Crimen organizado en Chile: Una institucionalidad paralela que se alimenta de la ausencia del Estado
El flagelo del narcotráfico no pareciera ser uno transversal a todos los sectores socioeconómicos, sino más bien uno que se instala y se alimenta de los lugares en que la pobreza es la regla general, y el abandono termina configurándose como una política de Estado.
Tomás González F.
Lunes 28 de diciembre 2020 20:25 hrs.
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Los violentos hechos ocurridos en las últimas semanas en sectores de Santiago, con balaceras por ajustes de cuentas en distintas comunas de la ciudad, han dejado en evidencia un notorio aumento de la presencia, organización e influencia de las bandas criminales en el país.
Sin embargo, el flagelo del narcotráfico no pareciera ser uno transversal a todos los sectores socioeconómicos, sino más bien uno que se instala y se alimenta de los lugares en que la pobreza es la regla general, y el abandono termina configurándose como una política de Estado. Es en aquellos sectores, en los que el Estado no ha llegado a cumplir su función, en donde el crimen organizado ha visto una oportunidad y se ha aprovechado de la precariedad previa para desarrollar su para-institucionalidad.
Así lo expresó, en conversación con Radio Universidad de Chile, la socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien recalcó que el rol del Estado es fundamental para combatir el flagelo del narcotráfico, sobre todo en lugares en los que la precariedad es tal que el crimen organizado surge como institucionalidad paralela.
“La ausencia de Estado en los territorios se constituye como un elemento que contribuye a explicar el cómo es que algunas organizaciones criminales son capaces de ejercer control sobre este territorio que tiene niveles importantes de abandono del Estado y niveles importantes también de desorganización social. Es decir, las redes sociales también están dispersas y débiles”, advirtió la también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York.
“Estos elementos sumados, contribuyen por cierto a que el control del territorio sea tomado en manos del crimen organizado, generando espacios de protección y otra serie de fenómenos conexos, como lo son las amplias redes de mercados ilegales, porque el crimen organizado también es un generador de empleo en territorios donde las carencias económicas son de sumo importantes”, agregó Mohor.
La socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, es también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Foto: Archivo.
Junto con esta situación, existe otra que se repite a lo largo de la historia reciente. La persecución del eslabón más débil -el microtraficante, el transportista o el peón- se ha transformado en la estrategia principal para combatir a las organizaciones criminales, sin siquiera rozar las cúpulas que mantienen el negocio y que sirven de “generadores de empleo” para quienes son finalmente víctimas de la falta de atención estatal.
Ante esto, la socióloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile explicó que también existe una responsabilidad del Estado en la reacción, es decir, en la persecución de los delitos asociados al crimen organizado, en donde se ha apuntado al eslabón más débil en vez de a las cúpulas de las organizaciones. Un ejemplo claro de esto es la ausencia de medidas contra la corrupción y el lavado de activos en el proyecto recientemente anunciado por el Gobierno para combatir el crimen organizado.
“El foco del trabajo estatal en materia de persecución, es decir, el qué ocurre después, ha estado más bien puesto en dirigirse a los pequeños mercados, las pequeñas redes, al microtráfico; pero muy poco hemos visto de desarticulación efectiva de grandes redes criminales, y por cierto que en esto el lavado de dinero y la corrupción son elementos fundamentales que tienen que estar también abordados, desde la legislación, de manera coherente con una persecución de las grandes redes y no solo quedarse en las pequeñas manifestaciones, que son expresiones de criminalidad más organizada y que, por tanto, revierte mayores peligros para la sociedad”, argumentó Mohor.
“Esto tiene mucho que ver con que en nuestro país hemos subestimado nuestra vulnerabilidad ante este tipo de crímenes más complejos, y que incluso adquieren un carácter transnacional que es sumamente importante de considerar. Chile es un país que ha ido transitando desde ser nada más que una zona de tránsito a ser una zona de mucho tránsito, de acopio, traslado y también de comercialización importante. Es cierto que la producción es menor, particularmente de las sustancias derivadas de la cocaína, no obstante creo que hemos subestimado nuestra vulnerabilidad como país frente a estos fenómenos y nos hemos quedado un poco durmiendo en los laureles”, sentenció la investigadora asociada del INAP de la Universidad de Chile.
Según las cifras que arrojó el estudio ‘Monitor de Seguridad’ de la Fundación Chile 21, en la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, los robos con violencia se redujeron en un 50%. En Las Condes disminuyeron en un 28% y en Providencia en un 18%. Por otra parte, en la comuna de Huechuraba estos delitos aumentaron en un 204%, mientras que en Quilicura el aumento fue de un 143%.
Los violentos hechos ocurridos en las últimas semanas en sectores de Santiago, con balaceras por ajustes de cuentas en distintas comunas de la ciudad, han dejado en evidencia un notorio aumento de la presencia, organización e influencia de las bandas criminales en el país.
Sin embargo, el flagelo del narcotráfico no pareciera ser uno transversal a todos los sectores socioeconómicos, sino más bien uno que se instala y se alimenta de los lugares en que la pobreza es la regla general, y el abandono termina configurándose como una política de Estado. Es en aquellos sectores, en los que el Estado no ha llegado a cumplir su función, en donde el crimen organizado ha visto una oportunidad y se ha aprovechado de la precariedad previa para desarrollar su para-institucionalidad.
Así lo expresó, en conversación con Radio Universidad de Chile, la socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien recalcó que el rol del Estado es fundamental para combatir el flagelo del narcotráfico, sobre todo en lugares en los que la precariedad es tal que el crimen organizado surge como institucionalidad paralela.
“La ausencia de Estado en los territorios se constituye como un elemento que contribuye a explicar el cómo es que algunas organizaciones criminales son capaces de ejercer control sobre este territorio que tiene niveles importantes de abandono del Estado y niveles importantes también de desorganización social. Es decir, las redes sociales también están dispersas y débiles”, advirtió la también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York.
“Estos elementos sumados, contribuyen por cierto a que el control del territorio sea tomado en manos del crimen organizado, generando espacios de protección y otra serie de fenómenos conexos, como lo son las amplias redes de mercados ilegales, porque el crimen organizado también es un generador de empleo en territorios donde las carencias económicas son de sumo importantes”, agregó Mohor.
La socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, es también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Foto: Archivo.
Junto con esta situación, existe otra que se repite a lo largo de la historia reciente. La persecución del eslabón más débil -el microtraficante, el transportista o el peón- se ha transformado en la estrategia principal para combatir a las organizaciones criminales, sin siquiera rozar las cúpulas que mantienen el negocio y que sirven de “generadores de empleo” para quienes son finalmente víctimas de la falta de atención estatal.
Ante esto, la socióloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile explicó que también existe una responsabilidad del Estado en la reacción, es decir, en la persecución de los delitos asociados al crimen organizado, en donde se ha apuntado al eslabón más débil en vez de a las cúpulas de las organizaciones. Un ejemplo claro de esto es la ausencia de medidas contra la corrupción y el lavado de activos en el proyecto recientemente anunciado por el Gobierno para combatir el crimen organizado.
“El foco del trabajo estatal en materia de persecución, es decir, el qué ocurre después, ha estado más bien puesto en dirigirse a los pequeños mercados, las pequeñas redes, al microtráfico; pero muy poco hemos visto de desarticulación efectiva de grandes redes criminales, y por cierto que en esto el lavado de dinero y la corrupción son elementos fundamentales que tienen que estar también abordados, desde la legislación, de manera coherente con una persecución de las grandes redes y no solo quedarse en las pequeñas manifestaciones, que son expresiones de criminalidad más organizada y que, por tanto, revierte mayores peligros para la sociedad”, argumentó Mohor.
“Esto tiene mucho que ver con que en nuestro país hemos subestimado nuestra vulnerabilidad ante este tipo de crímenes más complejos, y que incluso adquieren un carácter transnacional que es sumamente importante de considerar. Chile es un país que ha ido transitando desde ser nada más que una zona de tránsito a ser una zona de mucho tránsito, de acopio, traslado y también de comercialización importante. Es cierto que la producción es menor, particularmente de las sustancias derivadas de la cocaína, no obstante creo que hemos subestimado nuestra vulnerabilidad como país frente a estos fenómenos y nos hemos quedado un poco durmiendo en los laureles”, sentenció la investigadora asociada del INAP de la Universidad de Chile.
Según las cifras que arrojó el estudio ‘Monitor de Seguridad’ de la Fundación Chile 21, en la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, los robos con violencia se redujeron en un 50%. En Las Condes disminuyeron en un 28% y en Providencia en un 18%. Por otra parte, en la comuna de Huechuraba estos delitos aumentaron en un 204%, mientras que en Quilicura el aumento fue de un 143%.
Los violentos hechos ocurridos en las últimas semanas en sectores de Santiago, con balaceras por ajustes de cuentas en distintas comunas de la ciudad, han dejado en evidencia un notorio aumento de la presencia, organización e influencia de las bandas criminales en el país.
Sin embargo, el flagelo del narcotráfico no pareciera ser uno transversal a todos los sectores socioeconómicos, sino más bien uno que se instala y se alimenta de los lugares en que la pobreza es la regla general, y el abandono termina configurándose como una política de Estado. Es en aquellos sectores, en los que el Estado no ha llegado a cumplir su función, en donde el crimen organizado ha visto una oportunidad y se ha aprovechado de la precariedad previa para desarrollar su para-institucionalidad.
Así lo expresó, en conversación con Radio Universidad de Chile, la socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien recalcó que el rol del Estado es fundamental para combatir el flagelo del narcotráfico, sobre todo en lugares en los que la precariedad es tal que el crimen organizado surge como institucionalidad paralela.
“La ausencia de Estado en los territorios se constituye como un elemento que contribuye a explicar el cómo es que algunas organizaciones criminales son capaces de ejercer control sobre este territorio que tiene niveles importantes de abandono del Estado y niveles importantes también de desorganización social. Es decir, las redes sociales también están dispersas y débiles”, advirtió la también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York.
“Estos elementos sumados, contribuyen por cierto a que el control del territorio sea tomado en manos del crimen organizado, generando espacios de protección y otra serie de fenómenos conexos, como lo son las amplias redes de mercados ilegales, porque el crimen organizado también es un generador de empleo en territorios donde las carencias económicas son de sumo importantes”, agregó Mohor.
La socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del INAP de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, es también magíster en Ciencia Política y académica del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Foto: Archivo.
Junto con esta situación, existe otra que se repite a lo largo de la historia reciente. La persecución del eslabón más débil -el microtraficante, el transportista o el peón- se ha transformado en la estrategia principal para combatir a las organizaciones criminales, sin siquiera rozar las cúpulas que mantienen el negocio y que sirven de “generadores de empleo” para quienes son finalmente víctimas de la falta de atención estatal.
Ante esto, la socióloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile explicó que también existe una responsabilidad del Estado en la reacción, es decir, en la persecución de los delitos asociados al crimen organizado, en donde se ha apuntado al eslabón más débil en vez de a las cúpulas de las organizaciones. Un ejemplo claro de esto es la ausencia de medidas contra la corrupción y el lavado de activos en el proyecto recientemente anunciado por el Gobierno para combatir el crimen organizado.
“El foco del trabajo estatal en materia de persecución, es decir, el qué ocurre después, ha estado más bien puesto en dirigirse a los pequeños mercados, las pequeñas redes, al microtráfico; pero muy poco hemos visto de desarticulación efectiva de grandes redes criminales, y por cierto que en esto el lavado de dinero y la corrupción son elementos fundamentales que tienen que estar también abordados, desde la legislación, de manera coherente con una persecución de las grandes redes y no solo quedarse en las pequeñas manifestaciones, que son expresiones de criminalidad más organizada y que, por tanto, revierte mayores peligros para la sociedad”, argumentó Mohor.
“Esto tiene mucho que ver con que en nuestro país hemos subestimado nuestra vulnerabilidad ante este tipo de crímenes más complejos, y que incluso adquieren un carácter transnacional que es sumamente importante de considerar. Chile es un país que ha ido transitando desde ser nada más que una zona de tránsito a ser una zona de mucho tránsito, de acopio, traslado y también de comercialización importante. Es cierto que la producción es menor, particularmente de las sustancias derivadas de la cocaína, no obstante creo que hemos subestimado nuestra vulnerabilidad como país frente a estos fenómenos y nos hemos quedado un poco durmiendo en los laureles”, sentenció la investigadora asociada del INAP de la Universidad de Chile.
Según las cifras que arrojó el estudio ‘Monitor de Seguridad’ de la Fundación Chile 21, en la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, los robos con violencia se redujeron en un 50%. En Las Condes disminuyeron en un 28% y en Providencia en un 18%. Por otra parte, en la comuna de Huechuraba estos delitos aumentaron en un 204%, mientras que en Quilicura el aumento fue de un 143%.
