Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 14 de agosto de 2022

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Abandono del Estado y malas políticas migratorias: Los factores del malestar social en Iquique

Mientras que la agresión sufrida por una pareja de Carabineros desencadenó el malestar de la ciudadanía iquiqueña que hoy realizó una jornada de protestas por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria en el norte del país, ya aparecen voces que señalan que la actual situación es un reflejo del abandono por parte del Estado.

Lorena Moreno Berroeta

  Lunes 31 de enero 2022 20:26 hrs. 
Protesta en Iquique, 31 de enero 2022

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Esta mañana la ciudad de Iquique amaneció en paro. Según explicaron los organizadores, éste fue convocado el pasado viernes para manifestar el malestar de la ciudadanía debido a la delincuencia, la inseguridad y la migración descontrolada que azotan a esta región del norte del país.

Es en este contexto que gremios del comercio, gran parte del transporte, además de trabajadores del puerto y hoteleros realizaron cortes en diversos puntos de la ciudad, incluyendo las rutas que unen la capital regional con Alto Hospicio y con el Aeropuerto Diego Aracena, lo que durante el día afectó a varios vuelos que debieron ser suspendidos. Incluso, el emblemático mall ZOFRI también cerró sus puertas, adhiriéndose a esta jornada de manifestaciones. Un hecho que ya ha sido calificado como algo inédito en esa ciudad.

Además, la paralización de esta jornada ocurre luego de la marcha de ayer domingo que congregó a cerca de dos mil personas y terminó con la quema de enseres de migrantes que acampaban en las calles de la ciudad del norte del país, mientras que un hombre de nacionalidad extranjera fue agredido por los manifestantes.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional por la zona, Ramón Galleguillos, manifestó su molestia por la situación que ocurre en la Región de Tarapacá ya que, a su juicio, “ la autoridad (central) ha faltado y nos ha dejado en estado de abandono”.

“Hay que separar las cosas. Yo no estoy a favor de nadie, simplemente estoy diciendo algo que se refiere a la humanidad, a lo humanitario. Hay mujeres embarazadas, con niños en brazos, dándoles pecho. Ahí tiene que originarse un trato humanitario”, y enfatiza que “hay gente que ha entrado a delinquir, trayendo costumbres que no teníamos generalmente en esta zona, y creo que en todo Chile está este problema (…) No creo que esto tenga solución de aquí a mañana. Al Gobierno le queda un mes para terminar, y asume una nueva administración en el país que, por Dios, va a tener problemas con este tema. No va a parar hoy día con una protesta”, reconoce.

Ramón Galleguillos - Diputado RNRamón Galleguillos, Diputado por la Región de Tarapacá.

Además, Galleguillos sostiene que Carabineros está sobrepasado por la delincuencia y asegura que “entiendo que hay una mano que no deja actuar. No puede ser posible que a Carabineros de Chile cualquier extranjero los agreda y no puedan defenderse (…) Porque los superiores jerárquicos tienen órdenes de que así sea, y se exponen”. Y recalca que “yo entiendo y comprendo perfectamente que cuando asuma Gabriel Boric le va a tocar duro en esa materia de seguridad pública. Él tendrá sus ideas, y no es partidario del Estado de Excepción, pero a veces hay que llegar al Estado de Excepción para controlar el orden. No siempre, pero sí a veces son herramientas constitucionales que están a mano para parar esto”.

En la misma línea, el parlamentario asegura que las manifestaciones ciudadanas se producen porque “la gente quiere decirle a las autoridades: escúchennos, nos tienen abandonados y no hay resguardo en las poblaciones”, y relata que “como diputado recibo mucho reclamo y cuando llamamos a la Central de Comunicaciones de Carabineros siempre dicen ‘estamos en un procedimiento’. Quizás tengan muchos procedimientos, pero también hay que destacar que cada vez hay menos contingente (policial)”.

“No todos quedan conformes con este tipo de movimientos, pero fue necesario. No nos queda de otra. Si un Gobierno no escucha y no está atendiendo lo que estamos diciendo, esto se va a agravar. Claro que estamos en riesgo, en peligro, en todo el sentido de la palabra (…) El gobierno del Presidente electo Gabriel Boric tendrá que tomar las medidas necesarias, porque está al filo de entrar a debutar, y yo no creo que en el mes de febrero se solucione este problema”, lamentó Galleguillos.

Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, se refirió a lo ocurrido en Iquique y sostuvo que esta situación se produce por la falta de implementación de medidas de seguridad en el sector fronterizo de la región, y es un reflejo del abandono por parte del Estado.

“Nosotros en Colchane seguimos viviendo la situación de manera crítica sin respuesta del Gobierno y sin una acción tendiente a impedir el ingreso indiscriminado de migrantes. No es posible que, con tanta tecnología que existe en el mundo, hoy no podamos contar con un mecanismo para poder identificar a las personas que ingresan a nuestro país, porque hoy día ingresa cualquiera por los costados del complejo fronterizo”, sostuvo García en conversación con nuestro medio.

Javier García - Alcalde de ColchaneJavier García, Alcalde de Colchane.

Y en esa misma línea, el edil agrega que “hemos solicitado al Gobierno abrir el complejo fronterizo de Colchane, porque no tienen sentido alguno hoy día mantenerlo cerrado mientras que, por los costados, ingresan más de 600 migrantes al día y no sabemos quiénes son, y si tienen o no antecedentes penales”, y detalló que la falta de control afecta directamente a los habitantes de su comuna, quienes han visto perjudicada su calidad de vida por la irrupción de inmigrantes que ingresan al país en situación irregular.

“Vemos que ingresan personas muy violentas, con armas de fuego y con armas blancas. También vemos que ingresan mujeres con niños, mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores, personas con problemas de movilidad reducida. En toda esta situación no se tiene control cuando el complejo fronterizo se encuentra cerrado”, denuncia García, y explica que su apertura “permitiría, al menos, controlar a algunos que tienen alguna identificación para poder saber quién es, ya que muchos ingresan con fotocopias de cédulas, y otros con cédulas falsificadas que hasta tienen faltas de ortografías. Y muchos no tienen identidad. Hoy día escuchábamos al Fiscal Regional decir que las personas que están detenidas no se sabe si son los que realmente dicen llamarse. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy día y que nos tiene en la absoluta desprotección frente a esta inmigración descontrolada”, denuncia García.

Incluso, al ser consultado sobre la implementación del Plan Colchane en febrero del 2021, el edil recalca que “todas las acciones que el Gobierno anunció con bombos y platillos a los medios de comunicación que decían relación con mitigar el impacto o dar una aparente tranquilidad al país no han tenido efecto”, y subraya que “el Gobierno jamás trabajó de manera seria y responsable frente a esto”.

“Hoy día la situación es mucho más crítica. En esos momentos había un flujo de ingreso de no más de 200 personas al día. Hoy día hay más de 600 personas, incluso llegando a mil en un solo día, lo cual agrava la situación y pone de manifiesto que aquí faltan acciones de corto plazo y también transformaciones estructurales”, apunto García.

Mientras que Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN), aseguró que la acción del actual Gobierno no representa una respuesta ante la migración que actualmente se produce hacia el país por razones políticas, y señaló que “se está asociando un fenómeno como la delincuencia con la migración y hay suficiente evidencia académica y estudios que demuestran lo contrario”.

Y es que desde la ASOVEN reconocen una preocupación por la situación que actualmente ocurre en la Región de Tarapacá. Además, son enfáticos en condenar la violencia y las manifestaciones que han producido por la irrupción de racismo y xenofobia en el norte del país ya que, si bien existen personas de nacionalidad venezolana que cometen delitos, es un porcentaje muy mínimo en relación al flujo migratorio actual, y señalan que “estamos viendo la instalación de un discurso de odio en contra de las personas que, en la mayoría, llega a Chile en situación de vulnerabilidad extrema”.

Patricia Rojas - ASOVENPatricia Rojas, Presidenta de ASOVEN.

“No nos gustaría que se generaran más hechos de violencia y ataque a personas. Es abrir la puerta a una cantidad de situaciones indeseables en una sociedad sana. Condenamos la violencia, y lo hicimos hace una semana cuando veíamos el ataque de parte de personas de nacionalidad venezolana a Carabineros de Chile. Pero también tenemos que condenar la violencia de personas chilenas a venezolanas. Personas contra personas, indistintamente de quién se trate”,

Además, Patricia Rojas se muestra crítica con el accionar por parte del Estado de Chile, que en vez de generar políticas que atenúen el impacto y la llegada de éstas personas a territorio nacional mantiene el discurso de criminalización de la migración, y explica que “no quisiéramos ver personas ni lastimadas ni heridas, ni mucho menos fallecidas por la falta de políticas del Estado que mitiguen la crisis que se vive, sobre todo, en las ciudades del norte”.

“En Chile, hemos visto que la respuesta al desplazamiento forzado de personas venezolanas no ha estado acorde a lo que hemos visto en otros países. Seguimos hablando sólo de crisis migratoria, cuando en realidad se trata de personas desplazadas forzosamente”, sostiene Rojas, y agrega que “la aplicación de medidas no puede estar enfocada sólo en el movimiento migratorio, sino a la acogida para minimizar el impacto en la infraestructura. Nosotros estamos conscientes que la infraestructura en Iquique está sobrepasada y colapsada. Pero vemos con preocupación que no hay un plan o una estrategia por parte de la administración del Estado de trabajar en función de minimizar el impacto por la llegada de estas personas”.

Al ser consultada sobre la eventual responsabilidad del Mandatario, luego de la invitación que realizó durante su viaje a Cúcuta en febrero de 2019 y la posterior creación de la Visa de Responsabilidad Democrática, que cerró más de 91 mil solicitudes de manera unilateral a fines del 2020, la presidenta de ASOVEN asegura que “como organización, creemos que la Administración del Presidente Sebastián Piñera tuvo un doble estándar y lanzó señales mixtas, sabiendo que la infraestructura consular no estaba preparada para las visas consultares que, en ese entonces, él estaba implementando”, y agrega que “tampoco ha podido cumplir con la aplicación de su política migratoria segura, ordenada y regular. Por lo que ahora estamos viendo las consecuencias de esta política migratoria en el norte del país”.

Mientras que el Capellán del Servicio Jesuita  a Migrantes, Cristián Del Campo, reconoce que están observando “creo que, como la mayoría de la gente, con preocupación”, particularmente lo que ocurre en las regiones del norte como Arica, Tarapacá y Antofagasta, y sostiene que la situación refleja un abandono por parte de la Administración del país.

El Estado de Chile no está preparado y no ha puesto los medios necesarios para ordenar, acoger, y regularizar ese flujo migratorio que es muy grande para cualquier ciudad, como las del norte. Eso trae una serie de consecuencias, para la comunidad migrante que no tiene los lugares donde poder estar, quedarse o pernoctar, y debe hacer uso de espacios públicos. Y ciertamente de la comunidad receptora, que ve que hay espacios públicos de los cuales gozan, pero que están ocupados por familias. Eso trae una serie de inconveniencias y cuando va creciendo, y no hay soluciones de la autoridad, termina en explosiones como las que hemos tenido estos últimos días y a fines de septiembre del año pasado”, sostuvo en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Cristián del Campo - SJMCristián Del Campo, Capellán del Servicio Jesuita a Migrantes.

Al ser consultado sobre las acciones estatales que permitan entregar una pronta solución a la situación migratoria actual, Del Campo espera “que el actual Gobierno tome medidas porque le quedan seis semanas donde se pueden hacer cosas y se pueden disponer ciertos medios para distender ciertos focos que son especialmente álgidos”, y agrega que “el nuevo Gobierno (puede implementar) políticas de más largo aliento que apunten a una migración ordenada, segura y regular”.

“Hay mecanismos para poder atender, acoger y hacernos cargos de la gente que está viniendo, especialmente de Venezuela, ya que está teniendo una situación muy importante desde hace mucho tiempo de éxodo de una parte importante de la población que está llegando a distintos países de Sudamérica, entre ellos nosotros. Y nos parece que, el peor de los mundos, es que sigamos con una política que, lo único que hace, es alentar el paso de gente indocumentada por pasos que no están habilitados. No sólo pone más en riesgo a la gente que está migrando sino que, como país, no tenemos idea ni de quiénes son ni dónde están. En ese sentido, un Estado tiene que velar por saber dónde están sus ciudadanos y la gente que está migrando para que pueda, de alguna manera, otorgar un camino de regularización para que esas personas puedan integrarse a nuestra sociedad”, plantea.

Además, a través de una declaración pública, desde el Colegio de Periodistas y la Red de Periodistas Migrantes denunciaron amenazas y agresiones contra la prensa en lo que catalogaron como “un clima de violencia que ha aumentado, por lo cual se exige al Estado ser garante de la libertad de expresión”, e hicieron un llamado a los medios de comunicación, debido a cobertura en algunas situaciones que, a su juicio, están criminalizando a la población migrante y sustentan discursos de odio y manifestaciones racistas y xenófobas.

Y en ese sentido, Del Campo exige a los medios de comunicación, que hoy tienen la labor de difundir información, “que se informen bien de por qué suceden las cosas que suceden (…) Por ejemplo, cuando se habla de criminalización, (que informen) cuáles son verdaderamente las cifras, quiénes son verdaderamente los afectados y los que delinquen. Eso les pediría. Responsabilidad y un trabajo serio para poder proveer información que sea fidedigna, porque es fácil repetir cuñas que van a enardecer el ambiente, sobre todo de comunidades que están especialmente estresadas por la situación que están viviendo”, concluye el Capellán del Servicio Jesuita a Migrantes.

Fotografía de portada: Twitter | @TaLoBikeCL
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