Finalmente, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, será investigado por la Fiscalía de su país para esclarecer si cometió un delito de prevaricación en la compra de vacunas contra el covid-19, tal como han denunciado algunos senadores.
Así lo confirmó este viernes la justicia brasileña, luego de que Fiscalía informara al Supremo Tribunal Federal (STF) la instauración de un proceso de indagación por los hechos señalados.
Para dar formalmente los primeros pasos de la investigación, el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, solicita a la jueza de la corte suprema Rosa Weber la autorización para pedir informaciones sobre el caso “y el eventual envío de pruebas” recogidas por otros organismos judiciales y legislativos.
Tres senadores presentaron el lunes pasado una demanda ante la corte suprema para que se investigue si Bolsonaro incurrió en el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
El vicefiscal Medeiros solicitó inicialmente que el STF rechace esa demanda con el argumento de que la CPI ya incluía ese caso en sus investigaciones.
Pero la jueza Weber denegó esa solicitación, alegando que la Fiscalía no podía permanecer en “el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República”.
Si la Fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro, pedirá al STF que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el STF deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.
Pero esa hipótesis parece hoy poco probable, dado que el mandatario de ultraderecha cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso.
“La aceptación de investigar [la denuncia de prevaricación] es una derrota para el presidente, pero no veo ningún elemento que garantice una incriminación”, dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.
En paralelo a la CPI y a la investigación actual de la Fiscalía, la oposición presiona para que el presidente de la Cámara de Diputados acepte abrir un proceso de impeachment contra Bolsonaro.
Finalmente, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, será investigado por la Fiscalía de su país para esclarecer si cometió un delito de prevaricación en la compra de vacunas contra el covid-19, tal como han denunciado algunos senadores.
Así lo confirmó este viernes la justicia brasileña, luego de que Fiscalía informara al Supremo Tribunal Federal (STF) la instauración de un proceso de indagación por los hechos señalados.
Para dar formalmente los primeros pasos de la investigación, el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, solicita a la jueza de la corte suprema Rosa Weber la autorización para pedir informaciones sobre el caso “y el eventual envío de pruebas” recogidas por otros organismos judiciales y legislativos.
Tres senadores presentaron el lunes pasado una demanda ante la corte suprema para que se investigue si Bolsonaro incurrió en el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
El vicefiscal Medeiros solicitó inicialmente que el STF rechace esa demanda con el argumento de que la CPI ya incluía ese caso en sus investigaciones.
Pero la jueza Weber denegó esa solicitación, alegando que la Fiscalía no podía permanecer en “el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República”.
Si la Fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro, pedirá al STF que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el STF deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.
Pero esa hipótesis parece hoy poco probable, dado que el mandatario de ultraderecha cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso.
“La aceptación de investigar [la denuncia de prevaricación] es una derrota para el presidente, pero no veo ningún elemento que garantice una incriminación”, dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.
En paralelo a la CPI y a la investigación actual de la Fiscalía, la oposición presiona para que el presidente de la Cámara de Diputados acepte abrir un proceso de impeachment contra Bolsonaro.
Finalmente, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, será investigado por la Fiscalía de su país para esclarecer si cometió un delito de prevaricación en la compra de vacunas contra el covid-19, tal como han denunciado algunos senadores.
Así lo confirmó este viernes la justicia brasileña, luego de que Fiscalía informara al Supremo Tribunal Federal (STF) la instauración de un proceso de indagación por los hechos señalados.
Para dar formalmente los primeros pasos de la investigación, el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, solicita a la jueza de la corte suprema Rosa Weber la autorización para pedir informaciones sobre el caso “y el eventual envío de pruebas” recogidas por otros organismos judiciales y legislativos.
Tres senadores presentaron el lunes pasado una demanda ante la corte suprema para que se investigue si Bolsonaro incurrió en el delito de “prevaricación” al no denunciar sospechas de corrupción en la compra de la vacuna india Covaxin.
Entre los tres legisladores figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria (CPI) que indaga en presuntas omisiones del gobierno en la lucha contra la pandemia que ya dejó más de medio millón de muertos en Brasil.
El vicefiscal Medeiros solicitó inicialmente que el STF rechace esa demanda con el argumento de que la CPI ya incluía ese caso en sus investigaciones.
Pero la jueza Weber denegó esa solicitación, alegando que la Fiscalía no podía permanecer en “el papel de espectador de las acciones de los Poderes de la República”.
Si la Fiscalía encuentra pruebas contra Bolsonaro, pedirá al STF que abra una causa contra el mandatario. Pero para hacerlo, el STF deberá obtener la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados. En ese caso, Bolsonaro sería separado de sus funciones durante seis meses, mientras se realiza su juicio.
Pero esa hipótesis parece hoy poco probable, dado que el mandatario de ultraderecha cuenta con una base de apoyo consistente en el Congreso.
“La aceptación de investigar [la denuncia de prevaricación] es una derrota para el presidente, pero no veo ningún elemento que garantice una incriminación”, dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.
En paralelo a la CPI y a la investigación actual de la Fiscalía, la oposición presiona para que el presidente de la Cámara de Diputados acepte abrir un proceso de impeachment contra Bolsonaro.
