Ante el proyecto que podría excarcelar a presos del ex Punta Peuco, el abogado especializado en DD.HH. acusó que la iniciativa es una “afrenta a familiares de detenidos desaparecidos”. “Significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”, subrayó.
El exmilitar fue deportado por Estados Unidos a fines del 2023, tras ser requerido por la justicia chilena desde 2013, oportunidad en que la Corte Suprema autorizó su extradición por su participación en el crimen de Jara y Littré Quiroga.
Una carta firmada por la exsenadora y otros personeros, entre ellos Nelson Caucoto, Alicia Lira y Luciano Fouillioux, advierten un retroceso doloroso frente a la propuesta del candidato presidencial republicano.
El abogado, querellante en múltiples de causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, además afirmó, respecto de los presos de Punta Peuco que “es gente que ha sido condenada por la Corte Suprema en fallos unánimes”.
La excandidata presidencial e hija del exministro, Carolina Tohá, destacó que “si el Estado ha llegado a la conclusión que se cometió un homicidio, se debe seguir buscando la verdad para esclarecer las condiciones y los autores que lo cometieron”.
Según el fallo de la Corte de Apelaciones, la incineración de la documentación ocultó información para investigaciones, sobre todo en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
El abogado, quien ha liderado diversas causas relacionadas con delitos de la dictadura, refutó que en Chile no haya avances en materia de DDHH. Además, criticó los años de “impunidad absoluta” de los autores de crímenes de lesa humanidad.
El abogado querellante, Nelson Caucoto, señaló que la sentencia “hace justicia a tres jóvenes de Paine, martirizados y ejecutados al margen de la ley por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el año 1973”.
El abogado enfatizó en que dicho sistema afectó profundamente las indagaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado. Además, cuestionó que se defienda la idea con el argumento de la especialización.
El máximo tribunal, dictó condenas de hasta 40 años por secuestro y homicidio calificado de 23 víctimas entre las que se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP).
La ceremonia destacó el trabajo que el jurista desarrolló en la Oficina Especializada de Derechos Humanos de la Corporación, la cual lideró por 20 años. El homenaje se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
Entre los integrantes de la entidad está Carlos Lorca y otros dirigentes socialistas que permanecían en la clandestinidad y de quienes hasta hoy se desconoce su destino.
El abogado defensor de la familia Jara destacó que el caso de Víctor permitió que los pronósticos sombríos respecto a que los crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet serían imposibles de resolver, quedaran en el pasado.
El abogado y representante de la familia de Víctor Jara, reconoció la tardía aplicación de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura pero al mismo tiempo valoró el hecho de que se sigan investigando y tramitando.
La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.
Se trata de un fallo contra tres dirigentes de la Central Única de Trabajadores en 1974. La medida del máximo tribunal va en la línea de anular decisiones administrativas injustas que implementaron autoridades militares como planteó la CIDH.
El abogado de los familiares de las víctimas destacó la decisión que condenó a cuatro coroneles y un general de Ejército. “La justicia avanza silenciosamente dando cuenta de estas grandes heridas que nos dejó el pasado dictatorial”, precisó.
