.
Hay que entender la precariedad que tiene nuestro sistema nacional de protección del patrimonio. La conciencia de la ciudadanía sobre la protección del patrimonio es reciente y eso tiene que reflejarse en recursos, en el fortalecimiento de las instituciones. Una de las razones de la creación del ministerio va precisamente en esa línea. Por lo general, nuestras instituciones van por detrás de la demanda y tenemos que convencer a las autoridades, al Congreso Nacional, que es necesario cubrir con recursos humanos y financieros la protección del patrimonio y su gestión adecuada. Es una tarea permanente, estamos al debe hace muchos años, pero también reconozco que se ha avanzado bastante en los últimos 20 años, pero queda mucho camino por recorrer.
El ministerio apunta a solucionar los problemas del CMN, pero para eso hay que esperar un tiempo. ¿Cómo se solucionan los temas más urgentes?
Tenemos que hacer lo mejor para racionalizar recursos, focalizar las prioridades y entender las situaciones personales y laborales de los trabajadores. Casi todas las personas que están en el CMN están a honorarios y eso es una gran debilidad para un servicio público, pero si comparas 2014 con 1990, te das cuenta que antes había una sola persona y sin presupuesto. También tenemos que atender situaciones que antes no existían. Hoy la Ley de Bases de Medio Ambiente obliga a analizar el componente arqueológico en cada proyecto y la demanda es gigantesca. Son desafíos tremendos y tenemos que ver cómo resolver los problemas más urgentes. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible con los recursos que tenemos y se ha avanzado en comparación con lo que pasaba antes.
Pero respecto de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿hay alguna medida contemplada?
Estamos trabajando ese punto con el Ministerio de Educación. Yo asumí recién, la Ley de Presupuestos ya está aprobada y tengo que actuar con datos concretos, pero siempre hay un espacio. Hay que entrar a convencer y explicar y que se entienda la situación. Sin personas no cuidamos el patrimonio.
Los trabajadores dicen que están sobrepasados.
Yo fui secretario ejecutivo durante trece años y te podría contar experiencias. Cuando llegué a la Dibam estaba doña Marta Cruz Coke y me tuve que comprar, con mi primer sueldo, el primer notebook para iniciar el trabajo en una escalera de la Biblioteca Nacional. Después tuve una oficina, luego logramos adquirir la sede del CMN y pasamos de una caja chica de 25 mil pesos mensuales, en 1994, al presupuesto de hoy. O sea, se ha avanzado. Falta mucho, pero es importante tener la historia de las instituciones.
Cuando usted era secretario ejecutivo, el CMN autorizó remover patrimonio arqueológico para construir un tranque de relaves de la minera Los Pelambres, lo que no se hizo de manera regular.
Ocurrió en los últimos años en que estuve en el CMN y hay que comprenderlo dentro de este contexto de precariedad e imposibilidad de fiscalizar y comprobar todos los informes de arqueología que se hacen. En esa época se recibían alrededor de 50 estudios asociados a compromisos ambientales y proyectos que ya estaban aprobados por las comisiones regionales de medio ambiente. La ley establece que, una vez que un proyecto está aprobado e identificas un error en la línea de base, que la hacen las propias empresas, se establecen medidas de mitigación y compensación.
En esa época, frente a un tranque de relaves, había que salvar todo ese patrimonio arqueológico, que eran esencialmente bloques rocosos con petroglifos que iban a ser inundados por un tranque. Lo que se hizo fue tratar de salvar la mayor cantidad posible de este arte rupestre y en la medida de compensación se estableció la constitución de un parque arqueológico donde todos estos bloques serían instalados. Desconozco si eso se cumplió, porque son medidas que debían aplicarse en años siguientes en que yo ya no estaba en el CMN y ahora me informaré al respecto.
Lo importante es decir que las decisiones del CMN no las toma el secretario ejecutivo, son decisiones colegiadas e informadas, ratificadas por un acta. A veces se entiende que quien firma el papel está autorizando y en realidad está tramitando y comunicando decisiones de carácter colegiado.
¿A usted no le cabe responsabilidad entonces?
Tendríamos que tener responsabilidad por cada situación que el CMN amerita. Puedo dar fe de que en ese instante hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, no solo en este caso. Incluso muchas veces se iba a terreno sin viático o apoyados por otros servicios públicos para ahorrar costos en la fiscalización. Hay 50 casos mensuales solo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, más 300 o 400 casos de autorizaciones arqueológicas al mes, y con los recursos humanos para fiscalizar eso en todo Chile, te podrás dar cuenta de lo precario que era entonces y todavía hoy nuestra capacidad de fiscalizar y revisar todos los estudios que se hacen en esa área.
Pero en ese caso hubo sanciones y un sumario
Desconozco el tema del sumario, entiendo que se hizo a funcionarios de la Dibam de la época. Hay que entender la situación curiosa que se daba en esa época. Generalmente en los museos regionales o especializados había pocos arqueólogos y eventualmente distintas empresas solicitaban apoyo a sus directores, incluso se hacían acuerdos escritos. Esto se daba con mineras, eléctricas y empresas de distintas áreas que se comprometían a financiar un libro, una sala del museo, y en la práctica había una relación de carácter histórico. Incluso el CMN nombraba, como sus representantes, a los directores de los museos, porque no había quien lo representara. Es decir, en este caso y en otros, había que dar autorizaciones mes por mes en una situación angustiosa de recursos humanos. Puedes ir al CMN y preguntarle a la persona a cargo del SEIA y no sabe cómo abordarlo, porque todos los meses llegan más y más casos.
El tema no es pensar quién es más responsable o culpable. Si hay faltas administrativas las investiga la Contraloría y, si hay delitos, tendrá que poner los antecedentes ante la Fiscalía, para que actúe la ley.