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Año XI, 17 de junio de 2019

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El endeudamiento juvenil como doctrina de control en Chile

Un sistema económico que mantiene sueldos precarios y obliga a recurrir al crédito para poder participar de actividades sociales y la educación, somete a miles de jóvenes que ven condicionadas sus vidas por sus deudas. Un proyecto de ley que se discutirá en el Senado plantea incorporar educación financiera en la enseñanza media para prevenir esta situación, pero el economista Gonzalo Durán dice que no se ataca el problema de fondo, que es estructural.

Claudio Garrido

  Lunes 5 de septiembre 2016 10:35 hrs. 
DEUD

Este martes el Senado debatirá el proyecto de ley que incorpora contenidos sobre educación financiera al programa curricular de la enseñanza media.

La existencia de este proyecto de ley se observa en un instante en el que se expresa con crudeza una realidad estructural del sistema económico imperante, que causa que miles de jóvenes terminen sobre endeudados apenas iniciando su vida independiente. Esto condiciona la forma de proyectar la vida de una importante cantidad de la población.

Según indica el texto de la iniciativa, la idea es combatir el “uso desinformado del crédito, que lleva a tomar malas decisiones financieras que acarrean negativas consecuencias económicas para las personas”.

Uno de los promotores de esta iniciativa, el senador del Partido Socialista Carlos Montes explicó a qué apunta esta ley, y recalcó la importancia de que los jóvenes sepan los conceptos relacionados con decisiones crediticias.

“Todo el mundo toma acciones, hoy día, de tener o no tener tarjeta de crédito, endeudarse o no endeudarse, comprar una casa a tal tasa de interés o no, y en general sobre estas temáticas que son altamente prácticas y funcionales, hay personas que no tienen mayores antecedentes, mayor información y se trata de que en alguna parte de el currículum se incorpore”, indicó.

Carlos Montes agregó que la formación sobre prácticas de consumo y uso de los instrumento de crédito requiere que las personas “tengan mayor información en aquello que se están involucrando”, y que se trata de “un conjunto de instrumentos que hay que saber como parte de la cultura práctica de hoy día”.

Una “práctica de hoy” que, sin embargo, está determinada por la estructura del poder económico. Son miles los jóvenes que para poder tener acceso a las distintas actividades de la sociedad no tienen los recursos suficientes y se ven obligados a recurrir al crédito, debido a los bajos salarios y la precaria organización sindical. Lo mismo ocurre para poder aspirar a un mejor sueldo, debido a los altos costos del sistema educacional de nuestro país.

El endeudamiento por estudiar, el crédito hipotecario para acceder a una vivienda y ocasionalmente los créditos de consumo para pasar el mes, se vuelve una mochila pesada para jóvenes que recién emprenden su vida independiente. Esta realidad golpea aún más, en los casos que el sobreendeudamiento termina por confinarlos en los registros de Dicom o peor, con demandas y embargos, debido al acceso al crédito de jóvenes que no tienen un ingreso suficiente para hacer frente al pago de cuotas crediticias.

Según datos del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), cuatro de cada diez jóvenes entre 18 y 29 años tiene al menos una deuda a su nombre. De aquellos, las principales causas de endeudamiento son créditos universitarios, uso de tarjetas de crédito y créditos de consumo.

Además, el último estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax referido a personas morosas, indica que de los deudores entre 18 y 24 años, el 7 por ciento se encuentra con pagos atrasados.

En tanto, en el segmento entre 25 y 29 años, la tasa se empina sobre el 15 por ciento. Ambas cifras, con tendencia al alza, según indica el informe.

Ante esta realidad, el presidente de la Corporación Nacional de Defensa del Consumidor, Conadecus, Hernán Calderón, indicó que es muy relevante que los jóvenes sepan cómo utilizar los instrumentos de crédito y saber el lenguaje financiero, pero apuntó a que también es necesaria una mejor regulación de las instituciones crediticias, ya que, según denuncia, las instituciones financieras tampoco entregan de forma adecuada información para que los consumidores puedan informarse mejor.

“Otro tema tiene que ver con la falta de información y el abuso de la falta de regulaciones que hay en el mercado. Ese es otro tema que hay que resolverlo. Aquí hay crédito para el que no tiene renta demostrable. ¿Cómo le vamos a dar crédito a una persona que no tiene renta, que no tiene ingreso? O sea, aquí hay una irresponsabilidad por parte de los operadores del mercado, y además una falta de regulación para poder terminar con esta cantidad de abusos que se han cometido en los últimos años”, expresó el presidente del organismo.

Por su parte, el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, manifestó que el endeudamiento forma parte de una filosofía política de disciplinamiento para que los trabajadores no tengan espacio de participación política y de esparcimiento. Dice que no basta una política de educación financiera.

“Desde la perspectiva estructural, más bien una política como esa opera en el sentido de perfeccionar esta dinámica del endeudamiento. Uno esperaría que más que educación financiera, acá lo que debiera existir es una política seria de educación sindical, de educación, en el fondo, para evitar que a los trabajadores los sigan explotando una vez que entran al mundo laboral”, expresó Durán.

El experto agregó que “no es posible que los chilenos tengamos que, finalmente estar financiando lo que son los lujos y privilegios de una clase dominante, porque finalmente eso es lo que pasa”.

También apeló a la colaboración mutua entre trabajadores, apuntando a que organizaciones sindicales o cooperativas pueden lograr mayores remuneraciones o incluso generar mecanismos propios de apoyo para tener alternativas crediticias más adecuadas o también aumentar su poder adquisitivo, evitando entrar en un sistema bancario que lucra por medio de los altos costos e intereses de los créditos.

Gonzalo Durán concluyó que lo que falta es una política que defienda el valor de la fuerza de trabajo y derechos sociales, para politizar a la sociedad y evitar así el abuso de la banca y otras instituciones crediticias.