La comisión de Minería y Energía del Senado inició ayer miércoles la revisión del proyecto que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, popularmente conocida como Ley Corta de Gas Natural.
La iniciativa- ingresada por el gobierno el 29 de junio- plantea la derogación del artículo 12 transitorio de la Ley N°20.999, que según una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le habría permitido a Metrogas aumentar indebidamente su rentabilidad hasta en un 20%, mediante la creación de la empresa espejo Agesa, la cual le habría permitido aumentar el precio del gas que consumen los clientes.
Asimismo, el proyecto reduce de un 9% a un 6% el límite de rentabilidad máxima para aquellos activos que tengan más de 20 años de antigüedad.
No obstante, durante la primera sesión los senadores que integran la comisión le solicitaron al Ejecutivo- a través del ministro de Energía, Claudio Huepe- retirar la discusión inmediata.
Sobre esta petición, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Lorero Carvajal, afirmó que “más allá de quitar la discusión inmediata, tenemos el mismo interés de que esto lo podamos tramitar rápido. Debemos generar un momento de tener todos los antecedentes a la vista para evitar que esto vuelva a ocurrir y eso significa un estudio de la comisión que no debiera generar mucho tiempo”.
La legisladora explicó que “tenemos la misma premura de tener certeza respecto a cómo hoy día se puede evitar estos abusos que empresas como Metrogas han hecho frente a sus clientes. En ese contexto, tenemos una dificultad de forma porque tenemos muchos proyectos, de royalty minero, de gas licuado. Entonces, tenemos un apremio importante con una hora y media de comisión, por lo que estamos viendo la posibilidad de generar dos sesiones semanales a propósito de ir avanzando muy pronto en este proyecto”, recalcando la importancia de citar a la FNE “a fin de que genere toda la opinión, entendiendo que es una entidad con independencia, que hace total mérito de su trabajo en poder establecer todos los resguardos para evitar estas consecuencias”.
En la misma línea, el senador regionalista Esteban Velásquez sostuvo que “queremos darnos el tiempo suficiente para analizar, revisar el modelo que hoy día tiene nuestro país en términos del mercado de la energía y no dejar espacio alguno para estos contubernios que hemos observado, que nos parecen abusivos y que se deben corregir”.
Asimismo, cuestionó la falta de competencia del rubro, asegurando que “hoy día las condiciones favorecen en gran medida solo a las empresas y los usuarios nos vemos muy desprotegidos porque no podemos cambiar como quien cambia de un equipo móvil a otro. Este mercado, incluso, es tan monopólico que lleva yo diría a someterse a los gobiernos a las condiciones que les colocan las empresas privadas y eso debemos cambiar”, por lo que destacó la necesidad de reforzar el trabajo legislativo de manera que la iniciativa prospere en el Congreso.
Mientras el senador UDI, José Miguel Durana, expresó sus dudas sobre el proyecto y dijo que “tenemos el legítimo derecho de conocer en la comisión de Minería si hubo sobreprecio, cómo vamos a generar en esta nueva normativa las condiciones de seguridad o la certeza jurídica y administrativa de un buen sistema distributivo y un buen sistema comercializador. Finalmente, cómo se va a seguir expandiendo este gas natural, en especial para las regiones del centro y sur del país”. De modo que expresó “no querer legislar a la rápida”.
“Queremos conocer la opinión de los técnicos, queremos conocer las razones de la Comisión Nacional de Energía (CNA) para validar todos los procesos que tuvo la industria del gas natural, pero a su vez también cuáles son las dudas que tiene la FNE y escuchar a los actores del gas natural, que obviamente es la empresa privada que genera inversión y desarrollo, además de innovación en un mercado que tiene que ser competitivo y que tiene que llegar a la mayor cantidad de domicilios en nuestro país”, aseveró el parlamentario de oposición.
La comisión de Minería y Energía del Senado inició ayer miércoles la revisión del proyecto que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, popularmente conocida como Ley Corta de Gas Natural.
La iniciativa- ingresada por el gobierno el 29 de junio- plantea la derogación del artículo 12 transitorio de la Ley N°20.999, que según una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le habría permitido a Metrogas aumentar indebidamente su rentabilidad hasta en un 20%, mediante la creación de la empresa espejo Agesa, la cual le habría permitido aumentar el precio del gas que consumen los clientes.
Asimismo, el proyecto reduce de un 9% a un 6% el límite de rentabilidad máxima para aquellos activos que tengan más de 20 años de antigüedad.
No obstante, durante la primera sesión los senadores que integran la comisión le solicitaron al Ejecutivo- a través del ministro de Energía, Claudio Huepe- retirar la discusión inmediata.
Sobre esta petición, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Lorero Carvajal, afirmó que “más allá de quitar la discusión inmediata, tenemos el mismo interés de que esto lo podamos tramitar rápido. Debemos generar un momento de tener todos los antecedentes a la vista para evitar que esto vuelva a ocurrir y eso significa un estudio de la comisión que no debiera generar mucho tiempo”.
La legisladora explicó que “tenemos la misma premura de tener certeza respecto a cómo hoy día se puede evitar estos abusos que empresas como Metrogas han hecho frente a sus clientes. En ese contexto, tenemos una dificultad de forma porque tenemos muchos proyectos, de royalty minero, de gas licuado. Entonces, tenemos un apremio importante con una hora y media de comisión, por lo que estamos viendo la posibilidad de generar dos sesiones semanales a propósito de ir avanzando muy pronto en este proyecto”, recalcando la importancia de citar a la FNE “a fin de que genere toda la opinión, entendiendo que es una entidad con independencia, que hace total mérito de su trabajo en poder establecer todos los resguardos para evitar estas consecuencias”.
En la misma línea, el senador regionalista Esteban Velásquez sostuvo que “queremos darnos el tiempo suficiente para analizar, revisar el modelo que hoy día tiene nuestro país en términos del mercado de la energía y no dejar espacio alguno para estos contubernios que hemos observado, que nos parecen abusivos y que se deben corregir”.
Asimismo, cuestionó la falta de competencia del rubro, asegurando que “hoy día las condiciones favorecen en gran medida solo a las empresas y los usuarios nos vemos muy desprotegidos porque no podemos cambiar como quien cambia de un equipo móvil a otro. Este mercado, incluso, es tan monopólico que lleva yo diría a someterse a los gobiernos a las condiciones que les colocan las empresas privadas y eso debemos cambiar”, por lo que destacó la necesidad de reforzar el trabajo legislativo de manera que la iniciativa prospere en el Congreso.
Mientras el senador UDI, José Miguel Durana, expresó sus dudas sobre el proyecto y dijo que “tenemos el legítimo derecho de conocer en la comisión de Minería si hubo sobreprecio, cómo vamos a generar en esta nueva normativa las condiciones de seguridad o la certeza jurídica y administrativa de un buen sistema distributivo y un buen sistema comercializador. Finalmente, cómo se va a seguir expandiendo este gas natural, en especial para las regiones del centro y sur del país”. De modo que expresó “no querer legislar a la rápida”.
“Queremos conocer la opinión de los técnicos, queremos conocer las razones de la Comisión Nacional de Energía (CNA) para validar todos los procesos que tuvo la industria del gas natural, pero a su vez también cuáles son las dudas que tiene la FNE y escuchar a los actores del gas natural, que obviamente es la empresa privada que genera inversión y desarrollo, además de innovación en un mercado que tiene que ser competitivo y que tiene que llegar a la mayor cantidad de domicilios en nuestro país”, aseveró el parlamentario de oposición.
La comisión de Minería y Energía del Senado inició ayer miércoles la revisión del proyecto que modifica el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual al que están sujetas las empresas concesionarias de distribución de gas, popularmente conocida como Ley Corta de Gas Natural.
La iniciativa- ingresada por el gobierno el 29 de junio- plantea la derogación del artículo 12 transitorio de la Ley N°20.999, que según una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le habría permitido a Metrogas aumentar indebidamente su rentabilidad hasta en un 20%, mediante la creación de la empresa espejo Agesa, la cual le habría permitido aumentar el precio del gas que consumen los clientes.
Asimismo, el proyecto reduce de un 9% a un 6% el límite de rentabilidad máxima para aquellos activos que tengan más de 20 años de antigüedad.
No obstante, durante la primera sesión los senadores que integran la comisión le solicitaron al Ejecutivo- a través del ministro de Energía, Claudio Huepe- retirar la discusión inmediata.
Sobre esta petición, la senadora del PPD y presidenta de la instancia, Lorero Carvajal, afirmó que “más allá de quitar la discusión inmediata, tenemos el mismo interés de que esto lo podamos tramitar rápido. Debemos generar un momento de tener todos los antecedentes a la vista para evitar que esto vuelva a ocurrir y eso significa un estudio de la comisión que no debiera generar mucho tiempo”.
La legisladora explicó que “tenemos la misma premura de tener certeza respecto a cómo hoy día se puede evitar estos abusos que empresas como Metrogas han hecho frente a sus clientes. En ese contexto, tenemos una dificultad de forma porque tenemos muchos proyectos, de royalty minero, de gas licuado. Entonces, tenemos un apremio importante con una hora y media de comisión, por lo que estamos viendo la posibilidad de generar dos sesiones semanales a propósito de ir avanzando muy pronto en este proyecto”, recalcando la importancia de citar a la FNE “a fin de que genere toda la opinión, entendiendo que es una entidad con independencia, que hace total mérito de su trabajo en poder establecer todos los resguardos para evitar estas consecuencias”.
En la misma línea, el senador regionalista Esteban Velásquez sostuvo que “queremos darnos el tiempo suficiente para analizar, revisar el modelo que hoy día tiene nuestro país en términos del mercado de la energía y no dejar espacio alguno para estos contubernios que hemos observado, que nos parecen abusivos y que se deben corregir”.
Asimismo, cuestionó la falta de competencia del rubro, asegurando que “hoy día las condiciones favorecen en gran medida solo a las empresas y los usuarios nos vemos muy desprotegidos porque no podemos cambiar como quien cambia de un equipo móvil a otro. Este mercado, incluso, es tan monopólico que lleva yo diría a someterse a los gobiernos a las condiciones que les colocan las empresas privadas y eso debemos cambiar”, por lo que destacó la necesidad de reforzar el trabajo legislativo de manera que la iniciativa prospere en el Congreso.
Mientras el senador UDI, José Miguel Durana, expresó sus dudas sobre el proyecto y dijo que “tenemos el legítimo derecho de conocer en la comisión de Minería si hubo sobreprecio, cómo vamos a generar en esta nueva normativa las condiciones de seguridad o la certeza jurídica y administrativa de un buen sistema distributivo y un buen sistema comercializador. Finalmente, cómo se va a seguir expandiendo este gas natural, en especial para las regiones del centro y sur del país”. De modo que expresó “no querer legislar a la rápida”.
“Queremos conocer la opinión de los técnicos, queremos conocer las razones de la Comisión Nacional de Energía (CNA) para validar todos los procesos que tuvo la industria del gas natural, pero a su vez también cuáles son las dudas que tiene la FNE y escuchar a los actores del gas natural, que obviamente es la empresa privada que genera inversión y desarrollo, además de innovación en un mercado que tiene que ser competitivo y que tiene que llegar a la mayor cantidad de domicilios en nuestro país”, aseveró el parlamentario de oposición.
