Este jueves se espera que el Tribunal Constitucional (TC) tome una decisión respecto del recurso presentado por Chile Vamos en contra de la glosa de gratuidad. Desde la derecha esperan que la corte rechace este acápite del Presupuesto porque la consideran “discriminatoria” contra el resto de los estudiantes considerados vulnerables, pero que estudian en instituciones de educación superior que no cumplen con los requisitos para recibir este beneficio: que no tengan fines de lucro, y que estén acreditadas por cuatro años.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que uno de los escenarios posibles de ser aceptado el recurso de la derecha, es que los montos destinados a otorgar la gratuidad, se focalicen sólo en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que encendió las alarmas entre algunas universidades privadas que han manifestado querer ser parte de este beneficio.

Fue el caso del rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien dijo a La Segunda que de ser impugnada la gratuidad, “lo más serio sería suspender su entrega”, mientras que el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, expresó que la incertidumbre que plantea este escenario complica que se pueda cumplir el plazo impuesto por el Gobierno a las instituciones que se van a acoger a la gratuidad, que es el 22 de diciembre.

En tanto, el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, señaló que confía en que el TC rechazará el recurso presentado por Chile Vamos.

Para Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), la posibilidad de que el Tribunal Constitucional rechace la glosa de gratuidad, podría convertirse, desde su punto de vista, en “un gran escenario para el Gobierno”, ya que tensionaría las relaciones con este “cuarto poder”, que a juicio de Sobarzo, es una institución que tuerce la voluntad democrática.

De hecho, para Sobarzo “el peor escenario” para el Ejecutivo sería que la gratuidad fuera visada por el TC: “El peor escenario es justamente que esto pase como si nada porque, en el fondo, el Gobierno se va a tener que ver obligado a tener que aplicar una muy mala gratuidad, como es la que tiene hoy día. Si esto pasa sin pena ni gloria, cuando la gratuidad realmente reviente que no va a resolver los problemas de fondo, el Gobierno va a tener que hacerse cargo, en cambio si revienta ahora lo bueno es que tensiona y obliga justamente, a llevar la pelea a la derecha, eso es lo más interesante del escenario”.

Desde el Opech postulan el fortalecimiento de un sistema de educación pública que parta de la base del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), ya que, según Sobarzo, “ellos son los únicos que pueden ofrecer calidad unido a un sistema de universidades con participación democrática, con sistemas de gobernanza y con sistemas de gestión pública de los recursos”.

Asimismo, criticó que la gratuidad se haya otorgado a través de una glosa presupuestaria decidida por el Congreso, y no se haya construido a partir de un diálogo de carácter nacional y participativo.

Mathias Gómez, investigador de Política Educativa de Educación 2020, señaló que desde la fundación “no ven razones” para que la glosa sea impugnada por el Tribunal Constitucional, no obstante lo cuestionada que ha sido.

En cuanto a la presentación del recurso, para Gómez resulta “sospechoso” que los mismos que han planteado “que no debiese haber gratuidad, son los mismos que están pidiendo que sea para todos”. No obstante la mayor preocupación que manifiestan es que se mantengan, en caso de que el TC rechace la glosa, los criterios sobre los cuales se entregará este beneficio: “Que no se financien instituciones que tienen fines de lucro, y que también hayan mayores exigencias de calidad, que en este caso tienen que ver con la acreditación”.

Frente a la posibilidad planteada por el ministro de Hacienda, de que en caso que sea impugnada la glosa, se focalicen los recursos sólo en las universidades del Cruch, tanto Mario Sobarzo como Matías Gómez no ven con malos ojos esta posibilidad, ya que se aseguraría que, al menos por el 2016, el financiamiento estará dirigido a instituciones que cumplen, de sobra, con los requisitos y criterios planteados para que las instituciones educativas puedan acogerse a este beneficio, tal como lo indicó el investigador de Educación 2020.

“Lo negativo sería que se restringen los recursos a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales que podrían haberlos recibidos, o algunas instituciones privadas que también podrían haberlo recibido, pero también creemos que en el Cruch, al menos, hay ciertas condiciones de calidad que se estarían cumpliendo, hay ciertas garantías de que los recursos no estarían yendo a parar a cualquier lado, y eso nos parece positivo”.

Desde el Cruch manifestaron que se reunirán en el lapso de dos semanas para evaluar las posibilidades reales de las instituciones de plegarse al beneficio de la gratuidad, plazo que expira el próximo 22 de diciembre, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no se pronuncie en contra, lo que obligaría al Congreso a tramitar una posible “ley corta” para implementar esta medida.

Los cuestionamientos a (UDI) Cristián Letelier, integrante del TC

El movimiento estudiantil rechazó la participación del ex diputado UDI Cristián Letelier en la revisión que dicha instancia colegiada hará del requerimiento que busca impugnar la glosa presupuestaria que determina el comienzo de la ejecución del derecho a gratuidad en educación superior.

En este sentido, Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, señaló que el ex diputado y hoy miembro del Tribunal Constitucional debiera inhabilitarse por haberse pronunciado previamente en contra del fin al lucro y de la gratuidad universitaria.

“Yo creo que debiese dar un paso al costado, tampoco entendemos por qué el Tribunal Constitucional está determinando el futuro de cientos de miles de estudiantes que dieron la PSU y que no saben en qué institución podrán matricularse”.

En la misma línea, la vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, se expresó sobre lo inadecuado de la participación de Letelier en el Tribunal Constitucional, quien en dos ocasiones rechazó, sin éxito, la idea de fiscalizar el lucro en la Cámara de Diputados a través de comisiones investigadoras.

Además, la dirigente criticó la naturaleza jurídico-política del Tribunal Constitucional, al que considera un enclave del autoritarismo cívico, empresarial y militar: “Esto no se escapa en absoluto de las lógicas que se siguen en general, o sea, dentro del Tribunal Constitucional, así como en todos los tribunales chilenos están representados los intereses de las personas que dominan este país y que son dueños al final de Chile”.

La diputada comunista y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo, indicó que recurrir al Tribunal Constitucional es un error político de la derecha, porque si el organismo falla favorablemente el requerimiento, tal resolución haría aún más notoria la necesidad de superar la Carta Fundamental vigente.

“Yo creo que aquí hay un doble disparo, uno a la gratuidad y el otro a ellos mismos. Creo que es una gran torpeza que la derecha haga caer este avance, no es tolerable por los estudiantes y familias que están en el sistema y los que están por entrar. Muchos han dado la PSU, porque existe una esperanza en que los próximos estudios sean en instituciones de calidad y que sea gratuita”.

Además, la parlamentaria por La Florida se refirió a los cuestionamientos a la imparcialidad de Cristián Letelier como integrante del Tribunal Constitucional, pues se habría pronunciado reiteradamente en contra de la fiscalización al lucro y a la gratuidad de la educación superior.

“La composición del Tribunal además está cuestionada. En ese sentido, es importante atender a lo que los estudiantes movilizados de la educación superior han señalado y que pretenden impugnar a un miembro que ya se ha pronunciado políticamente en reiteradas ocasiones en contra de la gratuidad y en contra de la reforma en educación”.

En relación con la figura del ex diputado Letelier, cabe consignar que también se inhabilitó cuando el Tribunal Constitucional revisó el recurso de inaplicabilidad en relación al caso SQM, pues figura en un correo electrónico donde solicita a Carlos Alberto Délano financiamiento irregular para campañas políticas.