Luego de que asumiera esta semana formalmente como el nuevo ministro de Justicia tras la bullada salida de la ex titular Marcela Ríos, el abogado Luis Cordero analizó la discusión que por estas semanas se ha tomado la agenda política en torno a los indultos presidenciales.

Cordero planteó en entrevista con El Mercurio que los cuestionamientos en torno al otorgamiento de este beneficio se arrastran hace décadas, recordándole al debate en 2004 “cuando la oposición acusó al ex ministro de Justicia, Luis Bates, por unos indultos que se habían concedido a fines de los 90” y que “buena parte de la discusión se asemeja mucho al debate jurídico en este caso; quién indulta, cómo se fundamentan los indultos, hasta donde llega la delegación de firmas”.

En ese sentido, la autoridad reconoció la complejidad de la materia, puesto que “se nos olvida por un segundo que al indultar hablamos de personas condenadas respecto de las cuales hacemos reproche no solo jurídico, sino también moral. Son personas culpables”.

Asimismo, mencionó que el proceder de la cartera respecto de los indultos será primero el de responder a Contraloría y esperar el requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), señalando sobre esto último que “probablemente va a anticipar algo de la discusión clásica de que la calificación especial la tiene que hacer específicamente el Presidente y no el ministro o ministra de Justicia”.

En esa línea, dijo si bien entender el debate político “si uno mira ‘los papelitos’, hasta ahora, desde el punto de vista del procedimiento, son carpetas tramitadas de conformidad a las formas generales de gestión de los indultos”.

Mientras tras ser consultado sobre los dichos de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, que habrían dado cuenta sobre una supuesta irregularidad en la tramitación del beneficio, Cordero señaló que “quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el Presidente indultó a personas equivocadas, esta idea de que se habrían emitido los decretos de indulto con error”.

Misma afirmación sostuvo sobre de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien habló de “desprolijidades”. “Hay veces en que los significados de algunas expresiones pueden efectivamente permitir interpretaciones extensivas (…), está muy focalizado desde el punto de vista de evaluación política, y explica por qué yo estoy acá. Pero otras son las consideraciones jurídicas; jurídicamente los expedientes administrativos están tramitados de conformidad a la ley”, manifestó.

Por otra parte, el titular de Justicia negó la existencia de presos políticos en Chile, destacando que “tenemos un sistema institucional sujeto a reglas y procedimientos, este es un Estado de Derecho, aquí a nadie se le persigue por sus ideas”.

“La calificación de preso político es una calificación internacional y jurídicamente bien precisa y en Chile no hay presos políticos”, aseveró.