La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDDHH) denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, graves “vulneraciones” contenidas en la nueva propuesta constitucional.
Por medio de una carta, la institución alertó que el texto aprobado por el Consejo Constitucional constituye un “grave retroceso” en materia de DDHH y vulnera normas expresas contempladas en distintos tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ha ratificado.
En materia de seguridad social, el organismo advirtió que “el sistema de ahorro individual y capitalización individual con una rentabilidad sustentada en una administración particular con fines de lucro propuesta, donde los riesgos los asume el cotizante, se opone tajantemente bajo el principio de realidad, en los hechos fácticos, a la posibilidad de satisfacer y cumplir con el Principio de Suficiencia e Integridad”.
La ONG planteó además que la nueva Constitución promueve y conserva la “discriminación económica, arbitraria y aleatoria atentatoria a la dignidad humana”, puesto que desampara a segmentos de la sociedad que no pueden trabajar por sí mismos producto de accidentes, discapacidad, vejez y maternidad o paternidad.
Lo anterior contraviene normas contenidas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenio N° 121 de la OIT, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el punto de vista del sistema de salud la misiva planteó que “el proyecto constitucional de 2023, perturba, amenaza y contradice gravemente al mantener un orden público económico excesivamente liberal. Este enfoque establece mayores restricciones y obstáculos para el Estado a la hora de limitar la propiedad privada y la libertad económica, lo que reduce los derechos sociales a meras elecciones y los subordina al funcionamiento del mercado y al afán de lucro de los proveedores de servicios”.
En relación a los derechos reproductivos y sexuales la institución estableció que el texto “pone en grave riesgo los avances legales que las mujeres y sus organizaciones han logrado producto de su lucha de años”.
“El cambio de pronombre propuesto, por “la vida de quien está por nacer”, constituye una grave amenaza pues abre la posibilidad de derogar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, vigente desde 2017 y que se aplica en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto, declarándola inconstitucional”, argumentó.
Por lo demás, la misiva también advirtió de vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, al derecho al agua y al derecho a la participación política.
Con todo, la CCHDDHH señaló que la propuesta, al “retroceder” en avances para la sociedad chilena, incumple con el Principio de Progresividad y no regresividad, contenidos en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El organismo concluyó la carta solicitando al Alto Comisionado que remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su trámite.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDDHH) denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, graves “vulneraciones” contenidas en la nueva propuesta constitucional.
Por medio de una carta, la institución alertó que el texto aprobado por el Consejo Constitucional constituye un “grave retroceso” en materia de DDHH y vulnera normas expresas contempladas en distintos tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ha ratificado.
En materia de seguridad social, el organismo advirtió que “el sistema de ahorro individual y capitalización individual con una rentabilidad sustentada en una administración particular con fines de lucro propuesta, donde los riesgos los asume el cotizante, se opone tajantemente bajo el principio de realidad, en los hechos fácticos, a la posibilidad de satisfacer y cumplir con el Principio de Suficiencia e Integridad”.
La ONG planteó además que la nueva Constitución promueve y conserva la “discriminación económica, arbitraria y aleatoria atentatoria a la dignidad humana”, puesto que desampara a segmentos de la sociedad que no pueden trabajar por sí mismos producto de accidentes, discapacidad, vejez y maternidad o paternidad.
Lo anterior contraviene normas contenidas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenio N° 121 de la OIT, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el punto de vista del sistema de salud la misiva planteó que “el proyecto constitucional de 2023, perturba, amenaza y contradice gravemente al mantener un orden público económico excesivamente liberal. Este enfoque establece mayores restricciones y obstáculos para el Estado a la hora de limitar la propiedad privada y la libertad económica, lo que reduce los derechos sociales a meras elecciones y los subordina al funcionamiento del mercado y al afán de lucro de los proveedores de servicios”.
En relación a los derechos reproductivos y sexuales la institución estableció que el texto “pone en grave riesgo los avances legales que las mujeres y sus organizaciones han logrado producto de su lucha de años”.
“El cambio de pronombre propuesto, por “la vida de quien está por nacer”, constituye una grave amenaza pues abre la posibilidad de derogar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, vigente desde 2017 y que se aplica en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto, declarándola inconstitucional”, argumentó.
Por lo demás, la misiva también advirtió de vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, al derecho al agua y al derecho a la participación política.
Con todo, la CCHDDHH señaló que la propuesta, al “retroceder” en avances para la sociedad chilena, incumple con el Principio de Progresividad y no regresividad, contenidos en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El organismo concluyó la carta solicitando al Alto Comisionado que remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su trámite.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDDHH) denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, graves “vulneraciones” contenidas en la nueva propuesta constitucional.
Por medio de una carta, la institución alertó que el texto aprobado por el Consejo Constitucional constituye un “grave retroceso” en materia de DDHH y vulnera normas expresas contempladas en distintos tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito y ha ratificado.
En materia de seguridad social, el organismo advirtió que “el sistema de ahorro individual y capitalización individual con una rentabilidad sustentada en una administración particular con fines de lucro propuesta, donde los riesgos los asume el cotizante, se opone tajantemente bajo el principio de realidad, en los hechos fácticos, a la posibilidad de satisfacer y cumplir con el Principio de Suficiencia e Integridad”.
La ONG planteó además que la nueva Constitución promueve y conserva la “discriminación económica, arbitraria y aleatoria atentatoria a la dignidad humana”, puesto que desampara a segmentos de la sociedad que no pueden trabajar por sí mismos producto de accidentes, discapacidad, vejez y maternidad o paternidad.
Lo anterior contraviene normas contenidas en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convenio N° 121 de la OIT, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el punto de vista del sistema de salud la misiva planteó que “el proyecto constitucional de 2023, perturba, amenaza y contradice gravemente al mantener un orden público económico excesivamente liberal. Este enfoque establece mayores restricciones y obstáculos para el Estado a la hora de limitar la propiedad privada y la libertad económica, lo que reduce los derechos sociales a meras elecciones y los subordina al funcionamiento del mercado y al afán de lucro de los proveedores de servicios”.
En relación a los derechos reproductivos y sexuales la institución estableció que el texto “pone en grave riesgo los avances legales que las mujeres y sus organizaciones han logrado producto de su lucha de años”.
“El cambio de pronombre propuesto, por “la vida de quien está por nacer”, constituye una grave amenaza pues abre la posibilidad de derogar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, vigente desde 2017 y que se aplica en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto, declarándola inconstitucional”, argumentó.
Por lo demás, la misiva también advirtió de vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, al derecho al agua y al derecho a la participación política.
Con todo, la CCHDDHH señaló que la propuesta, al “retroceder” en avances para la sociedad chilena, incumple con el Principio de Progresividad y no regresividad, contenidos en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El organismo concluyó la carta solicitando al Alto Comisionado que remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para su trámite.
