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Año XVI, 16 de abril de 2024


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Ya es ley: Presidente Boric promulga proyecto de conciliación de vida personal, familiar y laboral

Más de 1 millón de trabajadores tendrán derecho a usar de manera preferente su feriado durante vacaciones escolares y más de 363 mil podrán acordar modalidades de trabajo híbridas. La ley se remite a privados, pero es discutida en el sector público.

Bárbara Paillal

  Viernes 22 de diciembre 2023 11:56 hrs. 
Presidente promulga Ley de Conciliacion de Vida Personal, Familiar y Laboral

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El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó este viernes la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral que establece el derecho parcial o total del trabajo a distancia o teletrabajo.

La legislación, impulsada por el Ejecutivo, irá en beneficio de las y los trabajadores que tengan el cuidado personal de manera no remunerada de un niño o niña menor de 14 años, de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida.

Además, se establece que durante el periodo de vacaciones definidas por el Ministerio de Educación, se conceda de manera preferente el uso del feriado legal para aquellos trabajadores al cuidado de un menor de 18 años.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que “hoy día lo que estamos logrando es que más de 1 millón 858 mil personas van a tener derecho a usar de manera preferente su feriado legal durante las vacaciones escolares, más de 363 mil las y los trabajadores que van a poder acordar con sus empleadores modalidad de trabajo híbridas”.

“En la pandemia aprendimos que hay muchas labores que pueden hacerse de manera remota y si es posible buscar cómo conciliar la vida personal, familiar y laboral tenemos que hacer esos esfuerzos, y esta ley apunta justamente en esa dirección”, sostuvo el Presidente Boric.

En tanto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, junto con valorar que la iniciativa se originó de un acuerdo, “lo cual quiere decir que cuando logramos dejar la pelea, la cosa más pequeña y tomar una decisión de conjunto, hacemos cosas buenas. Lo principal creo es las posibilidades que se abren para muchas mujeres que han querido trabajar, tener un ingreso, para poder decidir que hacer, comprarse alguna cosita, tener algo de autonomía en sus decisiones”.

Bajo esas consideraciones, el objeto de la iniciativa busca superar brechas de género y promover el trabajo decente. Según la última Encuesta Nacional de Empleo, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral alcanza el 51,5 por ciento, mientras que en los hombres ascienden al 70,7 por ciento.

En detalle, mientras el 3,4 por ciento de los hombres inactivos está fuera de la fuerza laboral por responsabilidades familiares permanentes, en las mujeres la cifra se sitúa en el 32,5%. Por lo tanto, una de cada tres mujeres no forma parte de la fuerza de trabajo porque ejerce responsabilidades de cuidado.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, declaró que la ley es importante “no solo por las beneficiarias directas, que sabemos que en su mayoría van a ser mujeres, por cómo se distribuye hoy en día las labores de cuidado, sino porque permite que los hombres también tengan esa posibilidad y que, por lo tanto, empecemos a distribuir también el nivel legal esa carga porque evidentemente la cultura no la cambiamos por ley”.

La iniciativa se enmarca en la creación de una mesa técnica con diálogos tripartitos que se estableció en septiembre del año pasado por el Mintrab. La instancia contó con la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y participaron actores de la sociedad civil, académicos, representantes del sector privado y público.

Entre ellos, más de 160 organizaciones entre empleadores y gremios empresariales, CPC-SOFOFA, y sindicatos como la CUT. Junto a organizaciones de mujeres cuidadoras como “Yo quiero estar”, Fundación Ronda, Maternidad Vida y Mujer, Colectiva Resistencia Materna, Gestoras en Red.

Cabe destacar que el proyecto se remite a privados, pero se encuentra siendo discutido también en una mesa del sector público. La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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