Alejandra Sepúlveda en comisión que analiza acusación constitucional a Guevara: “El copamiento no tiene protocolo”
La primera sesión de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de Santiago, recibió al jefe del INDH de Valparaíso, quien señaló que las normas vigentes de derecho a reunión no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Diario UChile
Martes 7 de enero 2020 16:38 hrs.
Compartir en
Este martes se llevó a cabo la primera sesión con invitados de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. En la ocasión compareció ante los parlamentarios el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.
De acuerdo a lo expuesto por Martínez, este decreto, en la práctica, lleva a que se requiera autorización para reunirse, lo que atenta con los principios internacionales de garantías fundamentales a los ciudadanos. Martínez fue claro en señalar que “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”
Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.
Foto @Agencia UNO
En tanto Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DD.HH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DD.HH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DD.HH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”
“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.
Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.
Este martes se llevó a cabo la primera sesión con invitados de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. En la ocasión compareció ante los parlamentarios el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.
De acuerdo a lo expuesto por Martínez, este decreto, en la práctica, lleva a que se requiera autorización para reunirse, lo que atenta con los principios internacionales de garantías fundamentales a los ciudadanos. Martínez fue claro en señalar que “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”
Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.
Foto @Agencia UNO
En tanto Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DD.HH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DD.HH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DD.HH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”
“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.
Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.
Este martes se llevó a cabo la primera sesión con invitados de la Comisión que analiza la Acusación Constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. En la ocasión compareció ante los parlamentarios el Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso, Fernando Martínez, quien planteó la urgente necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el derecho a reunión y la derogación del Decreto Nº 1.086.
De acuerdo a lo expuesto por Martínez, este decreto, en la práctica, lleva a que se requiera autorización para reunirse, lo que atenta con los principios internacionales de garantías fundamentales a los ciudadanos. Martínez fue claro en señalar que “el derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado”, agregando que “lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos”.
Al respecto, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social y presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, destacó los datos aportados por el INDH, en especial lo referido a las diversas cifras de observaciones en más de 226 manifestaciones, principalmente en Santiago, al 30 de noviembre, donde “si bien se señaló que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, si hubo incumplimientos de los resguardos necesarios, y específicamente estos 16 actos de movimiento social, donde solo en 1 se aplicaron los protocolos correspondientes”
Respecto al copamiento, la parlamentaria recalcó que “hemos solicitado que nos envíen todos los antecedentes en relación a esta forma de actuar muy especial que, al parecer, no tiene protocolo de actuar. O sea el copamiento no tiene protocolo, al parecer, al interior de Carabineros y queremos chequear qué tipo de tácticas y cuáles son las consecuencias que tiene este tipo de utilización de alrededor de mil efectivos de Carabineros en una manifestación que, a todas luces es una manifestación que está dentro de la legalidad vigente que tienen todas las personas a reunirse, a movilizarse, a que tenga las expresiones legítimas desde el punto de vista de reclamos ciudadanos”.
Foto @Agencia UNO
En tanto Diego Ibáñez (CS), agregó que “el INDH ha planteado que aquí hay un marco jurídico con el cual se pretende solucionar este problema pero que viene de la dictadura y que no cumple con los estándares internacionales de DD.HH, que restringe la libertad de reunión, pero sin el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, idoneidad, y que da atribuciones por fuera de los principios de respeto a los DD.HH, establecidos en los tratados que Chile ha ratificado. También que han continuado – después del 30 octubre, fecha en la cual el intendente Guevara se instituye en su cargo – las violaciones a los DD.HH. Las brutalidades policiales han continuado y no se ha mostrado signos de respeto por parte de las autoridades de este derecho constitucional, que es un derecho fundamental”
“También el INDH comparte el criterio de la CIDH que señala que la estrategia de copamiento no ha cumplido con el fin de proteger los derechos de la gente, los resultados están a la vista y fundamentan esta acusación, y será materia de debate constitucional establecer las responsabilidades jurídicas del Intendente, que es lo que veremos en las próximas sesiones”, concluyó.
Para la próxima sesión se encuentra invitado el abogado constitucionalista Christian Viera, junto al diputado DC Gabriel Ascencio, como coordinador de la acusación constitucional.
