Durante dos semanas de noviembre la comisión de derechos humanos del grupo italiano Libera, red de asociaciones, cooperativas y organizaciones sociales en articulación por la justicia social a nivel mundial, estuvo de visita en Chile bajo las premisas de memoria y derechos humanos, y el buen vivir.
El recorrido de la agrupación pasó por Santiago, Valparaíso y Concepción. Así, en la Región del Biobío visitaron a los presos mapuche en huelga de hambre pertenecientes a la CAM; entre ellos, el hijo del vocero de la agrupación autonomista, Ernesto Llaitul, quien fue condenado a 15 años y 4 meses.
Condición política en la causa mapuche
Mónica Usai, integrante de Libera y parte de la comitiva que ingresó hasta la cárcel en la Región del Biobío declaró que “no es posible que reciban un juicio como presos comunes”, ya que es evidente el carácter político que existe en esta causa y es vital que se pueda acceder a un juicio acorde a un Estado democrático, realizando un debido proceso.
A esto, Usai suma las condiciones en la que se encuentran dentro de la cárcel y la dificultad que existe para acceder a ellos. “Pienso que no es normal que no puedes tener un acceso directo, (que) los periodistas no pueden entrar tranquilamente, (u) otros observadores de derechos humanos que ojalá pudieran entrar normalmente”, criticó.
Si bien, aún falta conocer el análisis de este diagnóstico, la activista sostuvo que “ahora hay elementos para decir que la situación no es buena en Chile” y que esto tendrá repercusiones a nivel internacional dado que existe, para muchos, “otra imagen de Chile”.
El trato de Gendarmería
Uno de los integrantes de Red ALAS en Chile, Johannes, quien solicitó mantener en reserva su agrupación y sólo dar su nombre de pila debido a las represalias que ha vivido por apoyar a causas de derechos humanos, se refirió a las dificultades para ver a los encarcelados.
Durante el encuentro con Libera, Johannes recalcó lo engorroso y denigrante que es el proceso de acceso a la cárcel, “las trabas y barreras que pone Gendarmería de Chile para el ingreso de familiares para ver a los reos es enorme”.
El activista indicó que en cada etapa de visita a un reo hay hostigamiento de Gendarmería y que existe la necesidad de ostentar el control que tienen. “La forma con que botan toda la comida o botan todos los envoltorios de las comidas, lo hacen con una alevosía tal de denostar, de mancillar así la situación y denigrar a los familiares”, subrayó.
Además, Johannes apuntó que en el caso de los presos de la CAM que se encuentran en el Biobío, no existen pruebas contundentes para su aprisionamiento y es necesario un debido proceso por parte de cada uno de los organismos del Estado.
El defensor de DDHH indicó que es un deber del Estado democrático mayor transparencia frente a estas causas. “Deberíamos invitar a las organizaciones de derechos humanos, periodistas y organizaciones internacionales a visitar las cárceles, que uno pueda tener acceso, a hacer registros audiovisuales para ver el estado de salud”, dijo.
Sin embargo, el integrante de Red ALAS destacó que para eso “estamos a años luz” y que en Chile no hay garantías mínimas.
Pablo Marchant: por un debido proceso
Otro de los encuentros que relevaron desde Libera fue la visita a la familia de Pablo Marchant, particularmente con su madre y hermana, Miryam Gutiérrez y Camila Marchant, respectivamente.
El weichafe parte de la Coordinadora Arauco Malleco, asesinado en el marco de un boicot a la forestal Mininco el año 2020, logró tener un segundo informe pericial gracias al esfuerzo particular de su familia. En este, se desmiente la versión de Carabineros y se indica que Pablo Marchant fue ejecutado con cañón de escopeta apoyado en la cabeza.
Este caso ha consternado a la comisión en visita, debido a que el Ministerio Público no ha formulado ningún cargo contra quienes apuntó como responsables de la muerte de Marchant, como es el cabo primero Hugo Huenchuvil y el sargento segundo Eduardo Mora. Esto, reflejaría el grado de protección que existe en Chile hacia los agentes del Estado, en contraste a la ciudadanía.
Johannes agregó que Chile no está realizando las “diligencias necesarias, ni brindando los resguardos para esclarecer la verdad de los hechos, eso a cualquier observatorio de derechos humanos, nacional o internacional, le llama y le va a llamar la atención”.
Por último, existiría una gran falta desde el Estado con respecto al pueblo mapuche, entendiendo que existen sus propios ritos fúnebres, lo que en caso de Pablo Marchant no se estaría resguardando. “Si es necesario exhumar un cuerpo se tiene que dar la garantía de que ese cuerpo vuelva al cementerio mapuche del cual es exhumado, son pequeños gestos que requiere la familia”, indicó.
La comitiva declaró que expondrán su diagnóstico prontamente y es fundamental que su propuesta tenga una alternativa concreta frente a estos casos de injusticia.