La Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a “reunir antecedentes necesarios relativos a los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Minería y Ministerio del Interior, respecto a irregularidades en cumplimiento de normas medioambientales por parte de minera Los Pelambres” (MPL) reunió los 63 patrocinios necesarios para su presentación ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa es impulsada por la diputada PC por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, y busca investigar las acciones del Ejecutivo ante posibles daños al medioambiente y a la salud de las personas de la Provincia del Choapa por parte de la minera propiedad de la familia Luksic – a través de su brazo industrial Antofagasta Minerals S.A-. El próximo paso es su votación en la Sala y posteriormente se escogerán los integrantes que conformarán la instancia.
En ese sentido, la parlamentaria del oficialismo expresó que “avanzar en justicia medioambiental es fundamental para esta diputación. Nosotras atendimos las reclamaciones de las distintas comunidades de la provincia y, previa reflexión con organizaciones sociales, elevamos esta solicitud que fue respaldada transversalmente en la Cámara. Esperamos que, llegada la instancia de deliberación, se apruebe por las diputadas y diputados para avanzar en esta línea de investigación que creemos trascendental para el bienestar y tranquilidad de los territorios”.
La división minera se ubica entre las diez principales productoras de cobre a nivel mundial y tercero a nivel nacional. El yacimiento se ubica a 45 kilómetros al este de la ciudad de Salamanca, en plena cordillera de Los Andes y su puerto se sitúa en el sector de Punta Chungo. Las instalaciones recorren 120 kilómetros de cordillera a mar.
Conflictos socioambientales
El documento que solicita la creación de la Comisión Investigadora incorpora críticas a las operaciones de la gran minería, afirmando que los recursos generados “no quedan en las comunidades en donde se instalan sus faenas productivas, sino que los territorios heredan los perjuicios que trae aparejados la minería de gran escala” y señala que al ser una actividad de corto plazo y las consecuencias a largo plazo –dado el agotamiento del yacimiento- las “comunidades quedan abandonadas, en un medio ambiente contaminado y extinto”.
Además, ejemplifica como parte de los fundamentos los conflictos que se han producido entre la empresa y comunidades de la provincia.
El primero de ellos, ocurrido el 31 de mayo del 2022, fue la rotura de la tubería del sistema de transporte de concentrado a la altura del kilómetro 38, en el sector de Llimpo, comuna de Salamanca, quienes, según dirigentes, habría cumplido su vida útil (su instalación fue en 1999 y tiene una extensión de 120 kilómetros). Esto derivó en la movilización de diez comunidades del Valle del Choapa y en la consolidación de un conflicto de años entre la comunidad de Panguecillo y MLP, por la poca inversión social en el territorio.
Cuatro meses después, el 15 de agosto, se produjo el desplome en el mar de la plataforma Jack UP –proyecto INCO- en la Bahía de Conchalí, comuna de Los Vilos. El hecho causó alarma en los pescadores artesanales y la comunidad en general debido al impacto que podría tener en un humedal protegido que se encuentra en las cercanías del lugar.
Finalmente, se menciona la pugna entre la comunidad del sector Camisas y la minera por la filtración de aguas contaminadas de las piscinas de emergencia de la minera al estero Camisas, ubicado en el Valle de Camisas, provincia del Choapa.
La Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a “reunir antecedentes necesarios relativos a los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Minería y Ministerio del Interior, respecto a irregularidades en cumplimiento de normas medioambientales por parte de minera Los Pelambres” (MPL) reunió los 63 patrocinios necesarios para su presentación ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa es impulsada por la diputada PC por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, y busca investigar las acciones del Ejecutivo ante posibles daños al medioambiente y a la salud de las personas de la Provincia del Choapa por parte de la minera propiedad de la familia Luksic – a través de su brazo industrial Antofagasta Minerals S.A-. El próximo paso es su votación en la Sala y posteriormente se escogerán los integrantes que conformarán la instancia.
En ese sentido, la parlamentaria del oficialismo expresó que “avanzar en justicia medioambiental es fundamental para esta diputación. Nosotras atendimos las reclamaciones de las distintas comunidades de la provincia y, previa reflexión con organizaciones sociales, elevamos esta solicitud que fue respaldada transversalmente en la Cámara. Esperamos que, llegada la instancia de deliberación, se apruebe por las diputadas y diputados para avanzar en esta línea de investigación que creemos trascendental para el bienestar y tranquilidad de los territorios”.
La división minera se ubica entre las diez principales productoras de cobre a nivel mundial y tercero a nivel nacional. El yacimiento se ubica a 45 kilómetros al este de la ciudad de Salamanca, en plena cordillera de Los Andes y su puerto se sitúa en el sector de Punta Chungo. Las instalaciones recorren 120 kilómetros de cordillera a mar.
Conflictos socioambientales
El documento que solicita la creación de la Comisión Investigadora incorpora críticas a las operaciones de la gran minería, afirmando que los recursos generados “no quedan en las comunidades en donde se instalan sus faenas productivas, sino que los territorios heredan los perjuicios que trae aparejados la minería de gran escala” y señala que al ser una actividad de corto plazo y las consecuencias a largo plazo –dado el agotamiento del yacimiento- las “comunidades quedan abandonadas, en un medio ambiente contaminado y extinto”.
Además, ejemplifica como parte de los fundamentos los conflictos que se han producido entre la empresa y comunidades de la provincia.
El primero de ellos, ocurrido el 31 de mayo del 2022, fue la rotura de la tubería del sistema de transporte de concentrado a la altura del kilómetro 38, en el sector de Llimpo, comuna de Salamanca, quienes, según dirigentes, habría cumplido su vida útil (su instalación fue en 1999 y tiene una extensión de 120 kilómetros). Esto derivó en la movilización de diez comunidades del Valle del Choapa y en la consolidación de un conflicto de años entre la comunidad de Panguecillo y MLP, por la poca inversión social en el territorio.
Cuatro meses después, el 15 de agosto, se produjo el desplome en el mar de la plataforma Jack UP –proyecto INCO- en la Bahía de Conchalí, comuna de Los Vilos. El hecho causó alarma en los pescadores artesanales y la comunidad en general debido al impacto que podría tener en un humedal protegido que se encuentra en las cercanías del lugar.
Finalmente, se menciona la pugna entre la comunidad del sector Camisas y la minera por la filtración de aguas contaminadas de las piscinas de emergencia de la minera al estero Camisas, ubicado en el Valle de Camisas, provincia del Choapa.
La Comisión Especial Investigadora (CEI) destinada a “reunir antecedentes necesarios relativos a los actos del Gobierno, especialmente del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Minería y Ministerio del Interior, respecto a irregularidades en cumplimiento de normas medioambientales por parte de minera Los Pelambres” (MPL) reunió los 63 patrocinios necesarios para su presentación ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa es impulsada por la diputada PC por la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo, y busca investigar las acciones del Ejecutivo ante posibles daños al medioambiente y a la salud de las personas de la Provincia del Choapa por parte de la minera propiedad de la familia Luksic – a través de su brazo industrial Antofagasta Minerals S.A-. El próximo paso es su votación en la Sala y posteriormente se escogerán los integrantes que conformarán la instancia.
En ese sentido, la parlamentaria del oficialismo expresó que “avanzar en justicia medioambiental es fundamental para esta diputación. Nosotras atendimos las reclamaciones de las distintas comunidades de la provincia y, previa reflexión con organizaciones sociales, elevamos esta solicitud que fue respaldada transversalmente en la Cámara. Esperamos que, llegada la instancia de deliberación, se apruebe por las diputadas y diputados para avanzar en esta línea de investigación que creemos trascendental para el bienestar y tranquilidad de los territorios”.
La división minera se ubica entre las diez principales productoras de cobre a nivel mundial y tercero a nivel nacional. El yacimiento se ubica a 45 kilómetros al este de la ciudad de Salamanca, en plena cordillera de Los Andes y su puerto se sitúa en el sector de Punta Chungo. Las instalaciones recorren 120 kilómetros de cordillera a mar.
Conflictos socioambientales
El documento que solicita la creación de la Comisión Investigadora incorpora críticas a las operaciones de la gran minería, afirmando que los recursos generados “no quedan en las comunidades en donde se instalan sus faenas productivas, sino que los territorios heredan los perjuicios que trae aparejados la minería de gran escala” y señala que al ser una actividad de corto plazo y las consecuencias a largo plazo –dado el agotamiento del yacimiento- las “comunidades quedan abandonadas, en un medio ambiente contaminado y extinto”.
Además, ejemplifica como parte de los fundamentos los conflictos que se han producido entre la empresa y comunidades de la provincia.
El primero de ellos, ocurrido el 31 de mayo del 2022, fue la rotura de la tubería del sistema de transporte de concentrado a la altura del kilómetro 38, en el sector de Llimpo, comuna de Salamanca, quienes, según dirigentes, habría cumplido su vida útil (su instalación fue en 1999 y tiene una extensión de 120 kilómetros). Esto derivó en la movilización de diez comunidades del Valle del Choapa y en la consolidación de un conflicto de años entre la comunidad de Panguecillo y MLP, por la poca inversión social en el territorio.
Cuatro meses después, el 15 de agosto, se produjo el desplome en el mar de la plataforma Jack UP –proyecto INCO- en la Bahía de Conchalí, comuna de Los Vilos. El hecho causó alarma en los pescadores artesanales y la comunidad en general debido al impacto que podría tener en un humedal protegido que se encuentra en las cercanías del lugar.
Finalmente, se menciona la pugna entre la comunidad del sector Camisas y la minera por la filtración de aguas contaminadas de las piscinas de emergencia de la minera al estero Camisas, ubicado en el Valle de Camisas, provincia del Choapa.
