Corte Suprema invalida sentencia de Consejo de Guerra de Arica
Se trata de un fallo contra tres dirigentes de la Central Única de Trabajadores en 1974. La medida del máximo tribunal va en la línea de anular decisiones administrativas injustas que implementaron autoridades militares como planteó la CIDH.
Martes 14 de febrero 2023 12:50 hrs.
CH01. SANTIAGO DE CHILE (CHILE), 10/12/2015.- Fotografías de chilenos desaparecidos durante la dictadura hoy, jueves 10 de diciembre de 2015, el Museo de la Memoria, durante el día Internacional de los Derechos Humanos en Santiago de Chile (Chile). Un total de 1.373 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet están en manos de la Justicia chilena en condición de procesados, acusados o condenados, informaron hoy fuentes oficiales. De ese total, 495 se encuentran como procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados, 180 de ellos en sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema. EFE/Sebastian Silva
Después de transcurridos 49 años, la Segunda Sala de Corte Suprema acogió el recurso de revisión e invalidó sentencias condenatorias emanadas del Consejo de Guerra que en 1974 castigó con penas de prisión y relegación a tres ex dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Arica.
El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Ricardo Alfredo Abuauad y Gonzalo Enrique Ruiz, y anula todo lo obrado en contra de los dirigentes Osciel Contreras Cifuentes, Miguel Olivos Azúa y Julio Cámara Cortés, declarando que se les absuelve por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.
Los exdirigentes sindicales habían sido detenidos por fuerzas militares el 11 de septiembre de 1973 en el contexto del golpe militar. Posteriormente, mientras permanecían detenidos, fueron sometidos a proceso que llevó adelante la fiscalía militar de Arica, acusados de supuestos delitos tipificados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, para finalmente, en noviembre de 1974, comparecer ante un Consejo de Guerra que condenó a prisión a Osciel Contreras y Julio Cámara, en tanto que a Miguel Olivos le fue aplicada la pena de relegación al sur del país.
Lo resuelto por el máximo tribunal, sigue una línea de acción iniciada en los últimos años que, a su vez, recoge pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), tendiente a acoger recursos de revisión y anular sentencias de consejos de guerra que operaron en diversas regiones del país, que en algunos casos significaron fusilamientos de detenidos, en el contexto de una feroz escalada represiva que siguió a la instalación de la dictadura cívico-militar, contra militantes y adherentes de los partidos que integraron la coalición política del gobierno de Salvador Allende.
Para Nelson Caucoto, quien junto al abogado Francisco Ugás actúan como patrocinantes, señaló que se trata de “una de las más grandes injusticias cometidas contra trabajadores chilenos. Los abusos de los militares fueron inmensos, por sí y ante sí decidieron por la libertad, el honor y la seguridad de manera abiertamente injusta. Afortunadamente la justicia operando con la normativa de derecho internacional ha hecho justicia”.
En una declaración conjunta Contreras, Cámara y Olivos manifestaron que “el hecho que el pronunciamiento del máximo tribunal es un acto de justicia que se valora, a 49 años de ocurrida la sentencia, da cuenta también de las dificultades y escollos que aún subsisten para que exista plena justicia y reparación para miles de chilenos que sufrieron persecución durante los 17 años de dictadura en Chile”.
Del mismo modo, dicen no olvidar que las condenas impuestas de manera arbitraria por un tribunal militar carente de toda legitimidad jurídica, se cumplieron lo que significó para ellos un drástico cambio en sus proyectos de vida, a nivel personal, familiar y profesional, situación ratificada con anterioridad por la Comisión Valech, que les reconoció como víctimas de violaciones de derechos humanos.
Inocentes
Julio Cámara Cortés, pese a los difíciles años de dictadura que siguieron al momento de recuperar su libertad, logró realizar una vida normal. Conformó una familia y tiene dos hijos. A mediados de los 80, y radicado en la zona central, asumió nuevamente roles en el ámbito sindical, lo que le significó acciones represivas en su contra por dicha labor. En lo político fue consejero regional (CORE) de Tarapacá, y hasta enero pasado se desempeñó como Consejero Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, es Ingeniero en Administración, con un magíster en Recursos Humanos.
Osciel Contreras Cifuentes presidía la CUT en Arica al momento de su detención. Años después retomó sus actividades sindicales en el sector minero y en tal condición contribuyó a la formación de la Coordinadora Nacional Sindical y fue miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que presidió en dicha ciudad hasta el año pasado.
Miguel Olivos Azúa, de profesión técnico electrónico, se desempeñó en empresas del rubro en la zona industrial de Arica, asumiendo, además, tareas como delegado del personal, siendo electo posteriormente en la dirección de la CUT, cargo que desempeñó hasta su detención el 11 de septiembre de 1973. Al término de su condena de relegación, siguió en la zona central del país trabajando en su especialidad, la electrónica, en reconocidas empresas del área en la capital.
Después de transcurridos 49 años, la Segunda Sala de Corte Suprema acogió el recurso de revisión e invalidó sentencias condenatorias emanadas del Consejo de Guerra que en 1974 castigó con penas de prisión y relegación a tres ex dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Arica.
El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Ricardo Alfredo Abuauad y Gonzalo Enrique Ruiz, y anula todo lo obrado en contra de los dirigentes Osciel Contreras Cifuentes, Miguel Olivos Azúa y Julio Cámara Cortés, declarando que se les absuelve por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.
Los exdirigentes sindicales habían sido detenidos por fuerzas militares el 11 de septiembre de 1973 en el contexto del golpe militar. Posteriormente, mientras permanecían detenidos, fueron sometidos a proceso que llevó adelante la fiscalía militar de Arica, acusados de supuestos delitos tipificados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, para finalmente, en noviembre de 1974, comparecer ante un Consejo de Guerra que condenó a prisión a Osciel Contreras y Julio Cámara, en tanto que a Miguel Olivos le fue aplicada la pena de relegación al sur del país.
Lo resuelto por el máximo tribunal, sigue una línea de acción iniciada en los últimos años que, a su vez, recoge pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), tendiente a acoger recursos de revisión y anular sentencias de consejos de guerra que operaron en diversas regiones del país, que en algunos casos significaron fusilamientos de detenidos, en el contexto de una feroz escalada represiva que siguió a la instalación de la dictadura cívico-militar, contra militantes y adherentes de los partidos que integraron la coalición política del gobierno de Salvador Allende.
Para Nelson Caucoto, quien junto al abogado Francisco Ugás actúan como patrocinantes, señaló que se trata de “una de las más grandes injusticias cometidas contra trabajadores chilenos. Los abusos de los militares fueron inmensos, por sí y ante sí decidieron por la libertad, el honor y la seguridad de manera abiertamente injusta. Afortunadamente la justicia operando con la normativa de derecho internacional ha hecho justicia”.
En una declaración conjunta Contreras, Cámara y Olivos manifestaron que “el hecho que el pronunciamiento del máximo tribunal es un acto de justicia que se valora, a 49 años de ocurrida la sentencia, da cuenta también de las dificultades y escollos que aún subsisten para que exista plena justicia y reparación para miles de chilenos que sufrieron persecución durante los 17 años de dictadura en Chile”.
Del mismo modo, dicen no olvidar que las condenas impuestas de manera arbitraria por un tribunal militar carente de toda legitimidad jurídica, se cumplieron lo que significó para ellos un drástico cambio en sus proyectos de vida, a nivel personal, familiar y profesional, situación ratificada con anterioridad por la Comisión Valech, que les reconoció como víctimas de violaciones de derechos humanos.
Inocentes
Julio Cámara Cortés, pese a los difíciles años de dictadura que siguieron al momento de recuperar su libertad, logró realizar una vida normal. Conformó una familia y tiene dos hijos. A mediados de los 80, y radicado en la zona central, asumió nuevamente roles en el ámbito sindical, lo que le significó acciones represivas en su contra por dicha labor. En lo político fue consejero regional (CORE) de Tarapacá, y hasta enero pasado se desempeñó como Consejero Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, es Ingeniero en Administración, con un magíster en Recursos Humanos.
Osciel Contreras Cifuentes presidía la CUT en Arica al momento de su detención. Años después retomó sus actividades sindicales en el sector minero y en tal condición contribuyó a la formación de la Coordinadora Nacional Sindical y fue miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que presidió en dicha ciudad hasta el año pasado.
Miguel Olivos Azúa, de profesión técnico electrónico, se desempeñó en empresas del rubro en la zona industrial de Arica, asumiendo, además, tareas como delegado del personal, siendo electo posteriormente en la dirección de la CUT, cargo que desempeñó hasta su detención el 11 de septiembre de 1973. Al término de su condena de relegación, siguió en la zona central del país trabajando en su especialidad, la electrónica, en reconocidas empresas del área en la capital.
Después de transcurridos 49 años, la Segunda Sala de Corte Suprema acogió el recurso de revisión e invalidó sentencias condenatorias emanadas del Consejo de Guerra que en 1974 castigó con penas de prisión y relegación a tres ex dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Arica.
El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Ricardo Alfredo Abuauad y Gonzalo Enrique Ruiz, y anula todo lo obrado en contra de los dirigentes Osciel Contreras Cifuentes, Miguel Olivos Azúa y Julio Cámara Cortés, declarando que se les absuelve por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia.
Los exdirigentes sindicales habían sido detenidos por fuerzas militares el 11 de septiembre de 1973 en el contexto del golpe militar. Posteriormente, mientras permanecían detenidos, fueron sometidos a proceso que llevó adelante la fiscalía militar de Arica, acusados de supuestos delitos tipificados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, para finalmente, en noviembre de 1974, comparecer ante un Consejo de Guerra que condenó a prisión a Osciel Contreras y Julio Cámara, en tanto que a Miguel Olivos le fue aplicada la pena de relegación al sur del país.
Lo resuelto por el máximo tribunal, sigue una línea de acción iniciada en los últimos años que, a su vez, recoge pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), tendiente a acoger recursos de revisión y anular sentencias de consejos de guerra que operaron en diversas regiones del país, que en algunos casos significaron fusilamientos de detenidos, en el contexto de una feroz escalada represiva que siguió a la instalación de la dictadura cívico-militar, contra militantes y adherentes de los partidos que integraron la coalición política del gobierno de Salvador Allende.
Para Nelson Caucoto, quien junto al abogado Francisco Ugás actúan como patrocinantes, señaló que se trata de “una de las más grandes injusticias cometidas contra trabajadores chilenos. Los abusos de los militares fueron inmensos, por sí y ante sí decidieron por la libertad, el honor y la seguridad de manera abiertamente injusta. Afortunadamente la justicia operando con la normativa de derecho internacional ha hecho justicia”.
En una declaración conjunta Contreras, Cámara y Olivos manifestaron que “el hecho que el pronunciamiento del máximo tribunal es un acto de justicia que se valora, a 49 años de ocurrida la sentencia, da cuenta también de las dificultades y escollos que aún subsisten para que exista plena justicia y reparación para miles de chilenos que sufrieron persecución durante los 17 años de dictadura en Chile”.
Del mismo modo, dicen no olvidar que las condenas impuestas de manera arbitraria por un tribunal militar carente de toda legitimidad jurídica, se cumplieron lo que significó para ellos un drástico cambio en sus proyectos de vida, a nivel personal, familiar y profesional, situación ratificada con anterioridad por la Comisión Valech, que les reconoció como víctimas de violaciones de derechos humanos.
Inocentes
Julio Cámara Cortés, pese a los difíciles años de dictadura que siguieron al momento de recuperar su libertad, logró realizar una vida normal. Conformó una familia y tiene dos hijos. A mediados de los 80, y radicado en la zona central, asumió nuevamente roles en el ámbito sindical, lo que le significó acciones represivas en su contra por dicha labor. En lo político fue consejero regional (CORE) de Tarapacá, y hasta enero pasado se desempeñó como Consejero Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, es Ingeniero en Administración, con un magíster en Recursos Humanos.
Osciel Contreras Cifuentes presidía la CUT en Arica al momento de su detención. Años después retomó sus actividades sindicales en el sector minero y en tal condición contribuyó a la formación de la Coordinadora Nacional Sindical y fue miembro fundador de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entidad que presidió en dicha ciudad hasta el año pasado.
Miguel Olivos Azúa, de profesión técnico electrónico, se desempeñó en empresas del rubro en la zona industrial de Arica, asumiendo, además, tareas como delegado del personal, siendo electo posteriormente en la dirección de la CUT, cargo que desempeñó hasta su detención el 11 de septiembre de 1973. Al término de su condena de relegación, siguió en la zona central del país trabajando en su especialidad, la electrónica, en reconocidas empresas del área en la capital.
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