Durante la última sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Mario Marcel defendió el actuar del Gobierno en la regulación de convenios entre fundaciones y gobiernos regionales y aseguró que el actual Ejecutivo no ha facilitado el camino para la firma de nuevos acuerdos.
De acuerdo a Marcel, el gobierno de Gabriel Boric endureció los criterios para asignar recursos a fundaciones a través de la ley de presupuestos 2023, discutida por el Congreso a finales de 2022.
“En las glosas de la ley de presupuestos del 2023, lo que se hizo fue restringir el principal mecanismo a través del cual los gobiernos regionales suscribieron convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, que era una norma que establecía una excepción para las asignaciones directas a este tipo de instituciones y que las eximía de los requisitos de antigüedad, de experiencia profesional, etcétera, que son propias de los mecanismos concursables”, explicó.
“Lo que hizo la ley de presupuestos del 2023, fue al contrario, acotar significativamente y poner muchos más controles a las asignaciones directas y facilitar las asignaciones concursables y en particular los convenios con instituciones públicas en lugar de instituciones privadas”, explicó el ministro.
Otro de los argumentos de Hacienda es que la mayoría de los convenios que hoy están siendo cuestionados, vienen de años anteriores y no se rigieron con las reglas que quedaron definidas en la ley de presupuestos 2023.
“La mayor parte de lo que también ha sido relevado en la prensa, corresponde a convenios del año 2022, solo hay dos que son del 2023”, dijo la directora de presupuestos, Javiera Martínez.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, instó al expresidente Sebastián Piñera y a anteriores directores de presupuestos “a dar la cara”. “Que le expliquen al país por qué se creó esta famosa glosa 02 que estaba presente en el presupuesto 2020, 2021 y que permitió esta excepcionalidad”.
“¿Qué significa la excepcionalidad? Que los GORES hacen traspasos a instituciones privadas sin fines de lucro sin cumplir con las exigencias que establece la ley. Sin cumplir con la concursabilidad, es decir arbitrariamente, sin tener la antigüedad, porque no existen los años de experiencia, la excepcionalidad le quita ese requisito”, afirmó.
El senador Núñez además aseguró que se ha entregado “una versión parcial, que le entrega al Gobierno de Gabriel Boric una responsabilidad que no es de él, puesto que esta norma fue creada en la ley de presupuestos anterior”.
Durante la última sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Mario Marcel defendió el actuar del Gobierno en la regulación de convenios entre fundaciones y gobiernos regionales y aseguró que el actual Ejecutivo no ha facilitado el camino para la firma de nuevos acuerdos.
De acuerdo a Marcel, el gobierno de Gabriel Boric endureció los criterios para asignar recursos a fundaciones a través de la ley de presupuestos 2023, discutida por el Congreso a finales de 2022.
“En las glosas de la ley de presupuestos del 2023, lo que se hizo fue restringir el principal mecanismo a través del cual los gobiernos regionales suscribieron convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, que era una norma que establecía una excepción para las asignaciones directas a este tipo de instituciones y que las eximía de los requisitos de antigüedad, de experiencia profesional, etcétera, que son propias de los mecanismos concursables”, explicó.
“Lo que hizo la ley de presupuestos del 2023, fue al contrario, acotar significativamente y poner muchos más controles a las asignaciones directas y facilitar las asignaciones concursables y en particular los convenios con instituciones públicas en lugar de instituciones privadas”, explicó el ministro.
Otro de los argumentos de Hacienda es que la mayoría de los convenios que hoy están siendo cuestionados, vienen de años anteriores y no se rigieron con las reglas que quedaron definidas en la ley de presupuestos 2023.
“La mayor parte de lo que también ha sido relevado en la prensa, corresponde a convenios del año 2022, solo hay dos que son del 2023”, dijo la directora de presupuestos, Javiera Martínez.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, instó al expresidente Sebastián Piñera y a anteriores directores de presupuestos “a dar la cara”. “Que le expliquen al país por qué se creó esta famosa glosa 02 que estaba presente en el presupuesto 2020, 2021 y que permitió esta excepcionalidad”.
“¿Qué significa la excepcionalidad? Que los GORES hacen traspasos a instituciones privadas sin fines de lucro sin cumplir con las exigencias que establece la ley. Sin cumplir con la concursabilidad, es decir arbitrariamente, sin tener la antigüedad, porque no existen los años de experiencia, la excepcionalidad le quita ese requisito”, afirmó.
El senador Núñez además aseguró que se ha entregado “una versión parcial, que le entrega al Gobierno de Gabriel Boric una responsabilidad que no es de él, puesto que esta norma fue creada en la ley de presupuestos anterior”.
Durante la última sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Mario Marcel defendió el actuar del Gobierno en la regulación de convenios entre fundaciones y gobiernos regionales y aseguró que el actual Ejecutivo no ha facilitado el camino para la firma de nuevos acuerdos.
De acuerdo a Marcel, el gobierno de Gabriel Boric endureció los criterios para asignar recursos a fundaciones a través de la ley de presupuestos 2023, discutida por el Congreso a finales de 2022.
“En las glosas de la ley de presupuestos del 2023, lo que se hizo fue restringir el principal mecanismo a través del cual los gobiernos regionales suscribieron convenios con instituciones privadas sin fines de lucro, que era una norma que establecía una excepción para las asignaciones directas a este tipo de instituciones y que las eximía de los requisitos de antigüedad, de experiencia profesional, etcétera, que son propias de los mecanismos concursables”, explicó.
“Lo que hizo la ley de presupuestos del 2023, fue al contrario, acotar significativamente y poner muchos más controles a las asignaciones directas y facilitar las asignaciones concursables y en particular los convenios con instituciones públicas en lugar de instituciones privadas”, explicó el ministro.
Otro de los argumentos de Hacienda es que la mayoría de los convenios que hoy están siendo cuestionados, vienen de años anteriores y no se rigieron con las reglas que quedaron definidas en la ley de presupuestos 2023.
“La mayor parte de lo que también ha sido relevado en la prensa, corresponde a convenios del año 2022, solo hay dos que son del 2023”, dijo la directora de presupuestos, Javiera Martínez.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, instó al expresidente Sebastián Piñera y a anteriores directores de presupuestos “a dar la cara”. “Que le expliquen al país por qué se creó esta famosa glosa 02 que estaba presente en el presupuesto 2020, 2021 y que permitió esta excepcionalidad”.
“¿Qué significa la excepcionalidad? Que los GORES hacen traspasos a instituciones privadas sin fines de lucro sin cumplir con las exigencias que establece la ley. Sin cumplir con la concursabilidad, es decir arbitrariamente, sin tener la antigüedad, porque no existen los años de experiencia, la excepcionalidad le quita ese requisito”, afirmó.
El senador Núñez además aseguró que se ha entregado “una versión parcial, que le entrega al Gobierno de Gabriel Boric una responsabilidad que no es de él, puesto que esta norma fue creada en la ley de presupuestos anterior”.
