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Año XII, 3 de agosto de 2020

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Municipales: Los vicios de las declaraciones patrimoniales de los candidatos

La permisividad de la legislación anterior a los escándalos de probidad ha quedado nuevamente en evidencia luego que se dieran a conocer las declaraciones de patrimonio de los candidatos a las próximas elecciones municipales las cuales carecen de información relevante para la ciudadanía.

Gonzalo Castillo

  Domingo 9 de octubre 2016 11:18 hrs. 





Una serie de críticas se han levantado a partir de la entrega de las declaraciones de patrimonio de los candidatos a alcaldes y concejales en las próximas elecciones municipales, debido a la escasa información que entregan hacia la ciudadanía.

Uno de los elementos que mayor reparos ha generado es que de la mayoría de candidatos a alcalde, muy pocos estipulan el valor comercial de sus propiedades, el que suele ser el doble o el triple de la tasación fiscal, con lo que se hace difícil calcular el verdadero patrimonio de esas personas.

Es el caso del actual alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien declara tres propiedades, pero no figura su valor comercial. Otro tanto ocurre con Carolina Tohá, actual alcaldesa de Santiago, quien también consigna tres propiedades, pero sin especificar el valor de una eventual venta, situación similar a la de su contendiente de Chile Vamos, Felipe Alessandri, y así otros tantos candidatos de otras comunas.

También, el actual alcalde RN de Cerro Navia, Luis Plaza, quien ha sido involucrado en la “Caso Basura”, publica tres inmuebles –uno de ellos con embargo-, pero no adjunta ni tasación fiscal ni valor comercial

El problema es que todas estas declaraciones fueron realizadas cuando aún estaba vigente la legislación anterior que, a todas luces, era más laxa, algo que, de acuerdo a expertos, debería cambiar desde 2017, cuando los candidatos a las elecciones parlamentarias deban ceñirse a las nuevas disposiciones de la Ley de Probidad, que exige un mayor estándar en la claridad de la información entregada.

Paulina Ibarra, presidenta de Fundación Multitudes, hizo énfasis en el desconocimiento que manifiestan los candidatos a la hora de llenar el formulario, “y también una falta de entendimiento por el candidato de que al momento de ser candidato, al momento de convertirse en concejal o alcalde pasan del ámbito de lo privado a lo público, y con eso vienen una serie de responsabilidades”, aseguró.

“Primero, no están a la altura de lo que el electorado debe recibir, segundo no tienen idea de cómo hacer una declaración de patrimonio, y si empezamos con problemas técnicos de desconocimiento antes de que sean autoridades ¿Qué va a pasar una vez que sean autoridades?, ya hemos visto todo el problema de los concejales que se van de viaje y no entienden que la Contraloría los puede fiscalizar, no entienden que estos son dineros que si no se utilizan pueden ser designados para otra cosa. Creo que hay mucho desconocimiento al respecto”.

Un caso que llamó la atención en materia de declaración de patrimonio fue el del candidato del PS a alcalde de Colina, Marcos Salgado, quien solamente consignó su estado civil y su cargo como asesor de la Subdere, testimonio que fue validado por un notario público. Salgado se enfrenta al actual alcalde UDI Mario Olavarría, quien también está involucrado en el “Caso Basura”.

De todas maneras, la presidenta de Fundación Multitudes deja espacio para que dentro de quienes podrían desconocer la reglamentación y forma de completar una declaración de patrimonio, existan personas que tengan “conscientemente, la necesidad de ocultar información”, con la consiguiente falta de probidad y transparencia que ello implica.

Por su parte, María Jaraquemada, directora de Incidencia de fundación Espacio Público, hizo énfasis en que estas declaraciones tienen los mismos defectos de las declaraciones anteriores a la nueva Ley de Probidad, por lo que “los candidatos cumplieron con lo que tenían que cumplir”.

Entre los defectos mencionados por María Jaraquemada, se cuenta que los candidatos entregan información de manera voluntaria, en donde se cuentan las tasaciones fiscales y comerciales de las propiedades de los postulantes; están hechas a mano, en formato PDF, entonces no se pueden ingresar los datos de manera fácil en una planilla Excel y cruzar la información.

Justamente, en muchas de las declaraciones de patrimonio publicadas por el Servel, al ser manuscritas, algunos datos se hacen ilegibles, lo que complica aún más el poder analizar los datos que ahí se entregan, además de la pobreza en la información que ofrecen los candidatos sobre las sociedades en que tienen intereses, tal como lo señala María Jaraquemada.

“En el tema de los intereses cuando se declaran las sociedades es muy poco el detalle que se tiene. Tú tienes el nombre de la sociedad, que puede ser ‘Inversiones Santa Juana’, pero tú no sabes el giro, no sabes a qué se dedica esa sociedad, te cuesta mucho saber cuál puede ser el potencial conflicto de interés de esa autoridad porque no sabes si hay giro inmobiliario, minero, etc.”.

Para Paulina Ibarra, una de las conclusiones a las que debería arribar la ciudadanía, es que los candidatos con estas declaraciones están dando cuenta también de cómo interpretan la ley lo que “refleja perfectamente en cómo van a ser en el futuro. Cuando empiezas a interpretar la ley a tu favor, ahí tienes una clara señal de que este candidato no va a ser un buen servidor público”, aseguró.

Finalmente, lo que relevan las expertas sobre estas declaraciones de patrimonio de los candidatos es que, si bien cumplen con la ley bajo la cual se realizaron, considerando que los casos de corrupción y opacidad en la relación entre dinero y política estallaron hace casi dos años, los postulantes hubiesen tomado conciencia de la necesidad de exhibir estándares de transparencia elevados por iniciativa propia, y no solamente cuando una ley les obligue a hacerlo.