Desde hace algunos años que la idea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impedir el avance o aprobación de ciertas leyes se está haciendo habitual logrando, en muchos casos, resultados favorables para quienes acuden a esta entidad, misma que ha visto afectada su legitimidad producto de sus polémicos fallos.

Si bien en todas partes del mundo existen organismos que ejercen un control preventivo de preceptos legales, en el caso del TC de nuestro país, su rol y excesivas atribuciones hacen que éste sea considerado no sólo una “tercera cámara” sino que, incluso, como un enclave autoritario debido al fuerte poder adquirido desde la dictadura militar.

Y como se trata de una práctica recurrente, el anuncio del gobierno de Sebastián Piñera de impugnar ante el TC el proyecto “40 horas” de las diputadas comunistas Karol Cariola Y Camila Vallejo no generó sorpresa, sino que, según lo señalaron varios parlamentarios de oposición, era la respuesta esperable del Ejecutivo.

Lo que no era del todo previsible era que el Gobierno podría recurrir al TC por otros 16 proyectos de ley –entre mociones parlamentarias e indicaciones de mensajes presidenciales- debido a que éstos excederían las atribuciones del poder legislativo, principalmente en lo relativo al gasto fiscal.

Entre ellos destacan –además de la reducción a 40 horas semanales- la anulación a la ley de pesca, el proyecto de eutanasia, la propuesta que establece el royalty minero para la explotación de cobre y litio, la regulación de medicamentos bio-equivalentes y la cuota de género en las próximas elecciones de gobernadores regionales.

Más allá de la discusión sobre la pertinencia de los argumentos del Ejecutivo o la efectiva inconstitucionalidad en la que puedan incurrir algunos de estos proyectos, bajo la mirada de analistas y expertos existe un tema de fondo que dice relación con el estado de nuestra democracia y el poder de veto que muchas veces ejerce una minoría cuando una iniciativa apunta en una dirección contraria a sus criterios ideológicos.

Para el académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, en nuestro país existe un proceso que comienza con la Constitución de 1980 a través de instituciones contra-mayoritarias que son las que han permitido que el modelo neoliberal no haya sido transformado en aspectos sustantivos.

“Primero fueron los senadores designados, en un momento existió el Cosena, luego siguió esta combinación entre el sistema binominal y altos quorum (…) todas esas cosas han ido quedando de a poco en el camino y hoy la posta se le traspasó al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, se le exige a éste por parte del Gobierno y de la derecha económica que cumpla el rol de proteger y salvaguardar las esencias neoliberales que de otra forma podrían ser transformadas por la soberanía popular”.

Desde esa perspectiva, el analista fue enfático en que esta decisión “en lo más profundo expresa que un modelo neoliberal tan extremo como el que se impuso durante la dictadura, no es compatible o no puede funcionar en el marco de una democracia de masas. Al revés, es compatible con un modelo de democracia restringida o semi soberana: “no es algo ajeno al ordenamiento constitucional actual el tener vigilada y coartada la soberanía popular”.

Para el director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, el Gobierno, al recurrir insistentemente al TC, demuestra  una “desesperación legislativa”, con lo que cuestiona la decisión del Congreso, que es un órgano legítimo elegido por los ciudadanos, para ir al Tribunal Constitucional en donde sabe que tiene mayores opciones de ganar.

“El Tribunal Constitucional entra en situaciones excepcionales y el Gobierno está tratando de institucionalizar al Tribunal Constitucional no solamente como una tercera cámara como muchos dicen, sino que como una primera cámara. Al perder las votaciones en el Congreso y el Gobierno teniendo minoría, a lo único que puede recurrir es a esta especie de VAR para ganar casi por secretaría”.

Por su parte, el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, apuntó a las posibles razones que tendría el Ejecutivo para tomar esta decisión. Desde su perspectiva, existe una relación conflictiva entre el Gobierno y el Parlamento que se viene desarrollando desde hace tiempo y que dice relación con la manera que la oposición ejerce la mayoría circunstancial en el Congreso.

“Ya lo han venido manifestando hace tiempo, que les molesta la tramitación de las urgencias, que no se estarían respetando los períodos correspondientes, y que habría muchas mociones que no tienen que ver con la facultad de los parlamentarios y que de todas formas han ido avanzando en el Congreso”.

Desde La Moneda, la ministra vocera, Cecilia Pérez,  precisó que el Ejecutivo se encuentra estudiando esta posibilidad, aunque recalcó que es algo que “no se descarta” y que “es propio de las facultades del Presidente de la República”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), señaló que espera que “el TC sea usado solamente para cuestiones muy estructurales, especiales, y no para cualquier proyecto que no le guste al gobierno de turno”. Desde esa perspectiva, el legislador llamó al Ejecutivo a patrocinar los “buenos proyectos” y que no se acuda a esta instancia cada vez que hay diferencias políticas.