El superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que como entidad reguladora no les corresponde interpretar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las instituciones que devuelvan lo que  cobraron en exceso a los usuarios del sistema, por la aplicación de la tablas de factores.

Esto en respuesta a los planteamientos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, quien señaló que la resolución del máximo tribunal se puede interpretar de distintas maneras.

La discusión se dio en la Comisión de Salud del Senado donde se repasaron los efectos de la resolución judicial y el proyecto de Ley Corta de Isapres impulsado por el Ejecutivo y donde el representante de las aseguradoras insistió en que el colapso de éstas si la iniciativa se aprueba en los próximos meses.

 Todo esto se dio  en el contexto de la discusión del proyecto de ley que crea un nuevo modelo de atención en  Fonasa, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional.

“Desde la perspectiva de nosotros como ente regulador, no existe potestad alguna de interpretar un fallo de la Corte Suprema, ni de los tribunales de justicia. Los fallos no se interpretan a diferencia de la ley donde sí tenemos potestad de interpretación, el fallo se cumple”, señaló el superintendente.

Torres agregó que “si alguien tiene una lectura diferente del fallo, lo que corresponde en ese sentido es ir con un recurso de aclaración a la fuente de origen que es la Corte Suprema. Por lo tanto, los recursos de aclaración no sólo están relacionados con la adecuación del precio base”.

“Aquí las Isapres perfectamente pueden recurrir al máximo tribunal a aclarar cualquiera de los puntos donde ellos puedan tener algún tipo de duda porque, insisto, no se interpretan los fallos y es la propia Corte,  por esta vía de la aclaración, la que puede responder cualquier duda. No somos nosotros los indicados de responder aquello”, precisó.

La autoridad agregó que el fallo es claro al señalar que se debe aplicar la tabla de factores de riesgo del año 2019 a todos los contratos de las Isapres,  que es la misma línea de argumentos que se estaba aplicando en las distintas resoluciones judiciales respecto de contratos individuales.

Por tanto, señaló, lo que hace la Corte Suprema “es tomar un instrumento para estandarizar la situación y poder resolver sobre la judicialización que se estaba generando”. Es decir, dijo Torres, había jurisprudencia y “no era una situación imprevista”.

“A mi juicio es bien particular lo que aquí se ha planteado. Entonces,  seguir insistiendo en eso,  es mejor decir que hay intención de que se modifique el fallo o de incumplir el fallo”, señaló Torres.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, reiteró ante la comisión que de aprobarse el proyecto se produciría la caída de millones de dólares y “hasta los auditores estarían obligados a cambiar los balances y quedarían reconfigurados incorporando esta nueva situación”. Además, agregó que la banca quedaría informada y por lo tanto, “se produciría de forma inmediata la imposibilidad de seguir operando en ese mismo momento. Por eso advertimos esa situación, que se puede dar  en un plazo tan corto, y nos preocupa mucho”.

Por otro lado, dada la polémica que se ha generado ante la obligación de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, un grupo transversal de diputados presentó este miércoles un nuevo proyecto que apunta a dar cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado PPD, Héctor Ulloa, indicó que la moción no busca un perdonazo sino que “las Isapres paguen lo que adeudan, pero al mismo tiempo que exista una forma de pagos sin caer en la quiebra, porque significa que más de tres millones de personas van a quedar a la deriva, muchas de las cuales tienen preexistencias”.

El proyecto apunta a “establecer un mecanismo de compensación a los afiliados acreedores de las deudas generadas producto de las adecuaciones irregulares de Planes de Salud desarrolladas por las Instituciones que presten servicios de utilidad pública privadas, estableciendo un mecanismo de recapitalización especial a la vez de permitir a estas instituciones no caer en situación de insolvencia, estableciendo condiciones especiales de retroventa de títulos accionarios”.