Como una obligación retrató la diputada y vicepresidenta de la cámara Carmen Hertz (PC) la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de la dictadura civil y militar que se instauró en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, considerando que centenares de ellas aún no se sabe su paradero final.
Luego de asistir a la reunión protocolar como mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Hertz sostuvo que es necesario y un derecho para la sociedad chilena conocer lo ocurrido con estos compatriotas.
“Corresponde a una obligación internacional del conjunto del Estado chileno, no solo del Ejecutivo sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, precisó la parlamentaria.
Hertz explicó que la medida “apunta a algo que es importante, que no es solo encontrar restos que ya sabemos que la mayoría de esos restos fueron lanzados al mar en la operación que se hizo por parte de la CNI, por parte de la dictadura en 1978, sino que importa que a través del Plan Nacional de Búsqueda se pueda determinar como verdad colectiva el método del exterminio de los opositores políticos”.
Para la abogada que representó diversos casos por violaciones a los derechos humanos antes de llegar al Parlamento, aún existen situaciones que se deben develar para que el país pueda superar el trauma que significó la dictadura civil y militar para millones de personas que si bien no fueron víctimas directas de la represión, fueron sometidas a un periodo de violencia institucionalizada por el Estado.
Respecto de los desaparecidos de quienes todavía se desconoce su destino, señaló que “se necesita saber qué ocurrió exactamente con todos y cada uno de ellos, quiénes dieron las órdenes del exterminio, desde dónde fueron sacados, cuál fue el destino final de los opositores políticos exterminados”.
La legisladora que fue esposa de Carlos Berger que fue asesinado por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, sostuvo que “esa verdad colectiva es un derecho que la sociedad que ha sufrido presión tiene”.
Lo anterior porque “el sistema internacional de derechos humanos así lo decreta. Se tiene derecho a la verdad colectiva y el Estado tiene la obligación de darla a conocer”.
El Plan Nacional de Búsqueda será anunciado por el Gobierno el próximo 30 de agosto a pocos días que se cumplan 50 años del golpe de Estado que puso fin a la administración que encabezó el presidente Salvador Allende Gossens al frente de la Unidad Popular y que derivó en miles de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, así como en unos 40 mil torturados y varios miles de personas exiliadas.
Como una obligación retrató la diputada y vicepresidenta de la cámara Carmen Hertz (PC) la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de la dictadura civil y militar que se instauró en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, considerando que centenares de ellas aún no se sabe su paradero final.
Luego de asistir a la reunión protocolar como mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Hertz sostuvo que es necesario y un derecho para la sociedad chilena conocer lo ocurrido con estos compatriotas.
“Corresponde a una obligación internacional del conjunto del Estado chileno, no solo del Ejecutivo sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, precisó la parlamentaria.
Hertz explicó que la medida “apunta a algo que es importante, que no es solo encontrar restos que ya sabemos que la mayoría de esos restos fueron lanzados al mar en la operación que se hizo por parte de la CNI, por parte de la dictadura en 1978, sino que importa que a través del Plan Nacional de Búsqueda se pueda determinar como verdad colectiva el método del exterminio de los opositores políticos”.
Para la abogada que representó diversos casos por violaciones a los derechos humanos antes de llegar al Parlamento, aún existen situaciones que se deben develar para que el país pueda superar el trauma que significó la dictadura civil y militar para millones de personas que si bien no fueron víctimas directas de la represión, fueron sometidas a un periodo de violencia institucionalizada por el Estado.
Respecto de los desaparecidos de quienes todavía se desconoce su destino, señaló que “se necesita saber qué ocurrió exactamente con todos y cada uno de ellos, quiénes dieron las órdenes del exterminio, desde dónde fueron sacados, cuál fue el destino final de los opositores políticos exterminados”.
La legisladora que fue esposa de Carlos Berger que fue asesinado por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, sostuvo que “esa verdad colectiva es un derecho que la sociedad que ha sufrido presión tiene”.
Lo anterior porque “el sistema internacional de derechos humanos así lo decreta. Se tiene derecho a la verdad colectiva y el Estado tiene la obligación de darla a conocer”.
El Plan Nacional de Búsqueda será anunciado por el Gobierno el próximo 30 de agosto a pocos días que se cumplan 50 años del golpe de Estado que puso fin a la administración que encabezó el presidente Salvador Allende Gossens al frente de la Unidad Popular y que derivó en miles de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, así como en unos 40 mil torturados y varios miles de personas exiliadas.
Como una obligación retrató la diputada y vicepresidenta de la cámara Carmen Hertz (PC) la implementación de un Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de la dictadura civil y militar que se instauró en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, considerando que centenares de ellas aún no se sabe su paradero final.
Luego de asistir a la reunión protocolar como mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, Hertz sostuvo que es necesario y un derecho para la sociedad chilena conocer lo ocurrido con estos compatriotas.
“Corresponde a una obligación internacional del conjunto del Estado chileno, no solo del Ejecutivo sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, precisó la parlamentaria.
Hertz explicó que la medida “apunta a algo que es importante, que no es solo encontrar restos que ya sabemos que la mayoría de esos restos fueron lanzados al mar en la operación que se hizo por parte de la CNI, por parte de la dictadura en 1978, sino que importa que a través del Plan Nacional de Búsqueda se pueda determinar como verdad colectiva el método del exterminio de los opositores políticos”.
Para la abogada que representó diversos casos por violaciones a los derechos humanos antes de llegar al Parlamento, aún existen situaciones que se deben develar para que el país pueda superar el trauma que significó la dictadura civil y militar para millones de personas que si bien no fueron víctimas directas de la represión, fueron sometidas a un periodo de violencia institucionalizada por el Estado.
Respecto de los desaparecidos de quienes todavía se desconoce su destino, señaló que “se necesita saber qué ocurrió exactamente con todos y cada uno de ellos, quiénes dieron las órdenes del exterminio, desde dónde fueron sacados, cuál fue el destino final de los opositores políticos exterminados”.
La legisladora que fue esposa de Carlos Berger que fue asesinado por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, sostuvo que “esa verdad colectiva es un derecho que la sociedad que ha sufrido presión tiene”.
Lo anterior porque “el sistema internacional de derechos humanos así lo decreta. Se tiene derecho a la verdad colectiva y el Estado tiene la obligación de darla a conocer”.
El Plan Nacional de Búsqueda será anunciado por el Gobierno el próximo 30 de agosto a pocos días que se cumplan 50 años del golpe de Estado que puso fin a la administración que encabezó el presidente Salvador Allende Gossens al frente de la Unidad Popular y que derivó en miles de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, así como en unos 40 mil torturados y varios miles de personas exiliadas.
Valparaiso, 8 de noviembre de 2022.
La diputada Carmen Hertz participa de la sesion de la Camara de Diputados.
Raul Zamora/Aton Chile 
