La instancia tendrá plazo de un año para su trabajo e incluirá a representantes de universidades, organizaciones no gubernamentales y un organismo de fact-checking.
La permisividad de la legislación anterior a los escándalos de probidad ha quedado nuevamente en evidencia luego que se dieran a conocer las declaraciones de patrimonio de los candidatos a las próximas elecciones municipales las cuales carecen de información relevante para la ciudadanía.
En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes abordó la agenda de transparencia y probidad que ha impulsado el Ejecutivo. “Hay áreas del sector privado que deben ceñirse a esta agenda y no se ha contemplado”, advirtió.
Frente al discurso dado por la Presidenta en su cuenta pública, en el que –virtualmente- descartó la opción de implementar una asamblea constituyente, los partidarios de esta instancia señalaron que el objetivo ahora es lograr que el Gobierno convoque a un plebiscito de carácter vinculante, en el cual la ciudadanía decida el mecanismo a través del cual redactar una nueva Constitución.
El anuncio de un “proceso constituyente” generó inmediatas respuestas entre los partidarios de la asamblea constituyente como vía para redactar una nueva Constitución. En este sentido, políticos, expertos y movimientos sociales concuerdan que un proceso de participación no vinculante no conduce a expresar realmente la voz ciudadana.
La directora de la Fundación Multitudes abordó diferentes ámbitos de la política nacional. Ley del lobby, participación ciudadana y reforma al binominal fueron parte de las reflexiones de la experta en participación ciudadana.
En entrevista con Juan Pablo Cárdenas, la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, Paulina Ibarra, explicó los alcances y vacíos de la nueva legislación y precisó que apuntó a la colaboración de la sociedad civil: “Es un piso, no es donde se termina”, dijo.
