El jefe de asesores de Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, estaba citado -por segunda vez- a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios a las 12:30 horas de este jueves, pero se excusó de asistir por medio de un correo electrónico. Como respuesta, la instancia decidió enviar un oficio a la Contraloría de la República para abrir un proceso sancionatorio.
Cabe destacar que Miguel Crispi está siendo cuestionado por su rol en la Subsecretaria de Desarrollo Regional de Antofagasta, donde autorizó un convenio por casi $630 millones entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura para el programa de recuperación de fachadas.
Ante la negativa a dar cuenta de su rol presencialmente, por seis votos y tres en contra los parlamentarios resolvieron acudir al ente fiscalizador para que se pronuncie ante las inasistencias consecutivas del jefe de asesores del Segundo Piso. En la sesión, desde el oficialismo acusaron que Crispi no tendría obligación de acudir dado que cuenta con un contrato a honorarios, por lo que no tendría la calidad de funcionario del Estado.
En relación a esto último se refirió la diputada Mercedes Bulnes (Indp-FA), quién calificó como “imprudente” que Crispi se haya ausentado, pero afirmó que “hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan a horarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos, de empleados públicos, por lo que la Contraloría tendrá que dilucidar si va a cambiar de jurisprudencia en este caso o no”.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD), quién votó a favor del oficio a la Contraloría, declaró que el jefe de asesores del Segundo Piso tiene “el deber político de dar la cara de aportar antecedentes, de defenderse, de dar explicaciones del caso respecto de si tiene un rol o no en el caso Convenios y cuál es este, porque de lo contrario, cuando hay defensas corporativas, lo que ocurre es que se le termina haciendo un daño al propio Gobierno y quienes lo hacen se están disparando en los pies”.
“El Señor Crispi se ha escondido en La Moneda, no ha dado la cara, ha enviado una carta a través de un correo electrónico, ni siquiera un oficio, dando las explicaciones del caso y aportando antecedentes que son relevantes, pero su obligación era venir y, por lo tanto, será el contralor el que va a determinar cuáles son las sanciones que va a tener por no dar la cara a este poder del Estado”, afirmó Soto.
En tanto, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, señaló que excusas para asistir a la Comisión Investigadora “no habían”, apelando a que Crispi podría asistir por “sumo”.
“Es un tema de voluntad y las excusas que ha puesto el Gobierno con unas interpretaciones bastante convenientes de que la verdad es que él no estaba obligado a venir a dar la cara, la verdad es que termina dando un poco lo mismo. Hay un deber moral primero de que las personas del Gobierno puedan darle explicaciones a los chilenos a través de esta Cámara de Diputados de los traspasos millonarios a las fundaciones“, explicó.
En tanto, el diputado y presidente de la instancia, José Miguel Castro, afirmó que “hemos terminado la sesión de hoy día y nos hemos dado cuenta que el ‘caiga quien caiga’ del Presidente de la República tiene un pero, ‘pero si son amigos míos’, ‘pero si son parte de mi conglomerado’, ‘pero si son parte de mi partido’“.
Para la próxima sesión del día lunes, la Comisión Investigadora espera la asistencia del propio Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para exponer -entre otras cosas- respecto a los casos de las Gobernaciones Regionales.
Imagen de Portada: Agencia ATON
El jefe de asesores de Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, estaba citado -por segunda vez- a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios a las 12:30 horas de este jueves, pero se excusó de asistir por medio de un correo electrónico. Como respuesta, la instancia decidió enviar un oficio a la Contraloría de la República para abrir un proceso sancionatorio.
Cabe destacar que Miguel Crispi está siendo cuestionado por su rol en la Subsecretaria de Desarrollo Regional de Antofagasta, donde autorizó un convenio por casi $630 millones entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura para el programa de recuperación de fachadas.
Ante la negativa a dar cuenta de su rol presencialmente, por seis votos y tres en contra los parlamentarios resolvieron acudir al ente fiscalizador para que se pronuncie ante las inasistencias consecutivas del jefe de asesores del Segundo Piso. En la sesión, desde el oficialismo acusaron que Crispi no tendría obligación de acudir dado que cuenta con un contrato a honorarios, por lo que no tendría la calidad de funcionario del Estado.
En relación a esto último se refirió la diputada Mercedes Bulnes (Indp-FA), quién calificó como “imprudente” que Crispi se haya ausentado, pero afirmó que “hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan a horarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos, de empleados públicos, por lo que la Contraloría tendrá que dilucidar si va a cambiar de jurisprudencia en este caso o no”.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD), quién votó a favor del oficio a la Contraloría, declaró que el jefe de asesores del Segundo Piso tiene “el deber político de dar la cara de aportar antecedentes, de defenderse, de dar explicaciones del caso respecto de si tiene un rol o no en el caso Convenios y cuál es este, porque de lo contrario, cuando hay defensas corporativas, lo que ocurre es que se le termina haciendo un daño al propio Gobierno y quienes lo hacen se están disparando en los pies”.
“El Señor Crispi se ha escondido en La Moneda, no ha dado la cara, ha enviado una carta a través de un correo electrónico, ni siquiera un oficio, dando las explicaciones del caso y aportando antecedentes que son relevantes, pero su obligación era venir y, por lo tanto, será el contralor el que va a determinar cuáles son las sanciones que va a tener por no dar la cara a este poder del Estado”, afirmó Soto.
En tanto, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, señaló que excusas para asistir a la Comisión Investigadora “no habían”, apelando a que Crispi podría asistir por “sumo”.
“Es un tema de voluntad y las excusas que ha puesto el Gobierno con unas interpretaciones bastante convenientes de que la verdad es que él no estaba obligado a venir a dar la cara, la verdad es que termina dando un poco lo mismo. Hay un deber moral primero de que las personas del Gobierno puedan darle explicaciones a los chilenos a través de esta Cámara de Diputados de los traspasos millonarios a las fundaciones“, explicó.
En tanto, el diputado y presidente de la instancia, José Miguel Castro, afirmó que “hemos terminado la sesión de hoy día y nos hemos dado cuenta que el ‘caiga quien caiga’ del Presidente de la República tiene un pero, ‘pero si son amigos míos’, ‘pero si son parte de mi conglomerado’, ‘pero si son parte de mi partido’“.
Para la próxima sesión del día lunes, la Comisión Investigadora espera la asistencia del propio Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para exponer -entre otras cosas- respecto a los casos de las Gobernaciones Regionales.
Imagen de Portada: Agencia ATON
El jefe de asesores de Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, estaba citado -por segunda vez- a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el Caso Convenios a las 12:30 horas de este jueves, pero se excusó de asistir por medio de un correo electrónico. Como respuesta, la instancia decidió enviar un oficio a la Contraloría de la República para abrir un proceso sancionatorio.
Cabe destacar que Miguel Crispi está siendo cuestionado por su rol en la Subsecretaria de Desarrollo Regional de Antofagasta, donde autorizó un convenio por casi $630 millones entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura para el programa de recuperación de fachadas.
Ante la negativa a dar cuenta de su rol presencialmente, por seis votos y tres en contra los parlamentarios resolvieron acudir al ente fiscalizador para que se pronuncie ante las inasistencias consecutivas del jefe de asesores del Segundo Piso. En la sesión, desde el oficialismo acusaron que Crispi no tendría obligación de acudir dado que cuenta con un contrato a honorarios, por lo que no tendría la calidad de funcionario del Estado.
En relación a esto último se refirió la diputada Mercedes Bulnes (Indp-FA), quién calificó como “imprudente” que Crispi se haya ausentado, pero afirmó que “hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan a horarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos, de empleados públicos, por lo que la Contraloría tendrá que dilucidar si va a cambiar de jurisprudencia en este caso o no”.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD), quién votó a favor del oficio a la Contraloría, declaró que el jefe de asesores del Segundo Piso tiene “el deber político de dar la cara de aportar antecedentes, de defenderse, de dar explicaciones del caso respecto de si tiene un rol o no en el caso Convenios y cuál es este, porque de lo contrario, cuando hay defensas corporativas, lo que ocurre es que se le termina haciendo un daño al propio Gobierno y quienes lo hacen se están disparando en los pies”.
“El Señor Crispi se ha escondido en La Moneda, no ha dado la cara, ha enviado una carta a través de un correo electrónico, ni siquiera un oficio, dando las explicaciones del caso y aportando antecedentes que son relevantes, pero su obligación era venir y, por lo tanto, será el contralor el que va a determinar cuáles son las sanciones que va a tener por no dar la cara a este poder del Estado”, afirmó Soto.
En tanto, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, señaló que excusas para asistir a la Comisión Investigadora “no habían”, apelando a que Crispi podría asistir por “sumo”.
“Es un tema de voluntad y las excusas que ha puesto el Gobierno con unas interpretaciones bastante convenientes de que la verdad es que él no estaba obligado a venir a dar la cara, la verdad es que termina dando un poco lo mismo. Hay un deber moral primero de que las personas del Gobierno puedan darle explicaciones a los chilenos a través de esta Cámara de Diputados de los traspasos millonarios a las fundaciones“, explicó.
En tanto, el diputado y presidente de la instancia, José Miguel Castro, afirmó que “hemos terminado la sesión de hoy día y nos hemos dado cuenta que el ‘caiga quien caiga’ del Presidente de la República tiene un pero, ‘pero si son amigos míos’, ‘pero si son parte de mi conglomerado’, ‘pero si son parte de mi partido’“.
Para la próxima sesión del día lunes, la Comisión Investigadora espera la asistencia del propio Contralor de la República, Jorge Bermúdez, para exponer -entre otras cosas- respecto a los casos de las Gobernaciones Regionales.
Imagen de Portada: Agencia ATON
