Por amplia mayoría, la Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley Nain-Retamal, en medio de fuertes cuestionamientos a las  distintas indicaciones que generaron el rechazo de organismos de derechos humanos y académicos por las normas que modifican el Código Penal.

En la votación en general, la moción contó con 40 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. La discusión en particular de las más de 30 indicaciones y votaciones por separado comenzó cerca de la medianoche, hasta total despacho. La sesión contó con la presencia de familiares de carabineros víctimas de la delincuencia y también de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En la discusión no sólo se centró sobre el criterio de “legítima defensa privilegiada” de las fuerzas policiales, sino también en las críticas hacia las normas que consagran la retroactividad de la responsabilidad penal de los carabineros que hayan cometido crímenes, y el resguardo de los altos mandos de las instituciones armadas, frente a la responsabilidad que les corresponde cuando hayan cometido delitos.

Además, desde el oficialismo hubo cuestionamientos hacia la Comisión de Seguridad Pública y en particular a su presidente, el senador Felipe Kast, quien no aceptó la participación de distintos actores, académicos, expertos, incluso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ni del relator de las Naciones Unidas para los DDHH, ante las observaciones que se hicieron a la iniciativa.

De hecho el senador Daniel Núñez expresó que es inédito que la Cámara Alta no haya dado la posibilidad de escuchar la posición de la ONU.

En esa misma línea también se pronunció la senadora Yasna Provoste, quien afirmó que es lamentable que se niegue la intervención del “Alto Comisionado de la ONU para este tema, entonces el doble estándar cuando aquí nos conviene somos defensores de los derechos humanos y cuando no, hacemos oídos sordos a lo que no está planteando. Lo que pido es consistencia y coherencia”.

Luego de esta discusión, la sesión fue suspendida para realizar una reunión de comité para definir los tiempos de exposición de los legisladores.

En el transcurso de la discusión en la sala, la senadora Fabiola Campillai afirmó que pedirá el veto presidencial del proyecto porque considera que consagra la impunidad. “Al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”, indicó.

Agregó que “esta ley de gatillo fácil permite que puede haber impunidad retroactiva, que se le puede revisar el caso a la persona que me disparó. O sea, qué le decimos a las personas que perdieron familias o a las personas que hoy están postrados por golpiza tan brutales como las de Mario Acuña o que le decimos, los senadores, a todas las víctimas del estallido social que fueron mutiladas por carabineros con armas supuestamente no letales. Hoy con esta ley le damos impunidad a carabineros. Expliquémos bien a nuestra gente que hay impunidad, porque ellos van a poder disparar”.

La legisladora se refirió a su experiencia tras ser atacada por el carabinero Patricio Maturana, que tuvo que esperar cuatro años de investigación, más de 40 testigos y más de 25 peritos para demostrar el ataque que sufrió para que el suboficial de Carabineros fuera condenado.

En su intervención, Campillai lamentó que el Senado no haya escuchado ni al Alto Comisionado de la ONU porque este proyecto de ley “salió peor de la Comisión de Seguridad”.

“Es una aberración como está hoy día. No se escuchó ni siquiera al Alto Comisionado de la ONU es impresentable y lo digo de pie,  porque hoy quiero ver quienes votan por este proyecto,  quienes aprueban este proyecto porque los verdaderos delincuentes no andan con las manos vacías, porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas, porque un delincuente no lo va a mirar mal y lo va a amenazar, el delincuente va a disparar y con esto no vamos a ejercer el derecho a la manifestación porque el carabinero va a decir que los miramos mal y que por eso disparó”, dijo la parlamentaria.

Frente a esta intervención, el senador Iván Moreira (UDI), afirmó  que los dichos de Campillai “nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto”.

Desde este sector político, las y los legisladores afirmaron que este proyecto es una necesidad para el país y para los ciudadanos porque la delincuencia “está desatada” y tiene un “valor simbólico” y no una solución en el corto plazo, como lo indicó el senador Javier Macaya, presidente de la tienda gremialista.

La senadora RN Paulina Núñez, al fundamentar su voto a favor del proyecto, afirmó que “el crimen y el narcotráfico cada día se profesionalizan más y por supuesto que más respaldo recibe si no actuamos apoyando a quienes tienen el uso exclusivo de la fuerza. Me imagino que todos han ido escuchando cómo los chilenos están dispuestos a armarse y esto no es casualidad. Esto es porque el Estado no ha garantizado el orden público, la seguridad pública y no hemos sido capaces de resguardar a quienes exclusivamente pueden hacer uso de la fuerza para mantener ese orden público”.

Por su parte, el senador socialista, José Miguel Insulza, afirmó que este no es un buen proyecto, no está bien hecho y tiene fallas que son fundamentales. “Aquí se nos dijo que se consultó a importantes expertos, pero no hay ningún aporte de los expertos que estén en el proyecto”, indicó el legislador.

Insulza afirmó que cuando se aumentan las penas de 15 años y un día a cadena perpetua, implicará que se van a pedir más elementos probatorios para condenar a las personas y “todo el mundo dice que los aumentos de penas, no tienen utilidad y que la certeza del castigo, es más importante que la pena, pero se ha legislado un proyecto con puras penas”, precisó.

 “No se puede hacer política con la vida de la gente eso es muy riesgoso y aquí un senador dice que va a aprobar todo y cada uno de los proyectos, no vamos a hacer ningún cambio, no vamos a modificar nada, lo vamos hacer tal cual. La verdad, de alguna manera, uno se rebela a esto, porque hay errores muy graves en este proyecto por ejemplo la responsabilidad del mando”, indicó que el senador que precisó que la oposición está “privando de responsabilidad de mando ni más ni menos, que los jefes de organismos verticales cuya gente obedece solamente a sus órdenes, es una aberración”.

En tanto, el senador PPD Jaime Quintana, afirmó que el ambiente en que se desarrolla el debate no es favorable para una buena discusión sobre seguridad pública, porque después del alevoso asesinato de la funcionaria de carabineros Rita Olivares, muchos se centraron en lo que dijo el Presidente Boric hace 10 años cuando era dirigente estudiantil y gran parte de la discusión tiene que ver con eso.

Por ello, afirmó que después se aprobaron cinco proyectos de seguridad, pero no son temas. “Aquí el tema es: este proyecto le puede hacer daño al Gobierno, sinceremos las cosas, este proyecto importa hoy día porque le puede hacer daño al Gobierno. Eso en buen chileno es un aprovechamiento de distintos actores poderosos, no sólo del ámbito de la política”, indicó Quintana.

Por su parte, el senador (RD) Juan Ignacio Latorre, afirmó que la iniciativa que regula el uso de las armas, debe ser “una ley que envíe el Gobierno, que además lo había anunciado en la Mesa de Seguridad y donde esté incorporado un estatuto de protección a las policías y a los agentes del Estado y no a la rápida como se ha hecho con esta moción parlamentaria”.

En tanto, el senador Daniel Núñez (PC) indicó que “en la Comisión de Seguridad se cometieron gravísimas irregularidades, porque no se escuchó a los directamente afectados, Carabineros, PDI, tampoco a los organismos especializados en esta materia, como Amnistía Internacional, la Asociación de Magistrados, a la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y tampoco se escuchó la opinión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos”.

El legislador comunista cuestionó “por qué. ¿Fue casual o un problema formal? No. Aquí había una intención de aprovecharse del dolor del país (…) y encuentro que es una  actitud canallesca, porque no quieren debatir en serio una ley que beneficie realmente a Carabineros y a la PDI para enfrentar a la delincuencia. Lo que quieren hacer es aprovecharse del dolor, de la conmoción que provocaron estos hechos terribles”.

Ya antes que se iniciara el debate de la iniciativa, parlamentarios de Apruebo Dignidad anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional para impugnar la legalidad de la normativa que por ahora continuará su debate en el Senado.