Según informa El Mercurio, además del retorno a Angol, otro de los aspectos destacados del acuerdo es la gradual derivación de los presos a los Centros de Estudio y Trabajo (CET), así como la reinstauración de tres visitas semanales de familiares y allegados, extendidas a seis horas por jornada.Asimismo, se anunció una inversión de $1.200 millones en equipamiento y mejoras en la seguridad del recinto penitenciario. También, el personal a cargo de la custodia recibirá un bono económico.
Una de las preocupaciones abordadas en los diálogos fue la consideración de la huelga de hambre en el reglamento penitenciario, buscando que no sea tipificada como una falta grave.
Rodrigo Curipán, vocero de los comuneros mapuches, confirmó el miércoles que el propósito de la huelga de hambre era establecer un acercamiento con Gendarmería. El dirigente subrayó que la restauración del módulo mapuche es un derecho, no un privilegio.
Aunque el acuerdo fue acogido positivamente por los representantes de los presos, ha recibido críticas por parte de algunas figuras políticas. El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, instó a revelar los términos del acuerdo y la senadora republicana Carmen Gloria Aravena lo calificó como una “pésima señal”.
Por su parte, el delegado presidencial regional de La Araucanía, José Montalva, aseguró que no hay un acuerdo formal con los reclusos y que en el pasado las huelgas de hambre se resolvían mediante acuerdos políticos al margen de la institucionalidad. Montalva destacó que Gendarmería ha tomado decisiones basadas en informes técnicos para administrar el régimen carcelario.
Los 17 reclusos que participaron en la huelga de hambre enfrentarán cargos por secuestro del personal penitenciario, de acuerdo con el anuncio del Ministerio Público en La Araucanía. La formalización se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.