El abogado querellante, Nelson Caucoto, señaló que la sentencia “hace justicia a tres jóvenes de Paine, martirizados y ejecutados al margen de la ley por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo el año 1973”.
El abogado enfatizó en que dicho sistema afectó profundamente las indagaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado. Además, cuestionó que se defienda la idea con el argumento de la especialización.
El máximo tribunal, dictó condenas de hasta 40 años por secuestro y homicidio calificado de 23 víctimas entre las que se encontraban asesores políticos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP).
La ceremonia destacó el trabajo que el jurista desarrolló en la Oficina Especializada de Derechos Humanos de la Corporación, la cual lideró por 20 años. El homenaje se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.
Entre los integrantes de la entidad está Carlos Lorca y otros dirigentes socialistas que permanecían en la clandestinidad y de quienes hasta hoy se desconoce su destino.
El abogado defensor de la familia Jara destacó que el caso de Víctor permitió que los pronósticos sombríos respecto a que los crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet serían imposibles de resolver, quedaran en el pasado.
Los intentos por imponer el negacionismo a 50 años del cruento Golpe de Estado de 1973 han tenido, afortunadamente, una reacción vigorosa de esa reserva del país que está comprometida con los mínimos civilizatorios no solo respecto del pasado, sino también del presente y del futuro, lo cual se traduce en la reivindicación de dos […]
El abogado y representante de la familia de Víctor Jara, reconoció la tardía aplicación de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura pero al mismo tiempo valoró el hecho de que se sigan investigando y tramitando.
La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.
Se trata de un fallo contra tres dirigentes de la Central Única de Trabajadores en 1974. La medida del máximo tribunal va en la línea de anular decisiones administrativas injustas que implementaron autoridades militares como planteó la CIDH.
El abogado de los familiares de las víctimas destacó la decisión que condenó a cuatro coroneles y un general de Ejército. “La justicia avanza silenciosamente dando cuenta de estas grandes heridas que nos dejó el pasado dictatorial”, precisó.
La determinación aplica sanciones de hasta 40 años de cárcel para los agentes de la DINA encargados del aparato exterior. Entre los condenados aparece el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnof y Raúl Iturriaga Neumman.
