El exministro de Transportes acusó “afirmaciones que no se ajustan a la realidad” de parte de su sucesor, mientras el actual titular del MTT defendió sus dichos. Ante los ajustes, diputadas advierten efectos en costos, calidad del servicio y empleo.
Las iniciativas buscan eliminar la presunción legal que favorece a funcionarios del Estado en casos de “legítima defensa”, restableciendo la igualdad ante la ley y la responsabilidad penal individual.
La decisión del máximo tribunal de Justicia deja en manos del Comité de Ministros el rechazo o aprobación del polémico proyecto que lleva más de 10 años en tramitación, desde que se presentó su Estudio de Impacto Ambiental en 2013.
Los senadores patrocinantes de la iniciativa aseguraron que la ley no busca debilitar el ejercicio periodístico. Sin embargo, comunicadores tacharon la moción como “antidemocrática” y se declararon en “estado de alerta”.
Mientras los especialistas cuestionan el impacto de la iniciativa en el mundo laboral y sus beneficios para los trabajadores, desde la CUT valoran la discusión y llaman a transformar el Código del Trabajo.
La diputada Gazmuri lamentó que se haya avanzado en el proyecto “sin una proactividad del Ejecutivo”. Por su parte, la parlamentaria Castillo aseguró que el documento “difiere absolutamente de los estándares internacionales”.
La acción se da luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental modificar una resolución ministerial sobre el polémico proyecto portuario minero.
La parlamentaria llamó al oficialismo a no seguir la pauta de la oposición e instó a retomar el compromiso presidencial con las víctimas del 18-O. Desde su sector dijo “no habrá ningún tipo de flexibilidad frente al tema de los derechos humanos”.
La iniciativa promovida por la diputada del PC Nathalie Castillo buscará recabar antecedentes sobre las acciones del Ejecutivo por posibles afectaciones al medioambiente y a la salud de las personas de la provincia del Choapa de parte de la minera.
