Continuando con las sesiones de votación programadas para esta jornada, la noche de martes el Plenario de la Comisión Experta por unanimidad aprobó en general las normas contempladas en los capítulos seis, siete, ocho y nueve del anteproyecto constitucional, correspondientes a Gobierno y Administración Regional y Local, Poder Judicial, Corte Constitucional y Ministerio Público, respectivamente.

Recordemos que en la mañana en el hemiciclo del Senado en Santiago, además, los comisionados se pronunciaron y, posteriormente, visaron en estas mismas condiciones los articulados sobre los encabezados de Congreso Nacional y Gobierno y Administración del Estado.

En esta ocasión uno de las propuestas más debatidas fue referida a la del capítulo de Poder Judicial, que plantea, separar las funciones jurisdiccionales (encargada de conocer y resolver causas legales) de las que no son jurisdiccionales, a través de la creación de cuatro organismos para dichos efectos.

Según señala el artículo titulado “Gobierno Judicial”, “para el nombramiento, función disciplinaria, formación de jueces, así como la gestión y administración del Poder Judicial, existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán autónomamente y de forma coordinada” y añade que “una ley de quórum regulará las competencias y determinará la composición, organización y funcionamiento y demás atribuciones de cada uno de los órganos que compondrán el gobierno judicial”.

Asimismo, el articulado propone la creación de una Comisión Coordinadora de Justicia “encargada de coordinar la actuación de los órganos referidos en el artículo anterior (sobre gobierno judicial) entre sí y con la Corte Suprema, sin perjuicio de su funcionamiento autónomo.

Sobre este punto, la comisionada del PS, Catalina Lagos, sostuvo que “me surge la inquietud a propósito de la cantidad de órganos que se crean autónomos, más allá de esta Comisión Coordinadora, cuál es la burocracia que se podría generar, si acaso podría entorpecer el funcionamiento de esto”, por lo que hizo un llamado a revisar la norma, considerando la experiencia comparada.

Del mismo modo, el comisionado del PC, Alexis Cortés, señaló que “existe consenso en que los tribunales, en especial la Corte Suprema, deben dedicarse en forma exclusiva a los asuntos estrictamente jurisdiccionales, liberándola de toda otra función ajena a la resolución de conflictos de relevancia jurídica”.

No obstante, dijo compartir los reparos expresados previamente por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, apuntando que “con la creación de los cuatro órganos más la Comisión Coordinadora se agrega una enorme y diversa burocracia en una forma de innovar que no conoce respaldo positivo en la evidencia”.

Precisamente, la presidenta de esta última organización, Mariela Hernández, a través de un comunicado manifestó que “de la lectura del articulado es posible constatar que la separación de funciones es más bien aparente que real, pues la Corte Suprema como las cortes de apelaciones mantienen potestades esenciales de gobierno judicial”.

En ese sentido, cuestionó que “se le atribuye a la Corte Suprema, y no a alguno de los órganos que crea, la representación del Poder Judicial. Esto es una doble falta, ya que el Poder Judicial no tiene poder de agencia, al constituir su rol jurisdiccional un poder que ejerce cada juez en casos particulares, de allí que cabe preguntarse, a quién y respecto a qué estaría llamando a representar la Corte Suprema en un escenario como el que se describe”.

En tanto, el comisionado de la UDI, Hernán Larraín, defendió la propuesta, resaltando que “al final el Poder Judicial va a ser la Corte Suprema, en la parte jurisdiccional, y estos otros cuatro organismos en la parte no jurisdiccional y habrá que coordinarse. Habrá que tener instancias de conversación para que funcionen, pero el diseño está bien pensado. Se puede perfeccionar y creo que esta etapa que viene es la etapa en que podemos afinar la puntería, pero estamos resolviendo un problema antiguo, que evita el problema actual de la confusión de lo jurisdiccional con lo no jurisdiccional”.

Por su parte, la comisionada de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, acusó a una falta de enfoque de género en la propuesta. “En este capítulo como en otros se omite el principio de paridad y la perspectiva de género. Se ha avanzado administrativamente en ello ¿Por qué no hacerlo en esta instancia? Los impulsos no pueden ser sólo iniciativas aisladas, existe una Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial”.

“Creo también que debiéramos reconsiderar una propuesta del texto de la Convención en el sentido de que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género”, complementó.

Finalmente, se espera que mañana miércoles el hemiciclo se pronuncie sobre el resto de los articulados pendientes, que corresponden a los capítulos de Justicia electoral y servicio electoral; Contraloría General de la República; Banco Central; Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo; y Procedimientos de cambio constitucional.