Según el medio Reportea la empresa estatal habría realizado pagos totales por más de US$1 millón al estudio de abogados del embajador, quien figura como imputado en una de las aristas del caso Hermosilla.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, precisó que el diplomático figura en la investigación por presuntos nombramientos irregulares en el Poder Judicial, aunque las causas no están formalizadas.
La nueva declaración del abogado ante Fiscalía reactivó los cuestionamientos al diplomático, luego de entregar nuevos antecedentes sobre irregularidades en nombramientos del Poder Judicial.
Durante su participación en el programa de televisión estadounidense “Defending Israel”, el representante diplomático puso en duda las cifras demográficas que maneja la comunidad. Según Zaliasnik, sus declaraciones fueron descontextualizadas.
La organización sostuvo que tras cinco años de investigación y más de 40 diligencias no existe “un solo elemento de prueba” que acredite delito. Además, cuestionaron la querella del CDE presentada en vísperas de la audiencia.
El exfiscal sostuvo que, con los antecedentes disponibles —que apuntan a su injerencia en el nombramiento de al menos 10 jueces—, el Gobierno debería desistir de su designación. Por otra parte, Gajardo cuestionó la demora de la Fiscalía para iniciar una investigación.
La Fiscalía abrió una investigación por las conversaciones entre el exrepresentante de la comunidad judía y el principal imputado del caso Audios, Luis Hermosilla. El canciller Francisco Pérez Mackenna declaró que el nombramiento no se retirará.
Senadora Cicardini y diputado Manouchehri recurren a Fiscalía por chats de Gabriel Zaliasnik que revelarían espionaje político, presiones a jueces y malversación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó también del nombramiento de los embajadores Ricardo Hernández, en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos y James Sinclair, en Santa Sede.
La multigremial señaló que el proyecto vulnera la igualdad ante la ley. La postura del empresariado fue criticada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que es la forma en que permanentemente el empresariado se opone a estas normas.
La decisión del senador surge luego de que existiera un anuncio de querella contra una testigo por parte del abogado Gabriel Zaliasnik, defensor del ex ministro de Salud en la investigación que el Ministerio Público lleva en su contra.
