El Gobierno presentó un proyecto de ley que congela hasta 2020 las concesiones acuícolas en las regiones de Los Lagos y Aysén y relocaliza concesiones situadas en parques nacionales de la región de Magallanes.
La iniciativa ingresó a la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, buscando facilitar el proceso de relocalización de las concesiones acuícolas de salmones.
El proyecto propone ampliar el plazo de cierre de acceso a las concesiones por cinco años, ya que está vigente una moratoria que expira el próximo 8 de abril.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, señaló que el Ejecutivo tiene altas expectativas con el proyecto, considerando que la acuicultura genera una gran cantidad de empleos y que un 93 por ciento del salmón se exporta a mercados norteamericanos, japoneses, brasileños, rusos y chinos. Cabe sumar a inversionistas de Noruega, Canadá y Alemania, que con sus fusiones y adquisiciones podrían llevarse tres cuartos de las exportaciones.
“Esperamos que el proyecto sea recogido y aprobado en el Congreso, porque es una buena medida desde el punto de vista de asegurar la condición sanitaria de salmones que participan de mercados muy exigentes a nivel internacional. Por otro lado, para asegurar un capital ambiental en las zonas de las tres regiones salmoneras por excelencia”, dijo Súnico.
Los reglamentos del ámbito sanitario y ambiental sobre concesiones demoraron más diez años en hacerse después de la implementación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que data de principios de los ‘90.
Sin embargo, en 2007 la industria salmonera sufrió pérdidas significativas al propagarse el virus ISA, enfermedad infecciosa que afecta al salmón atlántico. En 2009 y 2010 las industrias vivieron una baja en la producción al mantener concesiones vacías.
Según la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, Chile ha recuperado su segundo lugar como productor mundial de salmón, aunque nuevamente ha presentado problemas sanitarios por parásitos y presencia del virus ISA en Aysén.
En este contexto, el proyecto del Ejecutivo responde a que las empresas salmoneras necesitan ordenarse en su modelo de producción y a que últimamente se ha visto un proceso de concentración de la industria: “No ha funcionado el modelo de acuicultura 2.0 que se produjo en 2010, creando áreas de manejo sanitario que en su interior tenían varias empresas, donde se ingresaban los peces al agua para su engorda y se sacaban en periodos coordinados. Por lo tanto, la industria salmonera está tratando de reubicarse para que la propiedad de las áreas de manejo sanitario quede en manos de una sola empresa”, explicó.
La representante de Terram añadió que el Gobierno no está innovando ni protegiendo el medio ambiente, si se considera que existen dictámenes de Contraloría y del Poder Judicial que plantean la imposibilidad de establecer concesiones en el borde costero de parques nacionales.
Jorge Valenzuela, director del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural de Chiloé (Cecpan), afirmó que en la isla todavía no se logra que las rentas de las empresas salmoneras se materialicen en el territorio, puesto que desde un principio el desarrollo al que se apostaba era mano de obra local barata y que todas las ganancias se externalizaran.
Asimismo, se refirió a la pugna constante por los espacios ya concesionados, que ocuparon áreas del bordes costero con conchales de hace miles de años que fueron destruidos: “Hoy se apuesta a generar algunos espacios de excepción dentro de lo que son las concesiones. Los permisos son para la ocupación del espacio dentro del mar, no obstante, gran parte de los sitios arqueológicos u otras áreas patrimoniales están en el borde costero. La acuicultura genera externalidades en este último con sus operaciones, que en suma terminaron por deteriorar gravemente el patrimonio en las décadas de 1990 y 2000”, advirtió.
En tanto, Álex Muñoz, director ejecutivo de la organización internacional Oceana, opinó que la relocalización puede ser una herramienta peligrosa en la medida que se entreguen nuevas concesiones en lugares que están en buen estado de conservación: “Valoramos que no se entreguen nuevas concesiones acuícolas en Los Lagos y Aysén. Sin embargo, hay cerca de un 70 por ciento más de concesiones que las necesarias para producir a los niveles actuales, por lo tanto, esta moratoria no representa una real restricción a la cantidad de concesiones que se necesitan para la industria”, aseguró Muñoz.
Por último, Muñoz afirmó que la industria salmonera no reconoce que atraviesa por una crisis financiera, con problemas sanitarios que los obligan a usar más antibióticos que hace cuatro años, forzando el ecosistema. A cambio, “se han empeñado en dar buenas noticias hacia los mercados para subir su credibilidad” reprochó.