Frente a la negativa de algunas universidades privadas que se negaron a eliminar cláusulas abusivas contenidas en sus contratos estudiantiles, tal como indicó el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, estudiantes exigieron que el Mineduc se pronuncie y asuma sus responsabilidades en el caso
El organismo demandó colectivamente a las universidades Santo Tomás, San Sebastián, Mayor y Central las cuales se negaron a la modificación.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera de la CONFECH, Camila Rojas, aseguró que el Ministerio no ha dado su opinión al respecto y los sigue tratando como clientes en vez de sujetos de derecho: “Es insólito que sea el Sernac que se haga cargo de las problemáticas de educación”, recalcó.
Estas cláusulas, según indicó la dirigenta, permiten a las instituciones cerrar planes de estudio de manera unilateral, como sucedió en la Universidad de Los Leones y de Viña del Mar. Además, disponen de los datos de los estudiantes y los utilizan sin su consentimiento.
Para Kevin Sepúlveda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás, esta es la “gota que colmó el vaso” porque la casa de estudios todos los años es investigada por lucro y, además, tiene que apelar para recibir la acreditación correspondiente.
“Por otro lado, tienen facultades para firmar cheques y pagarés sin su consentimiento. Además, si el estudiante toma sólo dos ramos se ve obligado a cancelar todo el semestre como si tuviese la carga académica completa”, indicó el estudiante.
En ese sentido, el dirigente dijo que el 60 por ciento del contrato estudiantil de esta casa de estudios contiene cláusulas abusivas, según el informe emitido por el Sernac.
Mientras Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, solicitó que el Sernac entregue todos los antecedentes a los estudiantes y a sus familias, y se inhabilite para seguir con la revisión del caso para que el Mineduc asuma su responsabilidad.
El Sernac realizó un estudio en 23 universidades del país, que comprendió la revisión de contratos e instrumentos de créditos, entre ellos, letras de cambio o pagarés, que debían firmar los estudiantes o sus avales al ingresar a las instituciones de educación superior.
Además, el servicio denunció a las universidades Gabriela Mistral, Iberoamericana, UNIACC y Universidad Autónoma por faltas en la publicidad emitida.