Familiares y amigos de Nicolás Piña iniciaron una campaña para anular el juicio contra el ingeniero acusado del lanzamiento de una bomba molotov contra un furgón de Carabineros en febrero de 2021 y por el cual fue condenado a 10 años y un día por homicidio frustrado.
El hecho fue ampliamente viralizado en redes sociales ya que al interior del vehículo iban efectivos policiales, lo que agravó aún más el hecho.
Durante esta jornada, un grupo de cercanos llegó hasta el frontis de La Moneda para pedir que se revierta la decisión del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y que fue ratificada por la Corte de Apelaciones capitalina, lo que llevó a que se revirtiera su libertad provisional y fuera enviado a la cárcel para comenzar a cumplir la condena.
Para la madre de Piña, Paola Palomera, “hoy mi hijo es un preso político porque es perseguido por el Estado, poniéndole querella. Aquí es insólito que el Presidente Piñera lo haya encarcelado y luego el Presidente Boric, de un Gobierno que asume y presume que defiende los derechos humanos, y en la cárcel es donde más se violan los derechos humanos de las personas”.
Según se señala en la campaña, “durante el proceso judicial se demostró la ilegalidad del procedimiento de un grupo del OS9 de Carabineros, denominados ‘Intramarchas’, quienes, sin autorización ministerial ni judicial, vistiendo de civiles y actuando violentamente, se infiltraron en las manifestaciones para obtener pruebas hacia futuros procesos judiciales, mediante las detenciones arbitrarias a los manifestantes”.
“Dichas pruebas obtenidas ilegalmente al no haber orden judicial previa tampoco demostraron la participación en los hechos por parte de Nicolás, especialmente en el resultado negativo en la prueba de hidrocarburo en sus manos y vestimentas”, precisaron.
Por otra parte, se establece que “esas imágenes tampoco demuestran una continuidad de los hechos donde se vincula a Nicolás. Es decir, la única prueba que se sostiene son los testimonios de las fuerzas de carabineros, las cuales a la vez presentaron contradicciones e inconsistencias”.
La campaña ya lleva más de 800 adhesiones tanto de Chile como de otras partes del mundo, donde se exige la intervención del Gobierno para revertir el fallo judicial.