El subdirector del Centro de Derechos Humanos de la U. de Chile aseguró que se han atacado importantes políticas públicas destinadas a las víctimas de la dictadura. Por ello, el lazo entre el Ejecutivo y las organizaciones está sumamente afectado.
Los comisionados presentaron una dimisión colectiva acusando que decisiones de la cartera de Justicia hacen “inviable” el mandato de esclarecer las violaciones a los derechos humanos bajo custodia estatal.
El debate, que contó con la presencia del ministro Fernando Rabat, se centró en el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alta gravedad, junto con el análisis de medidas orientadas a la reincidencia y la reinserción social
La académica de la U. de Chile advirtió que la salida de profesionales clave —ingresadas por Alta Dirección Pública— compromete la seguridad de archivos sensibles. “¿Cómo confiar en que los datos sean asegurados?”, cuestionó.
El Núcleo de Memorias de la Facultad de Comunicación e Imagen advirtió que la salida de funcionarios pone en riesgo la continuidad de una política de Estado que maneja datos sensibles y compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Cerca de 20 organizaciones acusan incertidumbre financiera y advierten efectos en el trabajo con comunidades, colegios y la preservación de espacios de memoria. En paralelo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende suspendió sus actividades.
Las representantes de las organizaciones manifestaron su preocupación por el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, la falta de urgencia al Plan de Búsqueda y proyectos que, afirmaron, favorecen la impunidad.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia Jaime Gajardo ya había manifestado la disconformidad del Ejecutivo con el proyecto y advirtió que “es contrario a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país”.
La Ansog acusó una pérdida total de legitimidad de la autoridad de Justicia tras vincular las liberaciones erróneas de reos con corrupción, ignorando el déficit estructural del sistema.
Entre sus principales claves, la norma busca dejar sin existencia a los gremios de gendarmes. La institución pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública y separa la función de reinserción social mediante la creación de un servicio nacional.
El Ejecutivo abordó el debate tras el nuevo error en la liberación de un reo. El gobernador Orrego aseguró que los últimos hechos son “la punta del iceberg”, mientras Renovación Nacional exigió la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
El Gobierno nombró a la ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, como primera directora de la nueva Defensoría de Víctimas de Delitos. La bancada de RN ingresó un oficio a Contraloría criticando el nombramiento como un “amarre” por su embarazo.
La decisión se produce tras los resultados de la “Operación Apocalipsis”, un masivo operativo que desarticuló una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios. “No permitiremos que las cárceles sean espacios para delinquir”, afirmó Boric.
Jaime Gajardo concurrió para interiorizarse sobre las diligencias y, particularmente, para reunirse con familiares de las víctimas, quienes asisten diariamente a observar los movimientos que se llevan a cabo.
El cardenal Fernando Chomalí y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacaron el valor histórico de la Vicaría de la Solidaridad y la urgencia de avanzar en verdad, memoria y acompañamiento para las familias de detenidos desaparecidos.
“El lugar es un sitio de interés por su proximidad con el cuartel N°2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo, que, después del 11 de septiembre de 1973, se utilizó como centro de detención” explica.
Entre ellas se incluyen informes de seguridad perimetral en 24 horas, revisión de la población penal en 72 horas, redistribución de gendarmes en 48 horas y la posibilidad de recontratar funcionarios retirados.
