El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue dado de alta tras descompensarse al conocer un plan para asesinarlo, y grabó un video junto al senador Juan Luis Castro (PS) en el que aseguró que “el crimen organizado no puede ganar”.
La presidenta del PS afirmó que rechazará la iniciativa si avanza en los términos presentados por el Ejecutivo y adelantó que la oposición trabaja en una propuesta propia junto a un grupo de juristas constitucionalistas.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó el alcance de la iniciativa del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas propuestas pueden abordarse con herramientas que ya contempla tanto la Constitución como la legislación vigente.
La moción propone que los abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, terrorismo o asociación criminal no puedan incorporarse al Estado, el Congreso o el Poder Judicial, para el avance del crimen organizado en las instituciones.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
Según detalló el Gobierno, la reforma constitucional busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública e incorpora por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
El Presidente anunció una agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, junto con una reforma constitucional que consagre la protección de la seguridad de las personas.
Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado
La diputada Joanna Pérez valoró que el Ministerio de Seguridad acogiera medidas destinadas a frenar la deserción institucional, aumentar el personal en las calles y acelerar la modernización tecnológica de la policía uniformada.
Diputados de Renovación Nacional (RN) y de distintos sectores presentaron un proyecto que permitiría al Presidente establecer un sistema de recompensas para quienes aporten información sobre organizaciones criminales.
El mandatario aseguró que hay un “segundo terremoto” en esta materia. También llamó a avanzar en una “agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar”. “La libertad y el orden democrático son innegociables”, dijo además en su mensaje.
El Mandatario participó en la ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI con motivo de los 93 años de la institución policial.
La muerte del líder del Tren de Aragua abre un escenario de fragmentación criminal en el continente. Gabriel Gaspar y Paz Milet abordan las implicancias de este hito y el rol del tutelaje estadounidense en la transición venezolana.
El abogado calificó como “bien problemático” el rechazo a la norma. A su juicio, evidencia una inconsistencia: un discurso de mano dura que, a la hora de tocar los resguardos financieros de los sectores poderosos, prefiere retroceder.
En sesión ordinaria, la sala aprobó parte de los cambios de la Cámara de Diputados al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado.
El jefe del Ministerio Público aclaró que la principal traba para las investigaciones financieras no son las restricciones judiciales, sino “la rapidez y el formato” con que los bancos entregan la información.
El experto en criminología valoró la continuidad del plan promulgado por el gobierno anterior, pero alertó que mientras no se persigan los mercados criminales el país seguirá siendo “vulnerable al crecimiento del crimen organizado y la corrupción”.
