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Año XVI, 21 de junio de 2024


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Pasa a segundo trámite: Cámara aprueba proyecto que establece la expulsión del país como pena sustitutiva para migrantes

La iniciativa del Ejecutivo permite a extranjeros condenados por Ley de Drogas a penas de cinco años o inferiores, optar a la expulsión del territorio nacional. "Se hace cargo de una realidad", destacó el diputado Leiva (PS) en el hemiciclo.

Maria Luisa Cisternas

  Martes 13 de diciembre 2022 15:40 hrs. 
Iquique, 10 de Febrero del 2021. 
Ministros del Interior y Seguridad Publica, Rodrigo Delgado, de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, y de Relaciones Exteriores, Andres Allamand, supervisan y participan en operativo de expulsion de ciudadanos de Venezuela y Colombia desde la Base Aerea de la FACH. Se trata de extranjeros que cometieron diversos delitos en Chile y que en su gran mayoría ingresaron de manera clandestina por pasos no habilitados al pais. Alex Diaz/Aton ChileIquique, 10 de Febrero del 2021. Ministros del Interior y Seguridad Publica, Rodrigo Delgado, de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, y de Relaciones Exteriores, Andres Allamand, supervisan y participan en operativo de expulsion de ciudadanos de Venezuela y Colombia desde la Base Aerea de la FACH. Se trata de extranjeros que cometieron diversos delitos en Chile y que en su gran mayoría ingresaron de manera clandestina por pasos no habilitados al pais. Alex Diaz/Aton Chile

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Este martes, en su primer trámite constitucional, el proyecto de ley que busca ampliar la posibilidad de expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva respecto de las personas extranjeras condenadas, fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y despachado a segundo trámite.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo -y que ingresó con suma urgencia-, incorpora un nuevo artículo a la Ley 18.216, que es el que regula las penas sustitutivas a las privativas de libertad. Así la propuesta elimina la prohibición de expulsión para los casos de drogas y delitos aduaneros y junto a ello, se introduce una pena mixta para las personas extranjeras condenadas.

De tal forma, la nueva disposición establece que el tribunal, a petición de la persona condenada, podrá disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la pena sustitutiva de expulsión.

Requisitos para ello es que la sanción impuesta fuera de cinco años y un día de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo u otra pena inferior; que al momento de discutirse la interrupción de la pena privativa de libertad la persona no registre otra condena por crimen o simple delito; que la persona hubiese cumplido, al menos, un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva; un comportamiento del condenado calificado como “muy bueno” o “bueno” en los tres bimestres anteriores a su solicitud y que el condenado se haya sometido al proceso de identificación decadactilar y documental que realiza el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Sobre ello, Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, precisó que “hoy día existe la posibilidad de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido todos los otros delitos. La Ley de Migraciones aprobada el año pasado sólo introdujo una excepción respecto de delitos involucrados en la Ley 20.000. Lo que estamos haciendo acá es revertir una excepción que afecta los delitos involucrados en la Ley 20.000. Por lo tanto, se mantiene vigente la regulación respecto de la posibilidad de expulsar judicialmente a quienes cometieron delitos en el marco de otras sanciones”.

Algo frente a lo que manifestaron su respaldo los parlamentarios de la Cámara, recibiendo el proyecto 82 votos a favor, versus 47 en contra y cinco abstenciones, destacando el rechazo de la UDI, PDG, Partido Republicano y Evópoli.

Desde la tienda de Javier Macaya, la diputada Flor Weisse consideró la iniciativa como un beneficio para los migrantes. “Este proyecto en su visión general yerra en la forma de hacer frente a un peligro mucho mayor, que es el hacinamiento carcelario. Si bien es una situación que hay que abordar, el narcotráfico y el crimen organizado son delitos mucho más graves, las penas deben ser efectivas. Ningún delincuente del narcotráfico debe estar fuera de la cárcel”, sostuvo.

Mientras que desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva (PS) aseguró que la propuesta del Gobierno busca “hacerse cargo de una realidad”.

“Las cárceles del norte del país no mantienen detenidos o privados en libertad a aquellos grandes narcotraficantes, sino muchas veces a mujeres bolivianas que hacen de burreras para traer droga al país. Lo que pretende solucionar esta normativa es que aquellas personas que han cumplido 1/3 de su condena, han tenido buena conducta y han sido condenados por ciertos delitos del microtráfico, puedan acceder a ser expulsados”.

Cabe destacar que en el hemiciclo se renovó la indicación del diputado republicano Cristián Araya, que establece que “el extranjero que hubiere obtenido el beneficio de expulsión y hubiera hecho reingreso al país, antes del transcurso del plazo de diez años, dispuesto en el artículo 33 bis de esta ley, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad en grado de calificado y será condenado a la pena de presidio mayor en su grado máximo”. Moción a la que, pese a que se restó el oficialismo, obtuvo 96 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. 

Imagen: Agencia ATON.
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