La jornada de este viernes, el Pleno del Consejo Constitucional recibió en audiencia al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para dar a conocer la evaluación del máximo tribunal sobre el anteproyecto constitucional propuesto por la Comisión Experta.

La exposición, a cargo del ministro de la Corte Leopoldo Llanos, estuvo centrada en el análisis al capítulo de Poder Judicial, donde puntualizó sobre las disposiciones referidas a la gobernanza judicial, que plantea la separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales a través la creación de cuatro órganos autónomos encargados de labores, tales como el nombramiento de sus integrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios y la gestión y administración del Poder Judicial.

Dicho aspecto fue valorado por el magistrado, puesto que el trabajo relativo a funciones no jurisdiccionales supone una carga importante para el desempeño de la Corte Suprema, que actualmente se tiene que hacer cargo de este ámbito.

Con todo, consideró que para “una correcta implementación de la división de la gobernanza del Gobierno Judicial en estos cuatro órganos, es necesario que se complemente esa regulación, toda vez que la división en cuatro órganos puede producir algunas complejidades de carácter práctico y logístico”.

En esa línea, explicó a modo de ejemplo que “el órgano que se encarga de la gestión y administración tiene que relacionarse necesariamente con el órgano encargado de los nombramientos, de las permutas y traslados. Pensamos que no parece razonable que esta división no contemple un órgano o un aparato administrativo que sea también de soporte de estos otros órganos autónomos. De tal manera que lo razonable es que la logística, la administración y gestión sea asumida por este órgano que está precisamente creado con este fin, pero que, a su vez, suministre este soporte logístico y de gestión a los otros tres órganos autónomos”.

En cuanto al Consejo Coordinador del Poder Judicial, el cual se encargará, como su nombre lo indica, de coordinar estos cuatro órganos autónomos, apuntó que “nos parece positivo que se haya asegurado una integración mayoritaria de jueces”, puesto que según Llanos “para nosotros constituía una garantía de que no va a haber una contaminación política de los órganos del Gobierno Judicial y más aún si estos jueces sean elegidos por sus pares, lo que en parte fue regido por la Comisión Experta, aun cuando también tenemos que señalar algunas observaciones respecto de la forma como se van a designar estos representantes, los jueces de los órganos autónomos”.

Asimismo, dijo esperar que respecto de este Consejo Coordinador “se acoja lo que en su oportunidad señalamos en cuanto a este órgano no sea meramente consultivo, sino que también tenga algunas funciones de carácter resolutivo solamente en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, para resolver conflictos de competencia que se pudieran suscitar entre los cuatro órganos autónomos o que se puedan diseñar algunas políticas estratégicas de la judicatura en general, alguien tiene que hacerse cargo de eso”.

Por otra parte, destacó la mantención de la composición de la Corte Suprema, integrada por 21 ministros, y la consagración de una categoría de ministros suplentes para reemplazar a los ministros de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Esto, considerando que se trata de una disposición que, de acuerdo a Llanos, ya había sido materia de discusión en la interna del Poder Judicial.

De todas formas, comentó que frente a la falta de claridad con que se aplicaría el criterio de reemplazo de los jueces de estos tribunales, estimó que “debiera mandatarse al legislador para que se genere un sistema de suplencia que sea estable e íntegro. Para ello debiera generarse un escalón especial dentro del escalafón primario del Poder Judicial, una categoría especial, para estos cargos de ministros suplentes, con una remuneración adecuada que hagan atractiva la postulación a los mismos”.

Una vez finalizada la exposición, los consejeros realizaron una serie de observaciones, entre las cuales apuntaron a consultas relativas a género, tratados internacionales, derechos humanos, eficiencia de la justicia, digitalización del Poder Judicial, entre otras materias, las cuales fueron respondidas por los ministros de la Corte, quienes, si bien recalcaron que en su mayoría responden a inquietudes cuyas resoluciones dependen tanto el Poder Legislativo y Ejecutivo, entregaron algunas apreciaciones.

Así, por ejemplo, Juan Eduardo Fuentes reafirmó que en materia de paridad ya se han aplicado algunas medidas por acuerdo propio del Poder Judicial. También comentó que respecto al funcionamiento de los Juzgados de Policía Local “sería importante que existiera unidad jurisdiccional. En estos momentos, ellos están en las municipalidades y nosotros conocemos solamente de sus resoluciones, pero no respecto a su organización”.

Mientras que, a título personal, añadió que sobre la celeridad de la justicia “importa que se tomen medidas legislativas en cuanto a aumentar el número de jueces. Ustedes tienen conocimiento de que se han dictado leyes que no han ido con el presupuesto necesario y ver a los jueces que están trabajando sábado y domingo para poder dictar sus sentencias, sus resoluciones, con un horario que está fuera de lo normal de lo que puede hacer un ciudadano y temo que los jueces de familia como los jueces laborales lleguen a un momento en que va a producirse un colapso de salud, eso lo digo con toda sinceridad porque conozco personalmente el tema”.

Fuentes agregó que “esa es función no de nosotros, es función de los legisladores y ustedes son las personas que pueden hacer un gran aporte en la constitución para incorporar algunas normas correspondientes”.