La jefa de la Dipres es acusada de aprobar la ejecución presupuestaria que involucró un traspaso de $629 millones a la Fundación Pro Cultura. La oposición también señala que flexibilizó los requisitos para que las fundaciones se adjudicaran fondos.
También está citado para esta jornada el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Cabe destacar que las audiencias se enmarcan en una ampliación de querella interpuesta en agosto del 2023 por dos diputados del Partido Republicano.
Los hechos se dan en un momento crítico para el jefe de asesores del Segundo Piso luego de que en entrevista con La Tercera, el ex seremi Carlos Contreras acusara que “efectivamente Crispi le omitió información al Presidente (Boric)”.
El documento dado a conocer por la subsecretaria de esa cartera, Heidi Berner, contiene 11 puntos entre los que se cuenta la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas y la regulación de las transferencias de fondos públicos.
El planteamiento del gremialismo de dejar sin fondos a la Presidencia de la República por la ausencia de Miguel Crispi en la comisión que investiga el Caso Convenios, generó críticas desde las filas que respaldan al Gobierno.
El parlamentario no cuestionó la labor técnica de Javiera Martínez a la cabeza de la Dipres, pero advirtió que el debate por el Presupuesto 2024 se enlodaría de confirmarse que es citada a declarar como imputada por el caso Convenios.
Desde Chile Vamos y Republicanos señalaron que la mantención de la directora de presupuestos va a perjudicar el debate por el presupuesto 2024. El diputado socialista Daniel Manouchehri, consideró que la oposición es “ociosa y mala leche”.
La vocera de La Moneda emplazó a no hacer juicios apresurados sobre el tema ya que se trata de un procedimiento normal. Desde la oposición cuestionaron que se mantenga a la directora de presupuestos en el cargo, una de las llamadas a declarar.
Según consignó El Mercurio, la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor de diversas diligencias solicitadas mediante una ampliación de querella, ingresada en agosto, por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval.
En el marco del caso Convenios, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, aseguró que lo mismo regirá si se detecta que los funcionarios públicos prestaron servicios remunerados o no en la directiva de las fundaciones, previo a dos años.
El titular de Hacienda aseguró que la medida se justifica en el crecimiento de los ingresos estructurales. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, expresó sus reparos frente al bajo presupuesto de salud.
El proyecto de ley busca reforzar la “seguridad en lo social, lo político y lo económico”. Desde la UDI advirtieron que “el Gobierno está al debe” en transparencia, por lo que anunciaron que reforzarán su labor fiscalizadora con un equipo de abogados
